El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la consellera de Hacienda, Ruth Merino, en el Palau. Foto: EP/ROBER SOLSONAVALÈNCIA. El Consell conformado por el PP y Vox ya trabaja a diario en el que será su primer gran reto de gestión desde que inició su andadura hace algunas semanas: la elaboración de los presupuestos de la Generalitat de 2024. Se trata de la ley más importante del año y suele venir siempre acompañada de algún sobresalto. Esta vez no parece que vaya a ser menos, puesto que si algo tiene claro el Ejecutivo autonómico es que se va a tratar de unas cuentas de complicado encaje, sobre todo por algo que tienen muy claro en el departamento que dirige Ruth Merino: no habrá falsas partidas de ingresos. Y en ello anda.
El mayor interrogante es cómo cuadrará el nuevo Gobierno los ingresos y los gastos, ya que el objetivo de déficit para las Comunidades Autónomas marcado por el Gobierno para el año próximo es del 0%, frente al 0,3% fijado para este año. Al margen de que para la Comunitat Valenciana sea imposible cumplir ese objetivo con el actual sistema de financiación -el déficit en 2022 fue del 3,11% del PIB-, lo que sí tiene obligación el Consell es de presentar unos presupuestos sin déficit, es decir, donde los gastos no superen en un céntimo los ingresos.
Una de las principales críticas de la derecha durante los últimos ocho años, mientras se encontraba en la oposición, ha consistido en que los partidos del Botànic –el PSPV, Compromís y Unides Podem– han dado luz verde a lo largo de dos legislaturas a unos presupuestos que, a su juicio, eran irreales. Sobre todo por la previsión de partidas de ingresos que nunca acaban llegando y que sirven, en primer lugar, para cuadrar el presupuesto sin reducir gastos, y después, sobre todo en los últimos años, para elevar el gasto hasta alcanzar un déficit que ni un sistema de financiación autonómica justo habría arreglado.
Conocida y reiterada ha sido la decisión de la izquierda de incluir las llamadas "partidas reivindicativas". La principal consiste en los ya tradicionales 1.336 millones que el Botànic ha metido año tras año para compensar la infrafinanciación por el retraso en la reforma del sistema. A ellos se añadieron en otras ocasiones –como sucedió en 2022– 1.000 millones de euros en ingresos no garantizados basados en los fondos extraordinarios del Estado para paliar la crisis de la covid, que se habían transferido en 2020 y 2021 pero que el Gobierno anunció que no llegarían en 2022. Y que no llegaron.
En 2023, aunque éstos fondos extraordinarios ya no figuraban en el presupuesto, el Consell acabó incluyendo 800 millones por una deuda que le reclama al Gobierno central por la atención sanitaria a pacientes desplazados, el conocido como Fondo de Garantía Asistencial (Foga), que está pendiente de pago desde hace años. No obstante, el Gobierno de Sánchez solo reconoce una deuda de 80 millones, una décima parte de lo que reclamaba Puig.
Sumadas todas estas partidas, en el Presupuesto de la Generalitat de este año existen un total de 2.136 millones de supuestas transferencias del Estado que el Gobierno no reconoce y que no figuran en los Presupuestos Generales del Estado. La cifra representa alrededor de un 10% del presupuesto no financiero, es decir, del gasto real.
Desde la Conselleria de Hacienda, dirigida por Ruth Merino, trasladan que ya se encuentran elaborando los presupuestos de 2024 sin partidas ficticias y que el objetivo es "ajustar las previsiones a la realidad". Así lo ha mantenido la derecha en su discurso todo este tiempo y así, aseguran, lo cumplirán. Las reuniones en el seno del departamento, señalan, se mantienen a diario y se encuentran estudiando cada capítulo y cada partida al milímetro para adecuar las cuentas.
La pregunta, por tanto, es fácil y la solución complicada: ¿Cómo cuadrarán el PP y Vox unos presupuestos si se eliminan las partidas ficticias? Y aquí únicamente aparecen dos opciones: o la previsión de ingresos que se incluye sigue siendo irreal pero bajo otra fórmula, o se asumen recortes.
Ambas opciones presentan problemas, sobre todo en la imagen y el discurso público del Consell, por lo que fuentes del Gobierno valenciano admiten estar preocupados. A la hora de confeccionar la previsión de ingresos, no sólo habría que tener en cuenta la supresión de las partidas ficticias, sino la bajada de impuestos. Por ejemplo, con la eliminación del de Sucesiones y Donaciones el cálculo es que se dejen de recaudar alrededor de 350 millones de euros el próximo año.
En la parte positiva, sí se producirá una subida de ingresos procedentes de la liquidación del sistema de financiación autonómica del ejercicio 2022. Pero existen más condicionantes. Uno es la optimista previsión de crecimiento en la recaudación de 2023 respecto a los impuestos propios, que a día de hoy no se ha cumplido. Para muestra, el de Transmisiones Patrimoniales, el más importante de los tributos propios. El Consell de Puig apuntó una previsión de 2.284 millones de euros a lo largo del año pero, de acuerdo con los datos oficiales, en los primeros siete meses del año sólo se han recaudado 922 millones.
Otro es que el Ministerio de Hacienda, al estar el Gobierno en funciones, no ha comunicado todavía el importe de las entregas a cuenta de 2024 –los miles de millones de euros procedentes del sistema de financiación dirigidos a cubrir las necesidades de gasto–. Se trata de una información clave para elaborar los presupuestos, por lo que la Generalitat ha comenzado a trabajar con estimaciones a la espera de que el Gobierno central lo traslade. Si bien llegará más dinero del Estado, lo lógico es que gran parte sirva para gastos de personal por el aumento de sueldos de los funcionarios debido a la inflación.
A ello se suma que, según lo trasladado por el Ministerio a Bruselas en el Plan de Estabilidad, no permitirá ni un céntimo de déficit a las Comunidades Autónomas el próximo año.
Con todo este escenario, unos primeros presupuestos con un recorte de alrededor del 10% -más de 2.000 millones de euros- desde luego que no agradan al recién llegado Consell. Por lo que, como alternativa, queda la vía de prever un aumento de ingresos con cierta alegría sobre una previsión de 2023 que ya pecaba de entusiasta. Algo que choca de lleno con el discurso llevado por la derecha. No sólo por parte del PP y Vox –y del propio presidente de la Generalitat, Carlos Mazón–, sino por parte de la portavoz y consellera de Hacienda, Ruth Merino, cuando era síndica de Ciudadanos en Les Corts.
El dilema, de este modo, es evidente: o recurrir a unos recortes que les penalizarían en la gestión -y en imagen ante la opinión púbica- o asumir una fórmula alternativa de ingresos poco realistas que les supondrían una incoherencia absoluta con sus posicionamientos previos al incrementar la deuda. El debate interno se encuentra encima de la mesa y quedan dos meses por delante para elaborar las cuentas. El primer paso será la orden de presupuestos, que previsiblemente será publicada los próximos días.
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