La Generalitat dedicará el 40% de las nuevas viviendas protegidas a alquiler para menores de 35 años 

VALÈNCIA. Dos años después de iniciar las primeras conversaciones para definir el nuevo decreto que regulará en la Comunitat Valenciana la vivienda de protección pública (VPP), anteriormente conocida como de protección oficial (VPO), el pleno del Consell de este viernes da, por fin, luz verde al texto. Una norma muy deseada por el sector y que permitirá reactivar la promoción de este tipo de inmuebles, en mínimos en los últimos años en la región, por la desactualización de los precios que hacía inviable económicamente los proyectos. 

Pero, además de revisar los módulos, también incluirá grandes novedades como la reserva preferente del 40% de las promociones públicas para alquiler asequible a jóvenes menores de 35 años. Una medida con la que la Administración Valenciana busca resolver el problema que este colectivo tiene para emanciparse ante el auge que los precios han experimentado en los últimos tiempos.

De hecho, el primer proyecto en el que se aplicará será en la conocida como Torre de Sociópolis, un inmueble de 184 viviendas públicas que quedó inacabado hace una década y cuya culminación se ha retomado hace unos meses y culminará en verano de 2024. Será uno de los primeros proyectos de promoción pública en régimen de alquiler de la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha) y que incluirá esta reserva del 40% de sus pisos para jóvenes.

Y no será el único proyecto que recogerá esta medida que incorpora el nuevo decreto, ya que el departamento que dirige Héctor Illueca baraja que la preferencia de inmuebles para alquiler a menores de 35 años quede recogida en el pliego del próximo concurso que prepara el Consell para la cesión del derecho de superficie de parcelas públicas municipales a los promotores. Una nueva convocatoria para levantar cerca de 500 nuevas viviendas en régimen de alquiler asequible.

Pero, además, el texto también recoge la posibilidad de que la Administración Valenciana pueda comprar hasta el 100% de una promoción privada con esta calificación con el fin de destinar esos inmuebles al mercado del alquiler. Ello no quiere decir que tenga que adquirir todos las unidades, sino que podrá hacerlo y reservar hasta el 100% de las viviendas en caso de necesidad. Eso sí, solo podrá adquirir viviendas en municipios incluidos en una de las Áreas de Necesidad de Vivienda (ANHA), es decir, aquellas localidades en las que hay una oferta insuficiente para satisfacer la demanda existente, así como en zonas en riesgo de despoblación.

La reserva se efectuará durante el proceso de obtención de la calificación provisional de la promoción y podrá ser de hasta el 50% de los inmuebles. La resolución se notificará "de manera expresa y fehaciente" al promotor y en ella se señalará el porcentaje y las viviendas sobre las que se ejercerá la reserva, así como el importe a satisfacer con indicación de la partida presupuestaria y las razones que justifican la futura compra. 

Una vez se obtenga la calificación definitiva de los inmuebles, se procederá a formalizar la adquisición mediante la escritura pública. La Generalitat podrá renunciar a la adquisición únicamente por causas justificadas de carácter presupuestario o debido a posibles modificaciones durante la tramitación de la calificación que supongan cambios que no permitan que los inmuebles sean adecuados para fines sociales.

Una larga tramitación

Lo cierto es que ha sido un largo proceso hasta que esta norma ha visto la luz. De hecho, el camino ha sido más largo de lo previsto, ya que su articulado lleva ya un año cerrado y pactado con el sector. Sin embargo, la burocracia administrativa y la introducción de algunas modificaciones han propiciado que su entrada en vigor se haya dilatado, lo que estaba provocado la desesperación del sector, que llevaba semanas presionando a la Conselleria para que moviera ficha. 

Fue el pasado mes de enero cuando recibió el informe favorable de la Abogacía de la Generalitat y a mediados del pasado mes de abril, el del Consell Jurídic Consultiu (CJC), el último escollo que quedaba pendiente para su aprobación vía pleno del Consell. Por tanto, el texto se desbloqueaba tras meses en el limbo administrativo. De hecho, el objetivo de la Conselleria era haberlo aprobado a finales de abril, pero el dictamen del ente consultivo incluía una serie de objeciones que Vivienda tuvo que incluir en el texto final, lo que, de nuevo, volvió a retrasarlo.

Así, desde hace semanas llevaba pendiente sine die, mientras los promotores urgían a su aprobación en un momento en el que la oferta de vivienda se resiente. Y más, dado que ante la promesa de la Administración de su inminente aprobación, muchas compañías habían comenzado obras que tuvieron que paralizar por la inviabilidad económica de los proyectos al no estar actualizada la normativa. Una tramitación que finalmente culmina este viernes y con la que se pretende reactivar la VPO en la autonomía, aunque habrá que esperar un mes más para su entrada en vigor, una vez se publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).