Foto: EFE/KAI FÖRSTERLINGVALÈNCIA. La Generalitat Valenciana tiene un reto difícil de cumplir en los próximos años: reducir la temporalidad en la Administración valenciana a un 8% para cumplir con la sentencia europea de marzo de 2020 que motivó la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público y que impide que una persona interina esté más de tres años en una plaza pública.
Con este horizonte a la vista, la Generalitat ya ha comenzado a cesar a parte de su temporal interino a la vez que, también, resuelve la OPE extraordinaria de estabilización a la que se han presentado más de 55.000 personas y en la que se ofertan más de 3.000 plazas: 2.514 sin fase de oposición y otras 1.214 en las que los aspirantes a obtener una plaza sí deberán superar un examen y no bastará con que acrediten experiencia en el puesto.
Ahora bien, los ceses preocupan entre las organizaciones sindicales. De hecho, UGT advirtió este jueves del "posible caos que puede producirse" de forma directa sobre la gestión al cesar a un interino "cuya plaza ha sido adjudicada a otra persona como consecuencia de una OPE o un concurso aunque esta persona adjudicataria de puesto no se incorpore".
En este sentido, huelga recordar que hasta ahora, cuando un funcionario escogía un puesto pero no se incorporaba al mismo por el motivo que fuera -por ejemplo, si pedía una comisión de servicios y se le concedía- la Administración permitía que el interino que ocupaba esta plaza hasta ese momento siguiera en el puesto de forma provisional y, así, que no quedara vacante. Sin embargo, esta forma de proceder parece haber cambiado después de la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) que busca reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas.
Función Pública baraja un cambio de criterio como consecuencia de la nueva legislación y ha trasladado a los sindicatos que existen dudas jurídicas sobre la continuidad del personal interino en esas plazas pese a que nadie se incorpore a ellas. O dicho de otro modo: en la Conselleria de Justicia y Administración Pública existen dudas jurídicas sobre si las consellerias deberían cesar al personal interino que ocupe una plaza concreta que salga a concurso aunque la persona funcionaria decida no ocuparla por cualquier motivo, o si, por el contrario, deberían permitirle al empleado temporal que se mantuviera en el puesto para que esta no quedase desierta.
Las dudas han motivado que, incluso, desde el departamento se haya pedido un informe a Abogacía de la Generalitat para que se pronuncie en un sentido u otro: si continuar funcionando como hasta ahora o no. Pero el dilema va más allá, pues antes de que los abogados hayan resuelto esta duda jurídica, ya existen departamentos que han comenzado a cesar a personal interino. "En una Conselleria ya se están produciendo ceses (se niegan a conceder comisiones de servicios, lo que provoca que al incorporarse el nuevo personal se cesa al ocupante), en la categoría de veterinarios; y puede suceder en breve en agrónomos", denuncian los sindicatos.
Con estos mimbres, UGT advirtió este jueves en un comunicado el "grave problema" que supone esto para la Generalitat, para los propios cesados y para la calidad de los servicios públicos que se prestan, ya que la Administración "perderá a personas que conocen la práctica de su unidad y saben hacer su trabajo, pero también supone un perjuicio para la ciudadanía por el deterioro grave del servicio público". No en vano, algunos servicios que hoy por hoy están cubiertos, quedarían sin personal que los desempeñaran.
Cabe recordar que la competencia de ceses de interinos pertenece a las subsecretarias de las consellerias, por lo que es fundamental que UGT pide a Función Pública que dicte con cierta celeridad instrucciones claras sobre cómo proceder cuando una plaza ocupada temporalmente es escogida en una elección de destino o concurso.
Asimismo, también piden que hasta que se haya elaborado el "urgente" informe, cualquier conselleria debería dejar en standby todos los procesos en marcha, dado que se trata de una situación "crítica" para la gestión y esto "afectaría a cientos de personas y categoría claves para la atención ciudadana, como por ejemplo, el personal auxiliar de enfermería con casi 200 puestos en la OPE de 2018".
"Todas las plazas cuyo titular opte por no incorporarse quedarán vacantes y deberán cubrirse mediante bolsas, un trámite que como mínimo tardará dos meses en completarse. Esto incluso pondría en riesgo la prestación del servicio público", concluye el sindicato tras defender la continuidad del personal empleado interino mientras su plaza no esté ocupada.
