VALÈNCIA. (EFE) El abogado del empresario castellonense y hermano del president de la Generalitat Francis Puig ha asegurado que en ningún caso las cantidades que supuestamente se adjudicaron de forma irregular a las empresas de su defendido superan los 120.000 euros, por lo que descarta el fraude de subvenciones y se centra en aportar documentación para rebatir la posible acusación de falsedad.
Francis Puig ha declarado este lunes como investigado y durante cuatro horas ante el Juzgado de Instrucción número 4 de València en el marco de una causa abierta, tras una denuncia del PP, por un supuesto fraude de subvenciones concedidas por la Generalitat Valenciana, el Gobierno de Aragón y la Generalitat de Cataluña.
A la salida del juzgado, el hermano del president Ximo Puig ha evitado hacer declaraciones a los periodistas y se ha mantenido al margen, tomando fotografías y vídeos a los periodistas, mientras su letrado, Javier Falomir, daba explicaciones a la prensa.
A juicio de Falomir, este proceso es "desafortunado" porque "lo primero que se debería haber aclarado es lo básico", es decir, si se han concedido subvenciones supuestamente fraudulentas por más de 120.000 euros.
"Yo creo que no, y que a raíz del informe de la Guardia Civil en estos momentos ya nos centramos en un posible fraude de subvenciones, sino en falsedad con alguna factura. Porque la Guardia Civil induce a error en su informe al indicar que para superar los 120.000 euros hay que sumar los importes concedidos, pero no es eso, sino los importes que supuestamente se haya concedido de forma irregular, y si sumamos las cantidades a las que la Guardia Civil pone objeciones no se llega a esa cantidad en ningún caso", según el abogado.
En su declaración, Francis Puig ha respondido a las preguntas de la fiscal y de su letrado, pero no al del PP, que ejerce la acusación popular.
"La fiscal ha preguntado sobre todo, tomando como guion el informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil; quiere que le justifiquemos documentalmente los pagos y prestaciones de servicios cobrados o pagados, y es lo que vamos a hacer a continuación, aportar absolutamente todo. La verdad es que estamos contentos", ha señalado Falomir.
En opinión de este abogado, la Guardia Civil parte en su informe de cuestiones que "podría haber hecho mejor, en el sentido de haber comprobado los domicilios fiscales vía Hacienda, o pedir certificados y altas registrales de los domicilios".
Sobre "las famosas ayudas de Avalem, aunque no concluye que haya problema con ellas, deja caer una serie de perlas en el informe que se las podría haber ahorrado", ha lamentado.
Este letrado ha admitido que "en algunos casos no se acreditan ciertos pagos", pero ha atribuido este hecho a "compensaciones" entre firmas que eran suministradores y clientes al mismo tiempo de las empresas de Francis Puig.
Preguntado por la supuesta existencia de facturas duplicadas en solicitudes de subvenciones solicitadas a la Generalitat Valenciana y Catalana, este letrado ha criticado de nuevo a la Guardia Civil por "no entender cómo funciona el sistema de las subvenciones".
"Es verdad que se han aportado las mismas facturas en ambas administraciones, pero eso no significa que se impute la totalidad del gasto. Cada administración decide la parte que subvenciona, sin aclarar qué gastos son los sufragados", ha añadido.
Además, ha indicado que "en Cataluña las bases de las subvenciones no exigen indicar qué subvención se ha recibido con anterioridad en la Comunitat Valenciana", y ha subrayado que "todos los controles hasta ahora han sido favorables y jamás se ha tenido que reintegrar nada".
La defensa de Francis Puig se ha comprometido a aportar documentación para sustentar sus argumentaciones y ha anunciado que pedirá la comparecencia como testigo del jefe de servicio responsable de tramitar las referidas subvenciones; posteriormente, pedirá el libre sobreseimiento de la causa.
Las irregularidades detectadas por la Guardia Civil incluyen la existencia de facturas cruzadas que han podido ser utilizadas para la obtención de las subvenciones en mayor cuantía de lo que correspondería, lo cual podría ser constitutivo de un delito de falsedad en documento mercantil.
También se ha constatado por la Guardia Civil la existencia de facturas cuyo contenido se cuestiona si puede ser considerado gasto subvencionable o suficientemente justificado (es el caso de repostajes o gastos de teléfono o gestoría).
La fiscal cree que la omisión del hecho de haber recibido otras subvenciones, especialmente en el caso de las recibidas desde Cataluña, es susceptible de enmarcarse en el delito de fraude de subvenciones.
En consecuencia, la Fiscalía Anticorrupción pidió recientemente a los servicios de Intervención de ambas comunidades autónomas que realizaran sendos informes-auditoría sobre las subvenciones percibidas por cada una de estas sociedades entre 2015 y 2018, teniendo en cuenta la documentación justificativa presentada en ambas autonomías.
En este sentido, será esencial conocer si esas subvenciones superaron los 120.000 euros, puesto que en ese caso estos hechos podrían enmarcarse en un delito de subvenciones, castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe, salvo que lleve a cabo el reintegro antes de que se haya iniciado una investigación.