CASTELLÓ. Reforzar y poner en valor el papel de las diputaciones provinciales en la desescalada de la pandemia por la Covid-19 es uno de los retos que se han marcado este miércoles los miembros de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias, en una reunión por videoconferencia que ha contado con la presencia del presidente de la Diputación de Castellón, José Martí.
Las entidades locales, como ha quedado reflejado en una reunión coordinada por el presidente de la FEMP, Abel Caballero, han unido fuerzas en defensa de la autonomía local para hacer frente a la emergencia sanitaria y poner los mimbres para la recuperación económica y social de las provincias. Además, inciden en que el compromiso y el esfuerzo realizado durante la crisis sanitaria por parte de los gobiernos provinciales, según han consensuado en un documento.
José Martí, tras la reunión, ha explicado que "todos tenemos claro que hay que salvaguardar la autonomía local en lo que se refiere a la decisión incondicionada de utilización de los recursos propios procedentes del superávit y de los remanentes acumulados", algo que reclaman los ayuntamientos de la provincia de Castellón y que defiende el presidente de la Diputación, quien ha aprovechado para volver a trasladar la petición de moratoria para las instituciones que tienen que aplicar un Plan Económico Financiero (PEF).
En este ámbito, en el transcurso de esta comisión se ha defendido que el Gobierno habilite un fondo no reembolsable para las entidades locales similar al autonómico que ha anunciado el Gobierno, al considerar que no todos los ayuntamientos están en la misma situación económica en caso de que puedan hacer uso de remanentes y superávit.
Por otro lado, se ha puesto encima de la mesa que la situación a la que se está teniendo que responder con medios públicos "ha demostrado la calidad de los recursos humanos de las entidades locales, apuntándose", sin embargo, "que deberían ser revisadas tanto el conjunto de disposiciones que limitan la reposición, en el corto plazo, como la planificación en un horizonte temporal más amplio".
Todos los representantes defienden la necesidad de reformar la Ley de Contratos del Estado, "ya que la actual supone un freno para la agilidad de los procedimientos en un contexto donde es clave la rapidez de reacción", indican desde la Diputación. Además, plantearán que no se obligue a cumplir con el techo de gasto y la estabilidad presupuestaria, “porque si las entidades locales tienen que aumentar sus actuaciones económicas en un contexto donde tendrán menos ingresos, a nadie se le escapa las dificultades que eso conllevar a si no hay cambios en ese sentido”, destaca José Martí.
