CASTELLÓ (EFE/Inmaculada Martínez). El servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Comunitat Valenciana afronta esta semana la primera fase de su reversión a la gestión pública después de 25 años de privatización, cuando el 24 de febrero finalice el contrato para las empresas concesionarias, enfrentadas ahora con la Generalitat.
El resto lo hará el próximo 3 de marzo, una vez concluida la prórroga concedida por la Administración autonómica para compensar el periodo de cierre de las estaciones como consecuencia de la declaración del estado de alarma por la COVID-19.
Con la vuelta a la gestión pública, prevista en un principio a partir del 1 de enero de este año y prorrogada por dos meses, se cierra un periodo de 25 años de privatización del servicio por decisión del Gobierno de Eduardo Zaplana en 1997 y que ha tenido como derivada el juicio -pendiente de fecha- al exministro y expresident por el posible cobro de comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana.
Unos años después de implantarse la privatización, en 2004, el entonces conseller de Territorio con el PP Rafael Blasco -condenado por desvío de fondos de ayudas públicas a la cooperación internacional- instauró una prueba de sonometría a los vehículos para pasar la ITV que encareció el precio de la prueba y que desde este 1 de enero de 2023 se ha suprimido.
Ha sido un conseller de Compromís, Rafael Climent (Economía), quien ha llevado adelante la reversión del servicio para la mejora en la calidad, y dar paso de esta manera a la gestión directa de la que se encargará una mercantil creada ex profeso e integrada únicamente por capital público de la Generalitat, la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos, que dirige el alcalde Josep Antoni Albert.
Los principales objetivos de la Sociedad de ITV son mejorar el servicio público y que los ciudadanos no tengan que realizar desplazamientos de más de 30 km desde su lugar de residencia, por lo que creará nuevas estaciones en Torrent (Valencia) y en el interior de Castellón y convertirá en fijas las de Santa Pola, Calpe y El Campello (las tres en Alicante).
En un primer momento y con un presupuesto de 80 millones de euros, las tarifas se mantendrán este año, una vez rebajado el precio por la supresión de la sonometría, ha señalado a EFE Albert.
En los últimos meses la Asociación de Entidades Concesionarias de ITV de la Comunitat Valenciana (AECOVA) ha advertido del "inminente caos" que se va a producir y del "ilícito" que comete la Conselleria de Economía en la manera de acometer el proceso y que va a provocar el inicio de pleitos por parte de las concesionarias por desacuerdo en las liquidaciones de los contratos, según avanza a EFE su portavoz, Francisco Llopis.
A su juicio, la Conselleria debería conceder una habilitación "excepcional y transitoria" a las concesionarias para seguir prestando el servicio durante el tiempo que considere necesario para cumplir el proceso de forma ajustada a la ley.
Llopis apunta que la administración debe seguir la Ley de Contratos del Estado y debería haber convocado un concurso público para los suministros (sistemas informáticos o formación de personal); en el caso de las estaciones de Redován y Orihuela, las instalaciones son de libre disposición de las mercantiles por lo que quedarán inhabilitadas en la fecha de la reversión y la administración debería acudir a una licitación.
También critica que se pretenda tomar las instalaciones y los bienes "el último día" de la concesión sin señalar un tiempo prudencial para que la entrega se realice antes de la reversión y de forma "precipitada", así como que las empresas no pueden seguir manteniendo a sus trabajadores más allá de la fecha de fin del contrato, después de que la administración haya decidido ampliar al 30 de junio los contratos temporales para facilitar el proceso.
El volumen de trabajadores de las concesionarias (son siete: ITV Vega Baja, Pistas Iteuve, Valenciana de Seguridad, Valenciana de Revisiones, ITV de Levante, Atecsa y Applus) que se subrogará de forma voluntaria a la empresa pública es de un millar.
El plazo del 24 de febrero afecta a las estaciones de ITV de Alcoy, Benidorm, Gandia, Ondara, Ontinyent, Orihuela-San Bartolomé, Redován, Torrevieja, Utiel, Villena, Vinaròs y Xàtiva.
El del 3 de marzo corresponde a las de Alicante, Alzira, Castelló, Catarroja, Elche, Llíria, Massalfassar, Riba-roja de Túria, Sagunt-Port de Sagunt, San Antonio de Benagéber, València-Campanar, València-Vara de Quart y Vila-real.
La Generalitat está desarrollando una nueva plataforma de cita previa para continuar prestando el servicio y el director general ha pedido comprensión a la ciudadanía ante un posible aluvión de peticiones; asimismo advierte de que es posible que al día siguiente del fin de los contratos -es decir, el 25 de febrero y el 4 de marzo- no se puedan hacer revisiones ya que está prevista la verificación de las instalaciones y bienes objeto de la reversión.
Las empresas han trasladado que no dan cita previa a partir de la fecha de fin de sus contratos, y desde la empresa pública confirman que los lotes 4, que comprende la zona de Gandia, Dénia, Alzira y Xàtiva, y el 6, en Villena y Redován, continúan dando citas este viernes.
Actualmente la Comunitat Valenciana tiene unos precios vigentes del servicio de ITV, actualizados a 1 de enero de 2023, de 44,23 euros para el turismo de gasolina y 34,49 para el turismo gasolina sin catalizar, y de 48,31 para el turismo diésel.
La eliminación de la prueba de sonometría ha permitido un ahorro de 11,25 euros para el ciudadano que pasa la ITV, que en la Comunitat ha tenido unos precios "de los más altos" de España, según asegura a EFE el director general de la sociedad pública de ITV.