En pleno proceso de tramitación de las cinco leyes de la infamia del PP y Vox, entre ellas, la del blanqueamiento del franquismo, el ataque al valenciano o la eliminación de controles frente a la corrupción, ha llegado el momento de hacer una reflexión. ¿Qué persiguen los partidos políticos que sustentan al Consell con la intensa agenda legislativa en su primer año de gobierno?
Bajo mi punto de vista, buscan lo mismo que todos los equipos de gobierno que se estrenan en labores ejecutivas: marcar su impronta, el devenir de la legislatura y los grandes objetivos en los primeros meses del mandato.
¿Y este era el cambio? Mazón nos instaba el año pasado por estas fechas en sus vallas electorales a sonreír al conjunto de la ciudadanía porque venían ellos. Venían los mismos de siempre a hacer las mismas cosas de siempre.
Las mismas cosas de siempre, pero con la lección bien aprendida. Los hijos políticos de Eduardo Zaplana son los altos cargos del actual Consell y vienen, como digo, con la lección bien aprendida porque repiten los pecados de juventud que asolaron la Comunitat Valenciana en los peores años de corrupción y despilfarro.
El president de la Generalitat, en su afán por inaugurar la historia, se empeña en repetir la manida frase que su gabinete le pone habitualmente en los discursos. Cuando el jefe del Consell visita un Casal Fester, dice en su discurso: “La Comunitat Valenciana será festiva o no será”. Lo mismo, cuando representa a la Comunitat en una feria turística, el mismo discurso tipo con la frase que pretende abrir todos los informativos y copar todas las portadas de los diarios: “La Comunitat Valenciana será turística o no será”.
Pues bien, señor Mazón, desde el Partido Socialista le decimos alto y claro: “La Comunitat Valenciana será transparente o no será”. Asúmalo, señor President, sobre todo como un consejo de buena fe. Porque no es plato de buen gusto ver a un Molt Honorable en el banquillo de los acusados por presuntas mordidas de 19 millones de euros en la privatización de las ITV.
La ciudadanía exige cada vez en mayor medida transparencia, honestidad y que los gobernantes públicos actúen con responsabilidad. Las normas aprobadas en los últimos años basadas en gobierno abierto y ética pública han ido por ese camino. Los dos gobiernos del Botànic del president Ximo Puig marcaron esa línea: transparencia, gobierno abierto, ética y responsabilidad pública.
La legislatura iniciada con el hito del “Pacto de la Servilleta” firmado por seis señores de la derecha valenciana está mostrando la verdadera cara oculta en los primeros meses de mandato. Mazón está muy cómodo con Vox en su Gobierno. El president le ríe las gracias a la ultraderecha y le consiente sus desmanes en las conselleries donde está instalada. Todo, a cambio de la verdadera agenda, la agenda de la opacidad, el oscurantismo y la vuelta a los peores capítulos de la Comunitat Valenciana.
La proposición de ley presentada por los grupos de la derecha, no solo se hace por la puerta de atrás, con una técnica legislativa de dudosa oportunidad, tal como han advertido también los expertos que han pasado por la comisión parlamentaria en el proceso de participación ciudadana de esta norma. Lo más preocupante es el fondo, es el hecho de volver al oscurantismo y a la retirada de los controles, tanto parlamentarios como ciudadanos, para que el ejecutivo valenciano no sienta presión ni fiscalización de sus asuntos.
Esta ley anti-transparencia es un paso más hacia la opacidad por varias razones, aunque existen precedentes en el entorno Mazón en el inicio de esta legislatura con la eliminación de la Conselleria de Transparencia, la desacreditación permanente de la Agencia Valenciana Antifraude y la eliminación de la Oficina de Recuperación de Activos desviados por la corrupción. Es un paso más hacia la opacidad porque la derecha pretende que los altos cargos del Consell oculten sus agendas y que éstas no sean visibles. Es un acto de derecho, porque de hecho las agendas públicas ya están derogadas de facto de la web de Transparencia.
La ley oscurantista de Mazón pretende el asalto del Consell Valencià de Transparencia, al cambiar la mayoría reforzada que exige la actual norma de 3/5 partes del Parlamento valenciano para la elección de sus miembros. Cambiar el sistema de mayorías, para que sean los grupos de la derecha los únicos “cualificados” para elegir los miembros de este consejo, significa volver al sistema de control y al dedo del actual inquilino del Palau de la Generalitat para escoger a estos miembros.
Con esta modificación legal, los partidos políticos de la derecha valenciana pretenden captar el talento de la empresa privada en su viaje hacia la gestión del sector público. Es habitual escuchar quejas desde la derecha sobre que el viaje a la política está mal remunerado si eres un profesional liberal o un empresario, y que los sueldos del sector público no están equiparados a los de la empresa privada. Con esta norma, Mazón brinda la oportunidad a los altos cargos del Consell a permanecer en el ejercicio del cargo público al mismo tiempo que compatibilizan sus intereses con los consejos de administración del sector privado… un traje a medida. Enhorabuena a Vicente Barrera, Marciano Gómez, José Antonio Rovira y a tantos otros altos cargos.
Los socialistas vamos a emplear todos los mecanismos democráticos a nuestro alcance (descartamos el acoso a las sedes de los partidos políticos de la derecha) para que Mazón y sus socios no se salgan con la suya. Lo haremos por activa y por pasiva y, sobre todo, construyendo la verdadera alternativa al Consell más regresivo de la historia del autogobierno valenciano.
Porque recuerde, señor Mazón: la Comunitat Valenciana será transparente o no será.
Ramón Abad es diputado del grupo parlamentario PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas por Alicante