Foto: EDUARDO PARRA/EPVALÈNCIA (EFE/Alejandro Cuevas Vidal). La infraestructura de puntos de recarga públicos en España mantiene un ritmo de crecimiento de unos mil nuevos al mes, pero su número sigue lejos de los objetivos a los que se comprometió España con Bruselas, además de contar con pocos usuarios y falta de potencia.
La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) indica que a 30 de junio había 25.106 puntos de recarga operativos en el país, última cifra con la que cuenta la organización y consensuada entre los operadores de instalación, que supone un 16,4 % más respecto a los datos de 2022, cuando se anotaron 21.573 puntos.
Además, se estima que hay unos 6.800 puntos de recarga pendientes de ser puestos en servicio, un 8 % menos si se tiene en cuenta que finales del año anterior el número ascendía a 7.400.
"Teniendo en cuenta tanto los puntos operativos como los pendientes de puesta en servicio, se ha constatado un ritmo de crecimiento en torno a un millar de puntos de recarga públicos al mes en el primer semestre de 2023, que obviamente se habrá acelerado en el segundo porque se van reduciendo las barreras", ha comentado el director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucia, a EFE.
En caso de activarse todos los puntos de recarga pendientes, la red superaría los 31.000, una cifra todavía lejana al objetivo marcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos europeos, en el que se indicaba que se desplegarían entre 80.000 y 110.000 puntos en 2023, entre aparcamientos y carreteras.
Por su parte, Pérez de Lucia considera que la actual infraestructura es "suficiente para el parque de vehículos eléctricos existente", compuesto por 359.283 coches eléctricos e híbridos enchufables, según el último Anuario de la Movilidad Eléctrica.
Para el director general de Aedive, el principal problema que rodea a la infraestructura de recarga pública española es su bajo uso, situado en un 5,7 %, que es 1,5 puntos porcentuales superior al final de 2022, cuando fue del 4,2 %.
"Es cierto que varía según su ubicación y potencia, pero, en general, el uso medio es muy bajo y poco mayor a una hora al día por punto", lamenta Pérez de Lucia.
Asimismo, el directivo afirma que un nivel tan bajo de empleo viene producido por el reducido tamaño del parque de vehículos eléctricos, pero también por la importancia de la carga privada, aquella realizada en el propio domicilio o el trabajo.
"Hoy en día es mayoritaria, al tiempo que una ventaja competitiva frente al repostaje de combustible, pero es cierto que una gran cantidad de ciudadanos no dispone de su propia plaza de garaje y por tanto, hay que seguir trabajando para implementar una recarga pública de oportunidad y alta potencia", explica el responsable de Aedive.
El precio de un cargador de 74 KW (kilovatios), junto a su instalación en un domicilio o garaje comunitario, ronda entre los 1.500 y 2.000 euros, según ha comprobado EFE tras consultar distintas empresas que ofrecen este servicio.
Sin embargo, el coste se reduciría en un 70 % gracias a las ayudas del Plan MOVES III, dotado de 800 millones para fomentar la movilidad eléctrica, siempre que queden fondos por asignar.
No existen cifras exactas sobre su número en España, pero un estudio de la organización Ecodes determina que se necesitarán 3 millones de puntos de recarga privados si se quiere lograr que circulen por el país los 5 millones de vehículos eléctricos que fija como meta el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía (Pniec).
"La calidad de la infraestructura en cuanto a potencia y ubicación es mucho más importante que la cantidad", asevera Pérez de Lucia.
Según el último informe de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) sobre el sistema de recarga, solo el 22 % de los puntos en la calle superaban los 22 KW en el segundo semestre de 2023, de los que 875 contaban con 150 KW o más de capacidad, en los que se necesita como máximo media hora para completar la carga de un auto.
"Es fundamental que se instalen puntos de mínimo 150 KW y no poner puntos por poner", insiste a EFE el director de comunicación de Anfac, Félix García, quien especifica que "cada punto debería ofrecer la carga mencionada a cada vehículo" y no "incorporar varias mangueras, ya que divide la potencia del suministro".
Asimismo, García considera clave que "se agilicen" los trámites burocráticos, "traba importante" para el montaje de los puntos de recarga, y "se pueda pagar directamente con la tarjeta de crédito en todos y no sea necesaria la descarga de la aplicación de cada distribuidor".
Pese a no estar cerca de la meta del PERTE, España es uno de los países de Europa que cuenta con una red de recarga pública más extendida, según indican datos de la Comisión Europea.
Países Bajos es el líder de la clasificación, con 141.945 puntos, seguido por Francia, con 106.074; Alemania, con 102.679; Reino Unido, con 70.992; Italia, con 35.938, y Bélgica, con 35.938.
Hay instalados 569.922 puntos en el conjunto de la Unión Europea, que pretende que los países miembros coloquen cargadores de al menos 150 KW para turismos y furgonetas cada 60 kilómetros en los principales corredores.
El establecimiento de una infraestructura de recarga pública potente favorece la expansión del vehículo eléctrico, aunque también la reducción de su precio, la mejora de su autonomía y las ayudas estatales que perciben sus compradores.
Según datos de Ideauto, se han matriculado 277.713 vehículos eléctricos entre enero y agosto de 2023 en España.
