La Generalitat reinicia el concurso para contratar la extinción de incendios tras el recurso de Air Nostrum

VALÈNCIA. El concurso para contratar el servicio de extinción de incendios forestales de la Comunitat Valenciana, valorado en más de 32 millones de euros para el periodo 2022-24, vuelve a la casilla de salida. La Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) acaba de retrotraer el procedimiento hasta el momento de redacción de los pliegos después de que los mismos hayan sido parcialmente anulados.

Así consta en la resolución publicada a última hora de este viernes por el director de la AVSRE, José María Ángel, para ejecutar una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) que anuló algunas cláusulas del pliego al estimar parcialmente un recurso de Plysa, la empresa constituida por los socios de Air Nostrum para entrar en el negocio de extinción de incendios que también se ha presentado al concurso.

Según el recurrente, los pliegos estarían hechos a medida de los actuales prestadores del servicio, ya que otorgan una "radical ventaja" a las empresas del conocido como cártel del fuego, la trama de compañías investigadas por amaño de los contratos públicos de extinción de incendios forestales.

Se trata de la UTE formada por las empresas Martínez Ridao y Faasa, rebautizada como Pegasus, que en 2017 tomaron el relevo de Avialsa como adjudicatarias del contrato de extinción de incendios en la Comunitat Valenciana. Esta UTE, que ahora se presenta a los cuatro lotes del nuevo contrato para el periodo 2021-23, adquirió los aviones la empresa de Vicente Huerta cuando estalló caso Avialsa.

Las tres son parte de las firmas investigadas en la Audiencia Nacional dentro de la causa abierta por delitos de cohecho, fiscal, falsedad documental, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación o alteración de precios en concursos y subastas públicas en los contratos públicos contra incendios de varias comunidades autónomas.

El TACRC desestimó en primera instancia el pasado agosto la suspensión del proceso de adjudicación que los recurrentes solicitaban como medidas cautelares, pero el pasado mes de octubre estimó parcialmente el recurso de Plysa contra los pliegos, cuando la mesa de contratación ya había abierto los dos primeros sobres del concurso, el de la documentación administrativa y el relativo a los criterios cuantificables automáticamente.

Según se explica en la resolución que retrotrae el concurso al momento de publicación de los pliegos, por el momento solo se ha formulado propuesta de adjudicación del lote 4 del contrato (avión semipesado anfibio, valorado en 1,8 millones de euros), a favor de la UTE entre Martínez Ridao y Pegasus Aviación, la única que presentó oferta.

Valoración con criterios "injustificados"

Plysa, que compite con la UTE de Martínez Ridao y Faasa en los otros tres lotes, centró el recurso en dos aspectos fundamentales. Por un lado, argumentó que una cuarta parte de la valoración de las ofertas se basa en dos criterios "del todo injustificados" sobre "aspectos superfluos" de las ofertas, como acreditar la experiencia de los pilotos en los últimos cinco años, lo que supondría una barrera de entrada para el resto de empresas.

Por otro, el hecho de puntuar prestaciones adicionales de los aviones que resultan irrelevantes para el servicio y que casualmente son las que únicamente ostenta el modelo de avión del que es titular el actual prestador del servicio. Al respecto, esta "injustificada discriminación" entre licitadores por los criterios de adjudicación se expone en un Informe Pericial aportado en el recurso que concluye que los requisitos exigidos para la adjudicación no suponen ninguna mejora en la prestación del servicio.

Todo ello, además, tras haber realizado una consulta preliminar de mercado entre las empresas que, según el recurso, la AVSRE habría utilizado para "cerrar" el mercado y encaminar el concurso para la adjudicación del servicio a la UTE Martínez Ridao y Faasa.

Un contrato superior a 32 millones

La contratación, autorizada por el Consell a mediados de junio, valora cada anualidad en 12 millones de euros más IVA, por lo que el montante del contrato para los tres años supera los 32 millones, considerando tres años más de prórroga y el posible incremento por modificaciones.

Los medios aéreos contratados, siete aviones de carga en tierra y dos aviones anfibios con capacidad de lanzamiento de agua, podrán ser destinados también a cualquier otro servicio en materia de emergencias y protección civil, como incendios de vegetación no forestal, búsqueda de manchas contaminantes, etcétera. Su utilización preferente, no obstante, será en la lucha contra los incendios forestales al tener una gran efectividad en el empleo de retardantes de largo plazo.