VALÈNCIA. La Generalitat ha decidido finalmente no oponerse al archivo de la pieza G del caso Taula, centrada en todas las supuestas irregularidades que tuvieron lugar en la empresa pública Ciegsa –dedicada a la construcción de centros educativos en la Comunitat Valenciana–. La Fiscalía pidió el pasado abril el sobreseimiento cinco años después de que se conformara la pieza separada y nueve desde que trascendiera la macrocausa de Taula, consistente en una supuesta trama de corrupción en varias administraciones públicas valencianas.
Esta parte de la investigación dibujaba algunos de los hechos de mayor gravedad, consistentes en el presunto desvío de un dinero público que debería haber ido a parar a la construcción de colegios. Aparecen como principales investigados el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus; el exconsejero delegado de Ciegsa Máximo Caturla; el exgerente de la empresa pública Imelsa Marcos Benavent; y cuatro técnicos. Inicialmente, se apuntó a los delitos de prevaricación, cohecho y malversación, pero finalmente la Fiscalía sólo lo ha centrado en el cohecho.
El fiscal Anticorrupción –diferente al que inició la causa– concluyó que todos los cargos políticos cobraron comisiones de las construcciones adjudicadas a través de Ciegsa "en beneficio propio" y con "claro desprecio a la causa pública". Sin embargo, señaló que no se ha podido establecer "una perfecta correlación entre el dinero recibido y una concreta obra adjudicada". "Tampoco puede afirmarse qué constructoras y qué personas concretas efectuaron los pagos anteriores a los investigados", sostuvo.
Debido a que entendía que todos estos hechos fueron constitutivos un presunto delito de cohecho, pero se cometieron en 2005 y 2006, consideró que se encuentran prescritos al haber transcurrido de sobra los tres años hasta que se inició la investigación en 2015.
Después de esta petición de archivo, el juez dio traslado a las acusaciones –Acción Cívica y la Generalitat– para que se pronunciaran. La primera se opuso. La segunda, como ha informado Las Provincias, no. Considera que por los argumentos que esgrimió Anticorrupción no se puede seguir adelante. Ahora, todo apunta a que el juzgado dictará el sobreseimiento.