La nueva ley de Urbanismo reducirá los plazos para aprobar planes generales y el desarrollo de suelo

VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana pone la maquinaria en marcha para sacar una nueva ley autonómica urbanística y de ordenación del territorio. Una norma que sustituirá a la actual Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, conocida como LOTUP, y que pretende, entre otras cuestiones, evitar que los planes generales se eternicen en su tramitación acortando, de esta forma, los plazos. Pero, no solo eso, sino que para favorecer el desarrollo de nuevos sectores urbanos en la Comunitat promoverá la gestión indirecta de suelos en favor de la iniciativa privada. 

"Necesitamos una mejor legislación para que se puedan construir más viviendas, crear más industria y dinamizar nuestra actividad económica", aseguraba este miércoles el jefe del Consell, Carlos Mazón, durante su intervención en el Debate de Política General, en donde avanzaba el inicio del trámite administrativo para aprobar esta nueva norma. En este sentido, el 'president' subrayaba en la tribuna de Les Corts que la ley será "más simple, más clara y con más protección", dado que, a su juicio, el modelo urbanístico del Botànic ha sido un "fracaso", con una legislación "confusa" que modificaron 12 veces en un año.

Un anuncio que coincidía con la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del trámite de consulta pública por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio para recabar sugerencias, aportaciones y opiniones de personas interesadas. El objetivo de la Generalitat con la reforma del texto es "simplificar trámites, eliminar cargas administrativas, superar incoherencias y mejorar su redacción, ello desde una perspectiva global, tras una seria reflexión, y con criterios de calidad".

De esta forma, el texto publicado en el DOGV incide en algunos de los principales cambios que se plantean incorporar. Concretamente, en materia de planeamiento propone la posibilidad de regular de modo más claro la participación de la iniciativa privada en la formulación de propuestas de determinados instrumentos de planeamiento. También, una nueva regulación del procedimiento de aprobación de los planes urbanísticos, así como una simplificación y flexibilización administrativa de los mismos o la regulación específica de la emisión de los informes sectoriales en esta materia.

Según puntualizan fuentes del departamento que dirige Vicente Martínez Mus, la idea es evitar que la aprobación o modificación de planes generales urbanísticos se demore durante años, llegando incluso a ser décadas, y que se limiten los plazos. El objetivo es que la tramitación no supere los cuatro años y que, por tanto, se pueda resolver y sacar en una legislatura. Y ello para favorecer, por ejemplo, que un municipio pueda generar nuevas bolsas de suelo o se facilite la implantación de empresas, entre otros casos.

De igual modo, se busca una reformulación de los instrumentos y procedimientos en relación con la aprobación de las inversiones estratégicas y el posible estudio de una reformulación en el régimen regulatorio de los usos en el planeamiento urbanístico. Asimismo, se aspira a implementar medidas para incrementar la oferta de suelo logístico en la Comunitat Valenciana ante la alta demanda de los operadores por aterrizar en el territorio valenciano.

Gestión indirecta de PAI

Por otro lado, en cuanto a urbanismo, la aspiración es favorecer la gestión indirecta de los Programas de Actuación Integrada (PAI), es decir, su ejecución por parte de los propietarios del suelo a través de la figura del agente urbanizador, sin que deba justificarse la no procedencia de la gestión directa, que es aquella que corresponde a la Administración. 

Y es que en este momento la LOTUP establece que la gestión directa es una modalidad preferente o prioritaria sobre la gestión por los propietarios, algo que podría cambiar en la nueva norma. Con ello se busca incentivar a la iniciativa privada en la movilización de nuevas áreas urbanísticas, especialmente en un momento de emergencia habitacional.

En paralelo, también la Conselleria propone estudiar posibles nuevas modalidades de sistemas de ejecución del planeamiento, como el de la expropiación por concesionario, es decir, quitar de la ecuación a la Administración y que sea un tercero el que asuma el desarrollo. Otra cuestión es la creación de figuras como la de permutas forzosas para la obtención de suelos dotacionales, así como agilizar la tramitación del otorgamiento de las licencias de obra y diseñar medidas que puedan agilizar y abaratar la construcción de viviendas, con fórmulas de colaboración público-privada.

En relación con el suelo no urbanizable, se estudiará la reconsideración de la actual regulación de las Declaraciones de Interés Comunitario, así como de medidas para agilizar el procedimiento. Y también se analizarán las medidas para favorecer la implantación de actividades terciarias y de ocio recreativas en el suelo no urbanizable.

Finalmente, se quiere revisar los procesos de regularización de construcciones ilegales, estudiando la posibilidad de instrumentar determinados supuestos mediante proyectos de obra y con un posible replanteamiento de la actual regulación. E implementar medidas que favorezcan a los municipios con riesgo de despoblamiento, caracterizados en general por ser más vulnerables.

Por el momento esto es solo el principio de la tramitación, el pistoletazo de salida. Una vez finalizada esta fase de participación ciudadana, las aportaciones que se reciban serán estudiadas y, después, la Conselleria elaborará un anteproyecto de ley de reforma urbanística, que será también sometido a un trámite información al público antes de su aprobación y remisión a Les Corts Valencianes.