Carles Puigdemont. Foto: ÁLEX FLORES/EPEl mayúsculo problema que plantea la ruptura del modelo de convivencia básico en España ya empieza a sorprender en toda Europa. ¿Cómo es posible que Pedro Sánchez esté dispuesto a vender España a la carta? Es una pregunta que, con una formulación u otra, me plantean ya no solo los estudiantes en las aulas, o jóvenes y no tan jóvenes en foros de debate, sino también amigos y conocidos de Bruselas e incluso del otro lado del charco.
La profunda división que el ejecutivo español está provocando en la sociedad española, la monstruosa adulteración de la voluntad popular sufrida en las últimas elecciones nacionales, la constante cesión sin limites a las peticiones de un prófugo de la justicia, son solo algunos de los hechos de los que ya se hace eco no solo la prensa nacional, sino también la europea y la internacional.
La internacionalización de la destrucción de España a cambio de la perpetuidad en el poder es un fenómeno que, si cabe, cogió todavía un mayor impulso cuando el pasado lunes 18 de marzo, la Comisión de Venecia dio a conocer su opinión definitiva acerca de la turbia proposición de ley de amnistía. Un texto demoledor que, si bien está dotado de una naturaleza meramente consultiva, cuestiona contundentemente la norma propuesta tanto desde la vertiente procedimental como material.
La Comisión de Venecia no deja pasar por alto el hecho de que la amnistía sea tramitada como proposición de ley, lo que dispensa de una consulta pública abierta y transparente, de un análisis de impacto regulatorio adecuado a la magnitud del oscuro objetivo que la norma realmente esconde, así como de la solicitud de informes y dictámenes, incluidos los del Consejo de Estado y el del Consejo General del Poder Judicial. En Europa llama pues la atención que el Ministro de la Presidencia del gobierno de España califique esta ley de "histórica". Debe ser que es ahora cuando el resto de Europa empieza a conocer al triministro Bolaños.
Hace igualmente saltar las alarmas el carácter ambiguo de la proposición de ley. La extrema amplitud e indeterminación del ámbito material proyectado por la proposición de Ley entraña el inevitable riesgo de que otras muchas personas puedan acogerse al texto de la norma. Mucho más grave si se tiene en consideración que, como consecuencia de la citada ambigüedad, caigan dentro del paraguas de lo que se estima amnistiable aquellos delitos que no guarden relación alguna con el independentismo.
Es normal pues que la opinión de la Comisión de Venecia finalice afirmando que la proposición de ley para la amnistía ha ahondado una profunda y virulenta división no solo entre políticos, sino también entre instituciones, en el poder judicial, en el mundo académico y en el conjunto de la sociedad española. Esto es lo opuesto del resultado deseable de una ley de amnistía.
El pasado miércoles, 20 de marzo, en una de esas dosis de cafeína que me pide el cuerpo después de llegar a Madrid en tren para hacer frente al maratón de docencia europea que habitualmente con gusto me espera, pude recordar con otros profesores aquella firma de nuestro querido D. Marcelino Oreja Aguirre que consagró la adhesión de España al Consejo de Europa en 1977. En aquel viaje, D. Marcelino Oreja iba acompañado de figuras políticas tales como Felipe González y Santiago Carrillo. El consenso en torno al cumplimiento del estado de derecho en aquel entonces era absoluto y atendía a criterios lógicos. ¿Qué está sucediendo ahora? ¿No podemos guiarnos por el mismo espíritu de convivencia de aquellos señores que viajaron a Estrasburgo para demostrar el compromiso del pueblo español con el estado de derecho? Ahora no hay ni consenso, ni lógica. En la España de Sánchez únicamente hay división, y un extraordinariamente desmesurado afán de poder por parte del Presidente del Gobierno español.
Afortunadamente el pueblo español es fuerte, y está dispuesto a seguir alzando la voz, ahora junto a sus vecinos europeos. Y es de esperar que, llegado el momento, la proposición de ley para la amnistía aterrice en las manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y será ahí, cuando su sentencia no sea meramente consultiva.
Miguel Verdeguer Segarra es profesor Dr. en Derecho Derecho y Economía de la Unión Europea y vocal del Partido Popular en Ciutat Vella (Valencia)
