Calle Progreso en obras. Foto: EVA MÁÑEZ VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana creará un fondo para rehabilitar y regenerar barrios y así canalizar las ayudas europeas de los programas Next Generation y otro tipo de ayudas destinadas a la regeneración urbana. Así lo recoge el anteproyecto de la Ley de Barrios, que salía a información pública este jueves para realizar alegaciones y con el que se pretende proteger las áreas urbanas de la degradación.
Una ley que ha sido planteada con tres objetivos: emprender actuaciones para mejorar las condiciones de vida de la población que reside en estos barrios, hacer frente a déficits en materia urbanística y falta de servicios y, por último, fortalecer la vida asociativa de los barrios. Una norma que pretende paliar la desagregación y marginación de colectivos, además de atajar los problemas medioambientales.
Dicho fondo, también abarcará proyectos destinados al mantenimiento de los centros históricos y su patrimonio, a garantizar la función social de la vivienda, a la equidad de género en el uso de los espacios urbanos o a ordenar la edificación hacia usos de eficiencia energética. Éste tendrá una dotación económica anual -tal y como recoge el actual borrador- de al menos un 1% de los presupuestos de la Generalitat y se encontrará adscrito a la Conselleria de Vivienda, actualmente dirigida por Héctor Illueca.
En este sentido, se apunta a que el porcentaje de dotación económica del fondo podrá incrementarse mediante decreto y las distintas consellerias podrán formular las iniciativas y proposiciones que se consideren convenientes. Por otro lado, quien puede recibir financiación del fondo y quien debe solicitarla son las entidades locales y empresas públicas en cuyo término o ámbito de actuación se ubiquen los barrios y áreas urbanas preferentes que sean declaradas como tal.
La contribución del fondo a la financiación de actuaciones se establecerá en cada caso pero tendrá que representar, como mínimo, el 50% del presupuesto global del proyecto. Una contribución que podrá consistir en aportaciones de carácter económico, así como en la cesión de bienes demaniales o patrimoniales. En todo caso, cada una de las actuaciones financiadas debe ejecutarse en un plazo máximo de cinco años a contar desde la fecha de resolución, aunque es posible pedir prórrogas de manera justificada.
La intención de crear dicho fondo en poner en marcha un sistema de financiación estable y con vocación de permanencia en todas aquellas actuaciones de rehabilitación, de regeneración y de revitalización de ciudades y municipios y así poder afianzar una estrategia de barrios que permita una mejor convivencia y crecimiento.
La normativa también incita a las entidades locales y a la Generalitat Valenciana a la creación de entidades ciudadanas que permitan cumplir los objetivos de la ley. En este sentido, se promoverán espacios de comunicación, trabajo y encuentro entre las entidades ciudadanas, con la finalidad de profundizar y actualizar en los distintos aspectos relativos a los proyectos de regeneración urbana.
En el preámbulo de la ley, se apunta a que los barrios construidos en la época de crecimiento rápido se enfrentan al envejecimiento de sus infraestructuras y de su parque inmobiliario, así como a cambios en sus funciones económicas y en su estructura demográfica. En estes sentido, señala que una vez que amplias capas sociales se han desplazado a la periferia, se convierte en imposible establecer un necesario recambio generacional. "En ausencia de intervención, los barrios desfavorecidos entran en una espiral de deterioro físico, social, económico y medioambiental, convirtiéndose en último extremo en lugares desegregación espacial, inseguridad y exclusión", señalan.
La ley también pretende impulsar la creación de Oficinas Municipales de Rehabilitación y Regeneración Urbana. Las entidades locales beneficiarias de las actuaciones financiadas por la presente Ley constituirán oficinas de rehabilitación y regeneración, una especie de ventanilla única que tendrá el objetivo de coordinar, informar y facilitar la gestión de las ayudas y la prestación de servicios que contribuyan a facilitar la implementación y la gestión integral de los proyectos previstos en la ley y que esté al servicio de ciudadanos, comunidades de propietarios, empresas y agentes rehabilitadores en general.
