Firma del convenio entre la Generalitat y POwerCo, la filial de Volkswagen que desarrolla el proyecto de la gigafactoría. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La propuesta provisional para el reparto de las ayudas del perte del vehículo eléctrico ha sorprendido incluso a muchas de las empresas implicadas porque las cantidades asignadas apenas alcanzan el 25% de los 2.975 millones del presupuesto para financiar proyectos industriales.
Los tres proyectos promovidos desde la Comunitat Valenciana por Volkswagen, Ford y Faurecia han sido aprobados por el Ministerio de Industria y recibirán financiación, pero los importes inicialmente propuestos están por debajo de los solicitados, sobre en el caso concreto del proyecto de electrificación del Seat y Volkswagen, que incluye la gigafactoría de baterías de Sagunto. En concreto, la aportación pública de su proyecto apenas cubre el 46% del presupuesto presentado por el grupo empresarial para conseguir fondos del plan.
Su proyecto, elaborado con el asesoramiento de PwC para maximizar las inversiones elegibles para recibir fondos europeos, ha recibido la puntuación más baja de entre los diez seleccionados con 62,2 puntos sobre 100, por lo que tanto la empresa que lidera el plan como el Gobierno valenciano confían en aprovechar el periodo de alegaciones para subsanar posibles errores, mejorar esa valoración y captar más fondos.
Como publicó Valencia Plaza, la resolución provisional le asigna 167,3 millones de euros, la mayor ayuda pública de todas las previstas en este perte pero muy por debajo de los 362 millones a los que aspira como condición para llevar a cabo las inversiones incluidas en el plan Future: Fast Forward para electrificar su negocio en España.
Seat, la filial española del grupo que actúa como interlocutor de Industria, insiste en que por el momento están analizando la resolución provisional, ya que se ha adjudicado una parte del presupuesto global del perte a los proyectos que cumplen todos los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria. De hecho, el reparto provisional propuesto no alcanza el solicitado en ninguno de los diez proyectos aprobados, por lo que se da por hecho que el periodo abierto ahora para subsanar errores y aportar documentación adicional desembocará en una nueva propuesta de reparto.
Los trece proyectos tractores que han concurrido a esta primera convocatoria del perte del vehículo eléctrico y conectado (perte vec) están conformados a su vez por 487 proyectos primarios –cada una de las actuaciones a desarrollar, con entidad propia y objetivos específicos concretos y autónomos– que involucran a 327 empresas y el importe solicitado como inversión subvencionable (5.927 millones de euros) duplica al presupuesto total de la convocatoria para los proyectos industriales.
El liderado por el grupo Volkswagen integra a 62 empresas nacionales, internacionales de distintos sectores con presencia en once comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Navarra y País Vasco). El 61% de ellas son pymes y abarcan toda la cadena de valor del vehículo eléctrico.
El proyecto tractor de Volkswagen consiste en electrificar sus fábricas de Martorell y Pamplona. El segundo pilar es la creación de todo el ecosistema de baterías para coches eléctricos, incluida la gigafactoría de Sagunto. El tercer eje contempla la localización en España de componentes esenciales para vehículos eléctricos y el cuarto se basa en la formación, la digitalización y la economía circular.
Las ayudas del perte pueden concederse en forma de préstamo reembolsable, de subvención o como una combinación de ambos y depende de la puntuación del proyecto tractor y de la contribución de cada proyecto primario a los objetivos climáticos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En el caso de los 167,3 millones que se le preasignan a grupo Volkswagen, 95,1 millones se le conceden como subvención y 72,1 millones en forma de préstamo.
Las cuantías están condicionadas por la calificación que haya recibido cada proyecto presentado, ya que no todos pueden optar al mismo volumen de ayudas. Por ejemplo, Industria fija en 40 millones de euros la financiación máxima por empresa y proyecto para aquellos que sean certificados como de investigación industrial. En el caso de los proyectos predominantemente de desarrollo experimental, el máximo es de 30 millones de euros por empresa y proyecto primario, mientras que los de protección del medio ambiente pueden optar como máximo a 22,5 millones.
Para recibir esas ayudas, Industria exige además que las actuaciones sean etiquetadas en el proceso de evaluación como procesos de investigación e innovación, transferencia de tecnología y cooperación entre empresas, con especial hincapié en la economía con bajas emisiones y la economía circular; eficiencia energética y proyectos de demostración en pymes y medidas de apoyo; o eficiencia energética y proyectos de demostración en grandes empresas.
Industria ha impuesto también una estructura mínima que en el caso de no cumplirse, supone la exclusión automática del proceso, que es lo que ha sucedido con el proyecto de Envision para la construcción de una gigafactoria de baterías en Navalmoral de la Mata (Extremadura).
Esa estructura mínima consiste en un proyecto tractor con al menos un proyecto primario en cada uno de los bloques obligatorios: fabricación de equipos originales y ensamblaje (OEM); fabricación de baterías o pilas de hidrógeno; o fabricación de otros componentes esenciales adaptados al vehículo eléctrico.
Adicionalmente, debe haber al menos un proyecto primario en uno de los tres bloques adicionales o complementarios a los obligatorios: fabricación de componentes del vehículo inteligente; conectividad y microprocesadores del vehículo eléctrico; y fabricación de sistemas de recarga. Por último, se les piden proyectos en colaboración en los bloques transversales: Economía Circular, Digitalización y Formación.
Los consorcios empresariales tienen diez días desde este lunes para presentar sus alegaciones e intentar subsanar posibles errores para lograr incluir más proyectos dentro de los considerados como financiables.
Posteriormente, la Dirección General de Industria formulará la propuesta de resolución definitiva y los beneficiarios dispondrán de diez días hábiles para aceptar o renuncia a la ayuda y acreditar el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
