Foto: ROBER SOLSONA/EPVALÈNCIA (EFE). La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha anunciado “un plan de choque para abonar a las entidades de servicios sociales las deudas heredadas y garantizar la calidad de los servicios y la atención a las personas más vulnerables”.
En un comunicado, Camarero ha señalado que el Consell es consciente de la necesidad de “abordar la mejora salarial del personal sociosanitario” y ha avanzado que este encuentro marca el inicio de un nuevo camino que “debemos y queremos realizar juntos”.
Tras la reunión, la vicepresidenta segunda ha resaltado que, "frente al anterior gobierno que prometía aumentos salariales mientras dejaba a los trabajadores sin sueldo al no pagar a sus entidades", para este Consell “la prioridad es pagar las deudas heredadas porque es la única manera de garantizar unos servicios públicos de calidad”.
En su intervención ha indicado que el principal problema al que se enfrenta su departamento, además de las deudas, son “las facturas en los cajones y unas listas de espera inmensas”, de ahí la puesta en marcha de un plan de choque que garantice que las personas más vulnerables “reciban un servicio de calidad y que los trabajadores y trabajadoras puedan cobrar”.
A este respecto, ha explicado que hay entidades que llevaban sin cobrar desde 2018, con contratos sin actualizar, y, en eso, se está trabajando también, “comenzando por solucionar las licitaciones que estaban sin regularizar desde hace años”.
“La atención a las personas y la calidad de los servicios está vinculada a los salarios de los trabajadores, pero, además, a los gastos generales de las entidades”. Por eso, Camarero se ha comprometido a, en paralelo, estudiar “una mejora salarial”.
Asimismo, ha explicado que se está trabajando en la actualización para el próximo año del módulo para incrementar el precio por plaza y que redunde en la mejora de las condiciones de la prestación del servicio.
Por último, se ha referido a los Presupuestos de 2024 como “rigurosos, serios y reales que mantienen el gasto social e incrementan las partidas destinadas a las personas más vulnerables”.
Las modificaciones respondían a la necesidad de mejoras en Colón 80 como centro de valoración de discapacidad antes del cambio de planes de Vicepresidencia
