Imagen de un pleno del Consell. Foto: GVACASTELLÓ. El Parlamento Europeo aprobó el pasado marzo la nueva Ley de Libertad de los Medios de Comunicación con una serie de puntos de obligado cumplimiento que afectarán a las instituciones y empresas informativas de todos los Estados miembros, incluyendo España. Algo extensivo para las autonomías, entre ellas la valenciana.
El texto establece que los medios harán accesible a sus destinatarios, de forma sencilla y directa, información actualizada sobre lo siguiente:
-Su denominación o denominaciones legales y sus datos de contacto
-El nombre o los nombres de sus titulares directos o indirectos, que posean paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre el funcionamiento y la toma de decisiones estratégicas, incluida la titularidad directa o indirecta estatal o por parte de una autoridad o entidad pública
-El nombre o los nombres de los titulares reales
-El importe total anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado y el importe total anual de los ingresos de la publicidad recibidos de autoridades o entidades públicas de terceros países.
La ley señala que los Estados miembros encomendarán a las autoridades u organismos reguladores nacionales o a otras autoridades u organismos competentes la creación de bases de datos nacionales sobre la propiedad de los medios de comunicación que contengan.
Además, indica que los prestadores de servicios de medios de comunicación que ofrezcan noticias y contenidos sobre cuestiones de actualidad "tomarán las medidas que consideren adecuadas con vistas a garantizar la independencia de las decisiones editoriales". Éstas tendrán por objeto garantizar que las decisiones editoriales puedan tomarse libremente dentro de la línea editorial que se siga y garantizar la divulgación de cualquier conflicto de intereses existente o potencial que pueda afectar a la oferta de noticias y contenidos sobre cuestiones de actualidad.
Las obligaciones de difundir la publicidad incluyen igualmente a todas las instituciones. Es decir, desde la Generalitat a diputaciones provinciales y ayuntamientos. "A fin de asegurar un alto nivel de transparencia, es importante que de antemano se pongan a disposición del público, por medios electrónicos y fáciles de usar, los criterios y procedimientos empleados para asignar fondos públicos a los prestadores de servicios de medios de comunicación y a los prestadores de plataformas en línea a efectos de publicidad estatal y adquisiciones estatales de suministros o de servicios", dice la ley.
A lo que añade: "Los requisitos comunes relativos a la publicidad estatal y a las adquisiciones estatales de suministros o servicios deben abarcar los fondos públicos asignados, tanto directa como indirectamente, por ejemplo, a través de intermediarios especializados, como agencias de publicidad y prestadores de servicios de intercambio publicitario. También es necesario establecer requisitos comunes para publicar información sobre los destinatarios del gasto en publicidad estatal y los importes dedicados a ello".
Asimismo, destaca que es necesario que las autoridades u organismos reguladores u otras autoridades u organismos independientes competentes en los Estados miembros realicen un seguimiento e informen sobre la asignación de fondos públicos para publicidad estatal a los prestadores de servicios de medios de comunicación y a los prestadores de plataformas en línea.
En relación con la publicidad institucional, la ley remarca la necesidad de asegurar una competencia sin distorsiones entre los prestadores de servicios de medios de comunicación y las plataformas en línea y de "evitar el riesgo de subvención encubierta y de influencia política indebida sobre los medios de comunicación". "Procede establecer requisitos comunes de transparencia, objetividad, proporcionalidad y no discriminación en la asignación de fondos públicos u otros recursos estatales a los prestadores de servicios de medios de comunicación y prestadores de plataformas en línea. Dicha asignación debe tener por objetivo asegurar la pluralidad de los medios de comunicación, en especial beneficiando a diversos prestadores de servicios de medios de comunicación y prestadores de plataformas en línea. Y no debe dar lugar a una ventaja injustificada y desproporcionada para determinados prestadores", explica.
Instituciones como la Generalitat tienen ya esta práctica de difusión de la publicidad institucional asentada. Los datos correspondientes al 2022, último ejercicio completo del anterior Gobierno del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem), fueron publicados por Valencia Plaza el pasado diciembre. El Consell de Ximo Puig gastó un total de 19,2 millones de euros en publicidad institucional a lo largo de 2022. Son 4,7 millones más que en 2021, cuando invirtió 14 millones y medio (si bien esta comparativa no incluyó a la Conselleria de Educación, que no hizo púbicos los datos cuando correspondía).
Al margen de este asunto, la nueva ley europea incluye otros. Desde que las autoridades tendrán prohibido presionar a los periodistas y editores para que divulguen sus fuentes a limitar el uso de programas espía (solo estarán permitidos casos específicos y previa autorización judicial para investigar delitos graves penados con cárcel).
Además, incorpora un apartado sobre los consejos de administración en los medios públicos, aunque abstracto y difícil de interpretar sobre si podría afectar a À Punt. Así, la ley establece que en los procedimientos para el nombramiento y la destitución de los directivos o de los miembros del consejo de administración de los medios, se deberá garantizar la independencia del medio.
"El responsable de la gestión y los miembros del consejo de administración de los prestadores del servicio público de medios de comunicación serán nombrados siguiendo procedimientos transparentes, abiertos, efectivos y no discriminatorios y criterios transparentes, objetivos, no discriminatorios y proporcionados, establecidos de antemano a nivel nacional. La duración de su mandato será suficiente para garantizar la independencia efectiva de los prestadores del servicio público de medios de comunicación", dice.
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal
