La nueva tasa de basuras: ¿dónde queda la autonomía local?

Si hay un tema que en la actualidad, y desde hace ya tiempo, tiene muy ocupados y preocupados a nuestros ayuntamientos, este es sin duda el de la nueva tasa de residuos, también conocida popularmente como el tasazo o basurazo de Sánchez, el sanchazo o la basura de la tasa. 

Estamos ante un ejemplo paradigmático de la forma habitual de proceder del Gobierno: por una parte, subir la presión fiscal a la ciudadanía; por otra, legislar a la ligera y sin criterio; y finalmente, trasladar la responsabilidad a otros, en este caso a la sufrida Administración local, a la que una vez más silencia y deja a los pies de los caballos por la manera chapucera de regular una cuestión de tanta trascendencia. 

Recordemos que, a iniciativa del Gobierno de Sánchez, el legislativo aprobó la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que transpone la Directiva de la Unión Europea 2018/851, por la que se modifica la Directiva 2008/98, con el objetivo de promover la reducción, tratamiento y reciclaje de los residuos urbanos. 

Del modo más lesivo para la autonomía local, de entre todos los posibles instrumentos señalados por la Unión Europea, el Gobierno optó en esta ley por obligar a todos los ayuntamientos, sin excepción, a establecer (antes del 10 de abril de 2025) una nueva tasa, figura tributaria que hasta ahora tenía carácter potestativo y no obligatorio y que no resulta la más idónea por la dificultad de conciliar los principios de capacidad económica y de equivalencia (cubrir el coste del servicio prestado). 

Además, se impuso este nuevo tributo sin definir ni concretar la forma en que debe ser implantado por los ayuntamientos y olvidando la diferenciación de competencias en función de la población de los municipios que hace la ley de Bases de Régimen Local. 

Esta tasa no puede ser deficitaria y ha de reflejar el coste real de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, por lo que los vecinos deberán pagar íntegramente todo lo que cuesta el servicio. Esto va a suponer un incremento generalizado de la carga fiscal para sus bolsillos e impedirá a los municipios financiar el servicio con otros recursos económicos, limitando también así su autonomía.

La incertidumbre y las dificultades técnicas a las que se enfrentan nuestros pueblos para implementar la tasa son enormes: desde la aprobación de las ordenanzas correspondientes hasta la implantación de sistemas de pago por generación (en aplicación del principio “quien contamina paga”), y en definitiva de nuevos modelos de gestión, pasando por la necesidad de modificar los contratos de prestación de estos servicios o la elaboración de los estudios económico-financieros pertinentes, con la complejidad que conlleva. 

Si ya de por sí la tributación local es la gran olvidada por la legislación estatal, con elevados niveles de inseguridad jurídica y litigiosidad, los expertos juristas vaticinan que la nueva tasa traerá conflictos como ha venido ocurriendo con la plusvalía municipal, con el riesgo de tener que devolver ingresos y con el consiguiente agujero presupuestario. 

Quiero destacar que el Pleno de la Diputación de Valencia se pronunció sobre esta cuestión el pasado 30 de septiembre, instando al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para evitar el aumento de la presión fiscal sobre la ciudadanía y a que no obligue a los ayuntamientos a incrementar la tasa de residuos, y exigiendo que escuche el clamor del conjunto de la Administración local que se opone a que se repercuta el 100% del coste a la ciudadanía. 

La Diputación está haciendo sus deberes. Desde el Área de Medio Ambiente, el Servicio de Aguas y Residuos ayuda y presta asesoramiento a los municipios en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la nueva legislación de residuos y está elaborando un documento que les servirá de guía. Además, se han creado dos líneas de subvención para la gestión de residuos y se ha organizado un curso específico sobre esta materia para técnicos municipales de municipios de menos de 20.000 habitantes. 

Por otra parte, en el Área de Hacienda, el Servicio de Gestión Tributaria se está adaptando al ingente reto que supone la implantación de la nueva tasa y atiende al creciente número de municipios que mancomunadamente delegan en la Diputación la recaudación de la nueva tasa. Para 2025 se prevé que serán al menos 41 municipios que forman parte de tres mancomunidades.  

En definitiva, y tal y como ha venido exigiendo el Partido Popular, el Gobierno debe escuchar de una vez las demandas del municipalismo y atender sus necesidades, apostar por políticas de transición ecológica y protección del medioambiente más flexibles, con más incentivos y menos impuestos. 

Por todo ello, lo que pedimos es que el Gobierno respete de forma efectiva la autonomía local dando a los municipios el mayor margen de libertad posible, sin imposiciones, y establezca una regulación legal más precisa de los elementos y criterios a tener en cuenta por los ayuntamientos, a fin de dar seguridad jurídica y evitar los conflictos que ya se vislumbran.