VALÈNCIA. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, ha denunciado este lunes el "retraso inadmisible" de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Así lo ha expresado durante el acto de apertura del Año Judicial, donde ha hecho hincapié en la "grave situación" que provoca este bloqueo. También en el territorio valenciano debido a que afecta a su propio cargo –lleva en funciones alrededor de año y medio– y a otros como la presidencia de la Audiencia Provincial de Alicante o la de la Sala de lo Contencioso Administrativo.
De la Oliva se ha referido a una encuesta publicada hace pocos días relativa a la percepción que tienen los ciudadanos respecto de la independencia de la justicia. "Es desolador constatar que más del 70% de los encuestados manifiestan desconfiar de la independencia de la justicia en España", ha afirmado. "Sí tengo la satisfacción de manifestar que en el ámbito del TSJCV el respeto y la defensa a la independencia de todos los jueces y órganos jurisdiccionales ha sido un principio que ha guiado mi actuación desde que tomé posesión de este cargo. Esta independencia tiene para los jueces un coste personal, pero se asume", ha añadido.
Al Acto de Apertura del Año Judicial 2022-2023 han asistido, entre otras personalidades, la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé; el presidente de Les Corts Valencianes, Enric Morera; la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo; la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carmen Llombart; o la fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert.
Se da la circunstancia de que la sección territorial valenciana de Juezas y Jueces para la Democracia ha decidido que sus representantes no acudan al acto como muestra de disconformidad por la situación de bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además, la entidad ha lamentado que esta situación ha provocado la paralización en la renovación de cargos en la cúpula judicial y en el Tribunal Constitucional.
En cuanto a las cifras en los juzgados, el año 2021 concluyó con una disminución del 18% de los asuntos pendientes respecto a 2020. En total, recibieron alrededor de 670.000 procedimientos y dictaron unas 682.000 resoluciones. Esta tendencia positiva se ha mantenido en el primer trimestre de 2022, en el que, a pesar a aumentar un 5% el ingreso de asuntos, se han resuelto un 3,5% más.
Por jurisdicciones, en la de lo Social ha habido un incremento de la litigiosidad tanto en los juzgados como en la sala de lo Social del TSJCV. En esta última hubo un aumento en el número de recursos registrados en 2021 hasta los 4.500. En 2022, solo en los dos primeros trimestres ya son 2.300 los recursos que han tenido entrada en la Sala.
En la de lo Contencioso-Administrativo, la disminución de asuntos pendientes resulta "patente", ha expuesto De La Oliva, quien ha señalado que el elemento más importante que ha contribuido a ello "es el mayor índice de resolución".
En la sala de lo Civil y Penal y en la sección de Apelación se mantiene una entrada de asuntos prácticamente igual a la de años anteriores.
En cuanto a violencia sobre la Mujer, la presidenta del TSJCV ha destacado que a 31 de diciembre de este año es de esperar que entren en funcionamiento varios juzgados especializados en esta materia, bien exclusivos o comarcalizados. Aunque, ha comentado, "todavía no se ha dictado el decreto de creación".
Solo en el primer trimestre de 2022, los juzgados valencianos con competencias en violencia sobre la Mujer recibieron alrededor de 6.000 denuncias, un 28% más que en el mismo periodo de 2021. La cara más terrible, ha indicado, es la que se ejerce contra los menores de edad.