Mónica Oltra, a su salida de la declaración judicial. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La causa que afecta a Mónica Oltra se centra en la posible obstaculización, por parte de cargos de la Conselleria de Igualdad que ella dirigía, de la investigación judicial relativa a los abusos sexuales del exmarido de la que fuera vicepresidenta de la Generalitat a una menor tutelada, con sospechas de ocultación y encubrimiento de lo ocurrido. En el marco de la instrucción del procedimiento, la acusación que ejerce la asociación Gobiérna-te, presidida por la exdirigente de Vox Cristina Seguí, pidió incorporar una serie de correos, tanto de las personas que ya se encontraban investigadas como de otras que componían el gabinete de Oltra. La solicitud era durante todo el tiempo en el que tuvieron lugar los hechos, lo cual abarcaba varios años. El juez la aceptó, pero la acotó temporalmente y abrió dos piezas separadas y secretas para ordenar las diligencias.
Existen dos piezas separadas de correos electrónicos. Una es la relativa a los intercambiados por los integrantes del gabinete de la Vicepresidencia. Entre sí y con el entonces jefe de gabinete de Oltra, Miquel Real. El periodo de tiempo es entre el 4 de agosto y el 20 de agosto de 2017.
La otra pieza separada corresponde a los correos de la exvicepresidenta de la Generalitat y de los 13 cargos investigados de la Conselleria de Igualdad en esta causa. Aquí el intervalo de tiempo es superior: desde el 20 de febrero hasta el 23 de marzo de 2017; desde el 5 de julio al 1 de diciembre de 2017; y de octubre a diciembre de 2019. Todos los marcos temporales responden a los meses en los que tuvieron lugar los hechos objeto de investigación.
Ambas piezas separadas se encontraban bajo secreto de sumario. Éste se ha levantado para la primera. La Policía recibió un oficio del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de la causa, en el que ordenaba averiguar dos cosas: de un lado, la identidad de los integrantes del gabinete de la Vicepresidencia entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2017; y, de otro, recabar los correos en los citados días de agosto.
Los correos intervenidos corresponden a miembros que formaban parte del gabinete de Oltra a lo largo de la mayor parte de 2017. Se trata de un total de doce personas y todos eran asesores. Es decir, personal de confianza. No se han intervenido en esta pieza comunicaciones de la exvicepresidenta del Consell.
El motivo por el que el juez acotó la intervención de los correos a entre el 4 y el 20 de agosto es porque, según Oltra aseguró en el juzgado, el día 4 tuvo conocimiento de los abusos y del procedimiento judicial iniciado al respecto. Aquel día, señaló, fue cuando le llamó su exmarido, Luis Ramírez Icardi, porque había recibido la citación en su casa.
El juez trata de determinar la participación del equipo de Oltra en todo lo que la Conselleria realizó con posterioridad a ese 4 de agosto. Motivo por el que decidió, entre otras diligencias, la intervención de los correos como pruebas de cargo o de descargo sobre estas personas.
¿Y qué realizó la Conselleria después de ese 4 de agosto? Después de que la dirección territorial supiera de la investigación de la Fiscalía el 6 de julio de 2017 y no informara de nada al Ministerio Público, la Dirección General de la Infancia inició un expediente el día 8 de agosto para revisar lo ocurrido en el seno de la Conselleria en relación a los abusos sexuales. Éste es considerado por los investigadores paralelo al judicial y en él se incluyeron los informes del Instituto Espill que otorgaron poca credibilidad a la víctima. Razones, todas ellas, por las que se ve como un posible intento de obstaculización del procedimiento judicial ya en marcha.
Oltra sostuvo ante el juez que nunca supo nada del citado expediente. Que, tras tener conocimiento de los abusos en su condición de Mónica Oltra "y no como consellera", habló con su jefe de Gabinete para preguntarle al respecto, quien le dijo posteriormente que no se preocupara de nada –debido a una situación personal por la que ella estaba pasando– y que los técnicos estaban encima del asunto. También incidió en que nada tuvo que ver en la orden de inicio del expediente, ni en la resolución, ni supo nunca de su existencia o contenido hasta dos años después porque no era su función.
En febrero de 2023, el grupo técnico operativo de la Brigada Provincial de la Policía Judicial requirió los datos solicitados por el juzgado. El día 7 de ese mes se personaron en el Complejo Administrativo 9 d'Octubre, donde una técnica de sistemas de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) les facilitó los datos requeridos. Ahí se realizó la extracción de los correos corporativos, no personales, de los miembros del gabinete de Oltra.
De los encontrados y analizados por la Policía, únicamente tienen relación con la causa nueve correos. Ocho pertenecen al en ese momento asesor Enric Juan y uno al por entonces jefe de gabinete de Oltra, Miquel Real.
En uno de los fechados el 8 de agosto –día de apertura del expediente–, existen intercambios de información sobre documentación que consta en la Conselleria vinculada a los abusos: el auto del juzgado del 28 de julio de 2017 donde impone la orden de alejamiento a Icardi solicitada por la Fiscalía; la entrevista que el centro de menores en el que residía la víctima le realizó; el informe final del centro; la diligencia llevada a cabo por la dirección territorial de Igualdad en la que concluyó, en febrero de 2017, que tras una entrevista con la chica no existían indicios de la existencia de un abus, o el inicio de la investigación por parte de la Fiscalía el 6 de julio de 2017.
Igualmente, en aquella jornada, la directora general de Infancia, Gemma Plaza, firmó la orden de inicio de expediente en la Conselleria para "constatar la veracidad de los hechos". Todo ello se lo comunicó a Enric Juan, asesor de Oltra. Al cual le envió, igualmente, la indicación dada a la jefa de servicio de Infancia de responder a la Fiscalía "en todas las cuestiones que plantee" (la exvicepresidenta de la Generalitat siempre mantuvo que, tras entrarse de los abusos y de que la dirección territorial no había avisado al Ministerio Público, se dio la orden de colaboración).
Los correos que constan no son sólo del día de apertura del expediente, sino de casi una semana después. El 14 de agosto la jefa de servicio de Infancia de envía al asesor de Oltra el escrito que van a mandar a la Fiscalía. "Por si quieres añadir o modificar algo", le dice. En él expresa que no informaron de los abusos porque no le otorgaron credibilidad al relato de la víctima y no se consideró necesario realizar más actuaciones. No aparece respuesta de Enric Juan al respecto.
El 16 de agosto también le hacen constar al asesor de Oltra el traslado de centro de la menor. Y el 18 de ese mes una nueva comunicación sobre que "se va a instruir expediente informativo" y las conclusiones firmadas por la misma jefa de servicio en las que se afirma que no existen pruebas de los abusos.
La Policía no realiza valoración alguna sobre los correos, algo que corresponderá en su momento al juez y a la Fiscalía. En principio, tienen escasa relevancia jurídica dado que lo que se pretendía con ellos era que contribuyeran a averiguar el grado de participación en el expediente del gabinete de Vicepresidencia. Pero lo que vienen a ratificar es lo ya sabido y toda la cronología de hechos que figura en la investigación. Como añadido, confirman que miembros del equipo de Oltra –Miquel Real y Enric Juan– fueron informados del expediente abierto en la Conselleria. Todas las comunicaciones entre el gabinete son a partir del 8 de agosto y Oltra no aparece en ellas.
Dado que no se ha intervenido ni analizado ningún correo previo a la fecha del 4 de agosto, no ha sido posible revisar ni los anteriores a la investigación judicial puesta en marcha ni los anteriores al conocimiento de Oltra de lo sucedido. Las conclusiones sobre lo ocurrido antes de ese momento, por tanto, no se pueden sacar todavía. Y el juez, de hecho, no consideró que en este caso fuera fundamental para la prueba debido a que se centra en el expediente.
Lo que faltará por comprobar es el contenido de la otra pieza separada. Aquella que permanece secreta y que corresponde a Oltra y al resto de cargos de la Conselleria sobre periodos de tiempo previos a agosto. Ésta sí resulta de mayor relevancia jurídica y habrá que esperar a comprobar si aporta más conclusiones sobre los hechos en cargo o descargo de los investigados.
Al margen del contenido de los correos y de su recorrido judicial, el contenido de la pieza separada conocido estos días sí descarta el borrado o manipulación de las comunicaciones por parte de la Generalitat del que alertó la acusación ejercida por Cristina Seguí. En un escrito, advirtió al juzgado de la necesidad de recabar los correos con rapidez por una nota interna de la DGTIC en la que informaba de que se iban a borrar las cuentas con dominio "cv.gva.es" al no ser ya utilizadas. La Generalitat informó de que ese dominio, que se creó hace muchos años, no tenía relación alguna con la Conselleria de Igualdad ni con el gabinete de Vicepresidencia. Como consecuencia, el juzgado dejó sin efecto la orden del bloqueo e inhabilitación.
