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casi 75.000 valencianos no tienen cajero en su municipio

La exclusión bancaria en la Comunitat: el 54% de los municipios de Castellón carece de sucursal

30/09/2024 - 

VALÈNCIA. La Comunitat Valenciana cerró 2023 con mayor número de oficinas bancarias que el año anterior. Fue el primer ejercicio en positivo desde la crisis de 2008, que trajo consigo una contracción del mercado financiero apoyada también en la digitalización, así como en las diferentes fusiones y absorciones de entidades. 

En concreto, se contabilizaron 1.707 sucursales, 53 más que a finales de 2022, lo que supone un alza del 3,2%. Una cifra en positivo que, no obstante, sigue quedando muy lejos de las 5.061 que había en la Comunitat Valenciana hace tres lustros. Aproximadamente dos de cada tres sucursales han bajado la persiana desde entonces, lo que ha supuesto la exclusión bancaria de miles de valencianos y decenas de municipios. 

Operaciones tan cotidianas como sacar dinero del cajero, consultar los últimos movimientos de la cuenta corriente o resolver dudas financieras con un agente bancario se complican en más de 100 municipios de la Comunitat Valenciana. Son aquellos que siguen sin tener ni sucursal bancaria ni cajero automático y entre los cuales suman cerca de 75.000 habitantes. Una cifra basada en datos del Censo de 2022 y en la que no se tienen en cuenta herramientas alternativas para el acceso a la banca como las oficinas móviles, entre otras.

Así lo revela la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral del 2023 elaborada por el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (CES-CV) y que recopila datos proporcionados por el Ivie, el DOGV y el Banco de España clasificados en función de si la localidad se encuentra o no en riesgo de despoblación. Se trata de una situación que, no obstante, ha mejorado en los últimos años fruto de la instalación de 141 cajeros en municipios y pedanías valencianas, así como de otras medidas como las oficinas móviles o la posibilidad de realizar transacciones en una oficina de correos. 

A pesar de estas mejoras en los últimos años, 224 localidades valencianas (el 41%) carecen de oficina bancaria, mientras que 110 de ellas tampoco tienen un cajero con el que realizar operaciones básicas o sacar dinero en efectivo. Solamente en las comarcas de València y Baix Vinalopó, todos sus municipios cuentan con una oficina. Las 224 localidades mencionadas se dividen de la siguiente manera por provincias: 61 en Alicante, 73 en Castellón y 90 en Valencia. Dicho en otras palabras, el 43% de los municipios alicantinos, el 54% de los castellonenses y el 34% de los valencianos carecen de sucursal bancaria.

Municipios y comarcas

El hecho de no tener oficina o contar con simplemente un cajero afecta sobre todo a municipios y comarcas del interior de la Comunitat Valenciana, y más en concreto a pequeños núcleos de población: ninguna de las localidades afectadas alcanza los 4.000 habitantes y sólo dos de ellas superan los 3.000, según cifras del padrón municipal de 2022. De hecho, en esta lista se encuentran un total de 23 municipios con menos de 100 habitantes, 166 con entre 100 y 1.000 habitantes, y 41 con más de 1.000. 

A ello cabe sumar que casi el 60% de estos municipios están en riesgo de despoblación, según la clasificación elaborada por el CES-CV en su Memoria. Dicho en otras palabras, 3 de cada 4 localidades en riesgo de despoblación carece de una sucursal bancaria, si bien se trata de una situación que ha mejorado respecto al año anterior, cuando el porcentaje de este tipo de municipios sin oficina era del 87%. 

Por comarcas destacan el Rincón de Ademuz, el Camp de Morvedre o el Valle de Cofrentes-Ayora en la provincia de Valencia; en Castellón, comarcas de la zona interior y norte, tales como Alto Mijares, Alto Palancia o Els Ports; mientras que en Alicante El Comtat y zonas de la Marina Alta y la Marina Baixa son las que tienen un mayor volumen de municipios en el listado. 

En este sentido, en la comarca del Rincón de Ademuz, únicamente su capital (Ademuz) tiene oficina bancaria. De los 6 municipios restantes, 2 tienen cajero y el resto carecen tanto de oficina como de cajero automático. En el caso de El Comtat, apenas 4 de sus 24 municipios cuentan con una sucursal, aunque en materia poblacional las 20 localidades afectadas apenas suman el 21% de los habitantes de la comarca. 

Por su parte, en el del Alto Mijares (Castellón), más de 2.500 personas de 15 municipios cuentan únicamente con cajero automático, en otras 5 localidades carecen tanto de oficina como de cajero, mientras que los otros dos restantes cuentan con sucursal bancaria. Entre estos últimos, se encuentra Montanejos, zona con una clara vertiente turística, con un mayor número de plazas dedicadas a esta actividad económica que habitantes. 

Medidas frente a la exclusión bancaria

Tal y como se mencionaba anteriormente, frente al recorte de sucursales bancarias se han implementado diferentes acciones con el objetivo de paliar la exclusión bancaria en las poblaciones damnificadas. Una de ellas ha sido la instalación de cajeros automáticos, especialmente en zonas rurales en riesgo de despoblación. La Generalitat adjudicó su instalación a CaixaBank, que empezó en diciembre de 2021 con este proceso, que ha consistido en que 141 municipios y pedanías valencianas ahora tengan acceso físico a la banca. A ello, la memoria del CES-CV también suma las oficinas móviles, los agentes financieros itinerantes en zonas rurales o el uso de la red de oficinas de Correos para disponer de efectivo en los municipios. 

También existen otros "medios alternativos" de reciente creación como el cashback o el cash-in-shop, que consisten en ingresar o sacar dinero en un establecimiento; además de la red de estancos y de los establecimientos de Loterías y Apuestas del Estado. El Comité valora toda esta situación en su memoria destacando a las personas mayores y con bajas competencias financieras y digitales como "el colectivo más vulnerable y afectado por el cierre de oficinas". Por ello, ve "necesarias nuevas acciones" ante el escenario actual, así como mantener las medidas realizadas por la Generalitat en los últimos ejercicios "para promover la inclusión financiera". 

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