La Generalitat recurre de nuevo el archivo de la última causa de la Fórmula 1 contra Camps 

VALÈNCIA. La Abogacía de la Generalitat recurrirá de nuevo el archivo de la última causa de la Fórmula 1, en la que únicamente figuraba como investigado Francisco Camps. Así lo confirman fuentes del Consell, que indican que por el momento lo harán sólo en reforma, es decir, ante el juzgado. Posteriormente se decidirá si también ante la Audiencia Provincial. 

El juzgado de Instrucción número 2 de Valencia decidió el sobreseimiento provisional. Algo previsible después de que también lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción, que consideró que no había quedado suficientemente acreditado que los hechos fueran constitutivos de infracción penal.

Esta investigación era la principal de la F-1, pero en 2019 quedó reducida a la asunción por la Generalitat de la condición de avalista de Valmor, la empresa organizadora del Gran Premio, a través de un contrato de 2011.

Inicialmente se encontraban imputados Camps, la exconsellera de Turismo y Deporte Lola Johnson y el piloto Jorge Martínez 'Aspar'. Para los dos últimos fue archivada, pero la Audiencia de Valencia, tras estimar parcialmente un recurso de la Abogacía de la Generalitat, ordenó continuar indagando en las consecuencias para la Administración de una eventual reclamación de obligaciones, por lo que el juzgado reabrió las actuaciones (y sólo quedó el exjefe del Consell).

La Fiscalía, sin embargo, se volvió a pronunciar hace un año para concluir que seguía sin ver un delito de prevaricación. Lo cual también sostiene la magistrada. En su auto, indicó que "no consta en modo alguno" que Camps "diera concretas instrucciones" sobre el contenido y redacción del acuerdo de julio de 2011. En cuanto a si fue el propio exjefe del Consell el que dio la orden, tras mantener conversaciones con Bernie Ecclestone, de que dicho documento se firmara y de que se incluyera a la Generalitat como garante, "no puede asegurarse dicho extremo". 

Para la jueza sí resulta evidente que "no se siguió el procedimiento adecuado" porque el acuerdo no pasó por los servicios jurídicos, por la Abogacía de la Generalitat ni por el Consell, aunque confiaban en que ese trámite se iba a hacer a posteriori. Tampoco se concretó si existía un expediente administrativo. Pero "no puede asegurarse" que fuera Camps el que determinara la sustitución de Bancaja como avalista, "pues ninguna prueba existe respecto a este concreto aspecto".