Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. Las empresas concesionarias del servicio de ITV en la Comunitat Valenciana, que en 2023 pasará a ser prestado directamente por la Generalitat a través de una sociedad pública que se subrogará a un millar de trabajadores de las empresas privadas, han incrementado de forma considerable sus plantillas en los años previos a la finalización del contrato.
El aumento entre 2016 y 2020, el periodo analizado por la Generalitat para valorar la viabilidad económica del servicio, oscila entre el 13% y el 47%, según los lotes. Este marcado incremento de personal a las puertas de la reversión tras 25 años de gestión privada contrasta con el número de inspecciones realizadas en el mismo periodo, que no aumenta al mismo ritmo que el personal. Ello que provoca que la productividad, medida en términos de pruebas por trabajador haya ido, haya ido bajando ejercicio tras ejercicio desde 2016.
Así consta en las previsiones económicas de la Societat Pública d’ITV, la mercantil pública que se creará este año para gestionar el servicio auspiciada por la Conselleria de Economía Sostenible. Según esos análisis preliminares, que se centran en cinco de los siete lotes al excluir a las empresas que tienen alguna estación fuera de la Comunitat Valenciana, el aumento constante de los gastos de personal en todos y cada uno de los lotes es la principal causa de la reducción de la rentabilidad de las concesiones, que en datos agregados cae del 21,3% –resultado de explotación sobre ventas– al 5,75% en 2020.
La reversión dará lugar a la subrogación por parte de la nueva sociedad pública de la mayor parte del personal contratado por las empresas concesionarias de ITV. Para ello, la Generalitat realizará una auditoria de personal para comprobar la antigüedad de las contrataciones realizadas por las concesionarias y proponer una nueva estructuración de la plantilla existente. Tras ese análisis también propondrá un único convenio colectivo a aplicar a todo el personal, que actualmente está sometido a distintos convenios en función de la empresa de procedencia.
La previsión es que, sobre los 999 empleados que pasarán a la empresa pública, se realice una propuesta de prejubilaciones y readaptaciones al nuevo puesto de trabajo. Además, la administración debe comprobar los contratos laborales celebrados en los tres años anteriores al vencimiento de la concesión, periodo en el que las incorporaciones debían contar con el visto bueno de la administración. Si se considera oportuno tras ese análisis, la futura empresa pública podrá eliminar puestos.
El caso más llamativo en cuanto a incremento relativo de personal es de la concesionaria del lote 7, Pista ITV SA, el más pequeño en tamaño y que gestiona las estaciones de Torrevieja, Pilar de la Horadada y Orihuela. Su plantilla se incrementó un 47% entre 2016 y 2020 al incorporar a 18 personas, lo que derivó en un aumento de los gastos de personal que, unido a la caída de los ingresos, explica el desplome del 54% de sus gastos de explotación entre 2016 y 2020.
El concesionario con mayor plantilla en 2020 era el de las estaciones de Ribarroja, Utiel, Catarroja, Llíria y Vara de Quart (Valencia) (lote 3). En su caso, pasó de 142 a 186 trabajadores, lo que equivale a un aumento del 28% en cinco años. A cierre de 2020, sus gastos de personal representaban el 57% de la facturación neta, un 11% más que en el ejercicio 2016.
El incremento del 21,5% de los costes de personal y la bajada de los ingresos casi en un 4% en el mismo periodo explican la progresiva caída de la rentabilidad de Valenciana de Servicios ITV año tras año, pues la empresa pasó de ganar 2,3 millones de euros en 2016 a 0,96 millones en 2020. El resultado de explotación, con todo, es positivo y supuso una rentabilidad mínima del 8,5% sobre ingresos en los cinco años analizados.
El análisis de la Conselleria de Economía destaca que, mientras las revisiones se redujeron un 3,4%, la plantilla aumentó un 9,6% en 2020, año marcado por la pandemia, con lo que el ratio de pruebas por empleado cayó cerca de un 12% en un solo ejercicio.
También es considerable el aumento de personal al servicio de de ITV de Levante entre 2016 y 2019, que superó el 24% al pasar de 129 a 160 efectivos, un porcentaje inferior a lo que crecieron sus gastos de personal. La concesionaria de las estaciones de Massalfassar, Campanar (Valencia) y San Antonio de Benagéber (lote 2) logró pese a ello un resultado de explotación positivo y superior a 1 millón de euros en cada uno de esos ejercicios, siendo el promedio de 1,7 millones anuales.
En el caso de Compañía Valenciana de Revisiones (lote 1) los ingresos en el periodo analizado aumentaron muy por debajo de los gastos de personal: un 1,3 por ciento frente al 26% en el que creció el coste de la plantilla, que se incrementaron casi un 15% hasta 149 trabajadores.
En la empresa concesionaria de las estaciones de Gandía, Ontinyent, Alzira, Alcoi, Ondara y Xátiva, Aseguramiento Técnico de Calidad SL (lote 4), se da la misma evolución que en los lotes anteriores, aunque en su caso las oscilaciones en ventas y gastos de personal son más marcadas. De 2016 a 2020 sus ingresos cayeron un 14,3% mientras los gastos de personal aumentaron un 34,7%. La empresa incurrió en pérdidas el año de la pandemia, aunque su beneficio neto promedio en el periodo superó los 1,3 millones de euros.
La sociedad pública mercantil que a partir del próximo año prestará de forma directa el servicio de ITV por encargo de la Generalitat tendrá un presupuesto inicial de 756.000 euros que serán aportados por la Generalitat este mismo año para su puesta en marcha. Su primera tarea será tramitar el traspaso de la gestión privada a pública.
A partir de 2023, el servicio será prestado directamente por una sociedad mercantil pública que, según el borrador de memoria económica en el que trabaja la Conselleria de Economía Sostenible, se financiará con sus propios recursos, ya que el resultado de explotación superará los 32 millones desde el primer ejercicio completo en funcionamiento.
La creación de la Societat Valenciana d’ITV fue aprobada el pasado viernes tras recibir luz verde en el pleno del Consell el correspondiente decreto-ley de creación.
La sostenibilidad futura de la nueva empresa se ha analizado teniendo en cuenta la cuenta de resultados de los últimos cuatro ejercicios de las concesionarias que únicamente explotan ITV de la Comunitat Valenciana. Las cifras obtenidas van en la línea de los informes previos realizados por la Conselleria para analizar la viabilidad de la reversión.
