VALÈNCIA. Más de la mitad de los 647 millones de euros que la Comunitat Valenciana ha recibido este año para dar ayudas directas a empresas y autónomos afectados por la pandemia se han quedado sin conceder. La Conselleria de Hacienda publicó este viernes las ayudas resueltas en la tercera convocatoria del Plan Resistir Plus y, junto a las dos anteriores, en total se han concedido 311,9 millones de euros a 16.248 empresas y autónomos, lo que sitúa la ejecución final en el 48%.
A pesar del "esfuerzo" que según destaca el conseller de Hacienda se ha hecho para que el mayor número posible de empresarios pudiesen beneficiarse, los requisitos impuestos por el Ministerio de Hacienda y el de Economía han provocado que la ejecución sea baja en prácticamente todas las CCAA.
En este sentido, cabe recordar que en la primera convocatoria se excluyó de las ayudas a las empresas que estuvieran al corriente de todos sus pagos, además de tener que justificar caídas de facturación por encima del 30% directamente atribuidas a la pandemia. Este requisito, el del descenso de las ventas, ha obligado a desestimar muchas de las solicitudes presentadas en la Comunitat Valenciana.
Entre mayo y diciembre, la Conselleria de Hacienda ha sacado tres convocatorias. En la primera, las ayudas se dirigieron a los sectores más afectados, pero sucesivamente se han ido relajando las exigencias para incluir a empresas de cualquier sector y ampliar así el número de posibles beneficiarios. Sin embargo, a falta de resolver los posibles recursos, finalmente se han quedado sin repartir 335 millones que la Comunitat Valenciana tendrá que devolver porque el Gobierno central fijó obliga a reembolsar el remanente no concedido al término de 2022.
El dinero procede del fondo anunciado en febrero por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que a la Comunitat Valenciana le correspondieron 647 millones. En total se repartieron 7.000 millones entre las CCAA, pero 2.000 de ellos se reservaron exclusivamente para Canarias y Baleares con condiciones más flexibles, lo que les ha permitido una mayor ejecución.
Por ejemplo, mientras para el conjunto de las CCAA se impuso como requisito que la ayuda máxima a conceder era de 200.000 euros por empresa, a las empresas insulares no se les ha impuesto ese límite. Además, en su caso se ha cubierto el 100% de la merma de facturación sufrida, siempre que esta fuera superior al 30%, mientras que al resto de empresas se se les ha cubierto hasta el 40% de la facturación no realizada por encima de ese 30%.
Desde que Pedro Sánchez anunció el plan en febrero, pasaron tres meses hasta que las ayudas fueron convocadas por primera vez. En las dos primeras convocatorias, la Conselleria de Hacienda resolvió expedientes por valor de 220 millones de euros y alcanzó a 11.000 empresas. En diciembre lanzó una tercera convocatoria para repartir el máximo posible del dinero aún pendiente antes de que acabase el año y, para ello, relajó todavía más las exigencias. El periodo de deuda subvencionable se amplió hasta el 30 de septiembre y la ayuda se podía utilizar para cubrir todos los costes fijos incurridos, incluso cuando no fueran determinantes de pérdidas contables.
También se eliminó la obligación de haber terminado el ejercicio previo a la pandemia con beneficios, ya que en la primera convocatoria el Gobierno impuso que las ayudas no podían concederse a empresas que ya hubieran tenido pérdidas en 2019. Aún así para el departamento que dirige Vicent Soler no ha sido posible conceder ni siquiera al 50% del dinero disponible.
Pero la baja ejecución no ha sido un problema atribuible solo a la Comunitat Valenciana, ya que prácticamente ninguna comunidad ha conseguido asignar el dinero que tenía con los plazos y los requisitos impuestos por el Gobierno. La mayoría de ellas atribuyen la escasa demanda a la complejidad de los trámites, tanto de acceso como de verificación de las mimas por parte de las distintas consejerías de Hacienda.
De hecho, el Ejecutivo central dejó en un primer momento fuera de estas ayudas a todas las empresas y autónomos que no tuvieran impagos ni deudas subvencionables de al menos 4.000 euros y diseñó un complejo sistema de intercambio de datos con la Agencia Tributaria que ha convertido su tramitación en inasumible para muchas regiones. De hecho, la Conselleria de Hacienda tuvo que recurrir a Tragsa para conseguir apoyo técnico en la resolución de las solicitudes.