Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA (EP). Juan Carlos Navarro, abogado defensor del exgerente de Imelsa y autodenominado "yonki del dinero", Marcos Benavent, ha solicitado la nulidad de las grabaciones realizadas por su cliente y que dieron origen a la macrocausa judicial Imelsa, cuyo primer juicio ha empezado este lunes en los juzgados de Valencia.
En su primera intervención, tras abrirse el turno para las cuestiones previas, Navarro ha solicitado incorporar a la causa determinadas actas notariales que probarían que su defendido no es propietario de una de las firmas a través de la que se distrajeron fondos públicos (Berceo Mantenimientos).
"Soy consciente de la poca credibilidad de mi cliente, que un día dice una cosa y otro otra, pero aquí hay datos objetivos que confirman que Benavent no es socio de Berceo", ha explicado Navarro.
Instantes antes el fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, había solicitado, también como cuestión previa, la intervención del suegro de Marcos Benavent, Mariano López, pues fue él quien las entregó a la Fiscalía.
Es previsible que el resto de defensas se adhieran a esta petición del abogado de Benavent, puesto que las grabaciones son eje principal de esta y otras piezas que forman parte del mismo caso.
La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia juzga a partir de este lunes al autodenominado "yonki del dinero", Marcos Benavent, y otros ocho procesados en la primera de las piezas separadas de la macrocausa Imelsa que llega a juicio.
Constan como posibles responsables civiles subsidiarias cinco empresas y el PP.
Además de Benavent, exgerente de la empresa pública que da nombre a la causa, se sentará en el banquillo otro antiguo cargo del PP valenciano, como es el exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Moncada con el PP Juan José Medina.
Los procesados son, además de los ya citados, Rafael García Barat, administrador de la empresa Thematica Events, utilizada para el desvío de fondos; dos jefas de sección del Ayuntamiento de València; el ex director financiero de Imelsa y tres empresarios.
Los delitos por los que podrían ser condenados son prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y en oficial realizado por funcionarios, fraude en la contratación y blanqueo de capitales.
La Fiscalía reclama una condena de 8 años y 3 meses de prisión para Benavent, 5 para Medina y 7 para Rafael García como principales responsables.
En la primera sesión está prevista la presentación de cuestiones previas y las declaraciones de tres acusados, entre ellos la de Benavent.
El resto de declaraciones de acusados se ha previsto para los días 4, 5 y 10 de mayo, y las de los testigos los días 12, 17, 18, 19, 26, 30, 31 de mayo y 6 de junio.
