Alejandro Luzón, Teresa Gisbert y Joaquim Bosch. Foto: AVAFVALÈNCIA. La Agencia Valenciana Antifraude ha celebrado este jueves una jornada sobre los 20 años de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción en la que varios jueces y fiscales han analizado los procedimientos judiciales sobre el asunto. En una de las mesas han participado el fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, Alejandro Luzón; la fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert; y el magistrado Joaquim Bosch. Todos ellos han denunciado la insuficiente protección de los denunciantes de corrupción en una cita en la que ha destacado, entre los asistentes, la presencia de la exdirigente de Vox Macarena Olona.
Luzón ha expuesto que la corrupción es "una rémora para el crecimiento económico" porque merma la eficacia del gasto público. A ello se une, ha señalado, que disminuye la confianza de los ciudadanos en las instituciones porque "cuando adquiere dimensiones profundas provoca el síndrome de apatía que acaba produciendo la deslegitimación de las instituciones y, por ende, del Estado de Derecho". Asimismo, ha comentado que la lucha contra la corrupción no es algo exclusivo de la justicia, ni siquiera de la penal. "Las palancas se encuentran sobre todo en el ámbito preventivo", ha incidido.
En este sentido, ha mencionado en la falta de "información" y "confianza" en que la nueva ley de protección de los denunciantes se aplique correctamente, puesto que se queda corta la de protección de testigos y delitos ya vigente. De hecho, Luzón ha hecho hincapié en que sigue perviviendo la denuncia anónima por miedo a las represalias.
El fiscal ha valorado las dilaciones en los procedimientos judiciales. En su opinión, no van sólo ligadas a casos de corrupción, sino a macrocausas en general con multitud de partes. Esos retrasos, ha dicho, dañan la opinión de los ciudadanos sobre la eficacia de la justicia. Bajo su punto de vista, existe un "marco procesal inadecuado" y es necesario "cambiar el paradigma del proceso penal". "No se trata de una reforma para sustituir al juez de instrucción por el fiscal, sino de diseñar un proceso en el que no todo esté centrado en la fase de instrucción y que cobre protagonismo el juicio oral. No podemos aguantar que cada resolución del juez de instrucción sea recurrible", ha indicado.
Luzón ha valorado igualmente sentencias sobre causas valencianas, como la última del caso Taula sobre los conocidos como 'zombis' de las empresas públicas Imelsa y Ciegsa. Esa resolución, ha afirmado, está "perfectamente estructurada, redactada y justificada la pena".
Seguidamente, ha intervenido Tersa Gisbert, quien ha puesto de relieve la función de la Agencia Antifraude en coordinación con la Fiscalía. Así, ha remarcado que no existen duplicidades con el ente y que en cualquier momento en el que la agencia tiene conocimiento de procedimientos judiciales sobre temas que lleva tiene que cesar sus investigaciones. "A mí nunca me han preocupado las duplicidades. Hemos entablado una necesaria colaboración que culminó con la firma de un convención entre la Fiscalía General del Estado y Antifraude, además del protocolo con criterios de actuación. En este momento llevaremos unos 30 informes periciales de la agencia que nos han permitido iniciar y continuar investigaciones y que haya habido sentencias y condenas. Esa interrelación es fundamental", ha señalado.
Gisbert ha hecho especial hincapié en la necesidad de que exista información sobre la existencia de la nueva normativa sobre protección de las personas denunciantes. "Hacemos campañas para casi todo: contra la violencia de género, sobre la seguridad vial… pero la directiva europea es desconocida. Yo propondría campañas institucionales. Es la única forma de que los cargos que pueden denunciar lo hagan. La mayoría de denuncias no se ponen por represalias", ha insistido.
La fiscal superior de la Comunitat ha destacado la necesidad de canales de denuncia tanto internos como externos tanto en el ámbito de la administración como de las empresas privadas. Al igual que la importancia de una autoridad independiente de protección del denunciante.
Gisbert ha indicado que existen asuntos "en los que la línea entre la infracción administrativa y el delito es muy tenue", de ahí la importancia de la Agencia Antifraude.
Y en cuanto al papel de la Fiscalía, ha apuntado a la importancia de la recuperación del dinero público por su labor en las causas de corrupción. "Aquí en la Comunitat tenemos a arrepentidos con los que se ha llegado a conformidad y otros con los que no. Las conformidades a veces permiten recuperar dinero para la sociedad e iniciar otras investigaciones", ha incidido.
En opinión de Gisbert, la reforma del proceso penal debería reforzar lo que ya está establecido: que los jueces están para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. "Los fiscales tenemos algo que los jueces no, que es la especialización. Y necesitamos una reforma del proceso penal desde el principio hasta el final. Los plazos son insostenibles. No se puede pretender que el fiscal sea un juez de instrucción, pero un fiscal especializado es fundamental", ha afirmado.
Por último, Joaquim Bosch ha asegurado que la corrupción que llega a los juzgados "es la punta del iceberg". "Es muy importante trabajar en la transparencia, en la generación de infraestructura éticas, en la mejora en los procedimientos de adjudicación pública, en espacios de vigilancia del poder político. Esto es mucho más importante que la actuación judicial. Ningún país rebaja la corrupción elevando las penas. Es importante que quien vaya a delinquir tenga la certeza de que vaya a ser descubierto y vaya a ser juzgado y condenado en plazos cortos. El papel de la justicia debe servir como complemento del papel institucional", ha comentado.
Bosch ha explicado que existen "condenados, encausados o investigados en todos los territorios". "Aquí en España no tenemos niveles elevados de corrupción policial o funcionarial, pero la corrupción política está muy extendida. ¿Cómo es posible tantos casos de corrupción política sin que salten las alarmas? ¿y que las pocas que haya saltado conlleven represalias? Un gran problema es que las administraciones han sido colonizadas por cargos de confianza a nivel político. Y aquí no se escapa nadie. Ni derecha ni izquierda, ni partidos nuevos ni viejos", ha sostenido.
En este sentido, ha opinado que esa colonización por parte de los partidos alcanza a los organismos que tienen que ejercer de contrapeso del poder político, de manera que una agencia antifraude a nivel nacional cuyo presidente o director es nombrado por el ministro de Justicia "no es un contrapeso".
El portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Díaz, asegura que Mazón se dispuso a modificar la ley de Antifraude porque "se le ocurrió un plan mejor que eliminar la Agencia: dirigirla desde dentro para usarla a su antojo"
