VALÈNCIA. (EFE) La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (AECOVA-ITV) ha anunciado que pedirá una "prórroga especial" de la gestión indirecta del servicio de las ITV en la Comunitat Valenciana con motivo del parón motivado por la pandemia.
El contrato de concesión del servicio de las ITV finaliza el 31 de diciembre de 2022, y a partir de ese momento la Societat Valenciana d'Inspecció Tècnica de Vehicles SA, mercantil de la Generalitat, prestará el servicio en régimen de gestión directa.
AECOVA-ITV ha informado este martes de que comienza una ronda de contactos y de apoyos públicos y privados para elaborar "un informe transparente" para la difusión y divulgación de "los datos reales de gestión e inversión en el servicio público de las ITV durante los últimos 24 años".
Un informe que presentará a los grupos parlamentarios en Les Corts, a la Conselleria de Hacienda y, entre otras instancias, a la Comisión de Estudio para la Reversión de Servicios Públicos Externalizados, de la mano de la CEV, con el fin de "demostrar que la Conselleria de Economía Sostenible se ha basado en una referencia externa falta de rigor para justificar el paso a la gestión directa del servicio que ofrecemos", según aseguran.
También pretenden realizar una comparación "constructiva" de los indicadores de calidad asistencial con las ITV de otras comunidades autónomas -la mayoría, el 90 %, están gestionadas de manera indirecta- para "enriquecer, si cabe" el servicio que brindan con mejoras de cara a los próximos años, revisión de los tiempos medio de espera, de las tarifas y del número de estaciones de inspección.
Plantearán vías alternativas de gestión que permitan realizar una transición basada en la colaboración público-privada "antes que la puesta en práctica de una decisión política que afecta directamente a la calidad del servicio público y, especialmente, al contribuyente, sea o no sea conductor".
AECOVA-ITV asegura que afronta con "transparencia, lealtad institucional, capacidad conciliadora y con el sentido de prevalencia del servicio público que brindan sus 7 lotes asociados" una etapa clave para "la seguridad vial y la calidad asistencial que brindamos desde hace 24 años a las conductoras y a los conductores de las tres provincias".
"Asistimos a un escenario clave para hacer valer la calidad de la gestión realizada durante este tiempo y para plantear oportunidades dialécticas favorables para el diálogo, la seguridad vial, la colaboración púbico-privada e, incluso, para debatir acerca de las posibilidades de implementar nuevas líneas de gestión como las que ya funcionan en otras comunidades autónomas", insisten.
La asociación quiere desvincularse "de cualquier relación que pretendan establecer desde algunos foros políticos con etapas pasadas que nada tienen que ver con nosotros" y defienden ser empresarios "con trayectorias incontestables que creen en la colaboración público-privada, con la adaptación inmediata a las nuevas exigencias de la Generalitat y a las necesidades generadas debido a la lucha contra el cambio climático".
