La sempiterna lucha contra la corrupción

Escribía ese torbellino humano que es Juan Carlos Galindo, compañero de tertulias radiofónicas en la COPE, dirigidas por ese number one que es Vicente Ordaz, en su columna de la semana pasada, que la Agencia Antifraude, dirigida por Joan Llinares, era necesaria. Yo, además, añadiría que es de justicia y de necesidad su existencia (por aquello de que es justo y necesario), pero ¿es suficiente? Porque la lucha contra la corrupción, esa manifestación de la perversión y latrocinio en las prácticas y quehaceres administrativos en sus relaciones con los ciudadanos, requiere de algo más, aparte de todo el entramado fiscalizador del Estado de Derecho del que la Agencia es un eslabón más, exige, fundamentalmente, de la complicidad de toda la sociedad.

Como ven es un simple, aunque importante, pero; quizás porque mi amigo Galindo es un sufrido Autónomo y personaliza mucho en su más que interesante artículo, y yo, como servidor público, lo veo más desde la perspectiva de las estructuras públicas al servicio de la sociedad, nudo gordiano de muchos de los problemas de la gestión política, como diría mi amigo el Marqués de Foios. Porque la lucha contra la corrupción, no es una cuestión de este u otro partido político, porque recuerdo que en la Galicia de Alberto Núñez Feijóo se modificó en 2015 la ley reguladora del Consello de Contas, para otorgarle la competencia de prevención de la corrupción.

La corrupción es una cuestión de personas, de la naturaleza humana, no es de derechas ni de izquierdas, ya sea investigado, el mismísimo hermano de Ximo Puig por haber recibido un sinfín de subvenciones sospechosas, o todo el equipo (ella incluida) de Mónica Oltra por el procedimiento administrativo realizado a consecuencia de los abusos (ya sentenciados) por el marido (en aquel entonces) de la lideresa de Compromís (también entonces) de una menor a cargo de su Conselleria, o el décimo proceso de Francisco Camps tras ser exculpado en los 9 anteriores.

Y mucho menos que la corrupción sea propio de una comunidad autónoma u otra, no dejemos iniciar, por favor, otra campaña de inmolación que parecemos siempre la cabeza de turco de las 17 autonomías (recuerden el caso futbolístico de Vinicius Jr.). Porque algunos parece que quieran demonizar el acuerdo de gobierno del Consell presidido por Carlos Mazón, para así transformarla en arma arrojadiza en esta veraniega campaña electoral. Como aquella campaña que se organizó entre 2009 y 2015 contra nuestra Comunitat, y no digo que no se ataque la corrupción ! ojo !, pero parecíamos la personificación del mal y de la corrupción (cuando en las comunidades Andaluza y Catalana, por ejemplo, pasaba lo que pasaba), y cuando uno encendía los telediarios y escuchaba tertulias (e incluso cuando uno mismo hablaba con compañeros y amigos de fuera de Valencia) se escuchaban barbaridades de aquí, mofas de nuestras costumbres y estereotipos varios, vamos el hazmerreír de toda España. Casi casi recuerda a las campañas de los seguidores de Blasco Ibáñez contra las tradiciones y procesiones de la Virgen de los Desamparadores en concreto las del periodista Felix Azzati, e incluso las palabras del propio escritor retratándonos en sus obras, por ejemplo en su obra preferida Cañas y Barro, por ser la más “redonda”, como simplones y primitivos, entregados a las bajas pasiones, como la gula del alcoholizado Sangonera que muere por un empacho, o las infidelidades de una Neleta, casada por conveniencia con un Paco Cachamel cuasi explotador y rico hostelero (para lo que es su entorno), con un  holgazán Tonet que mata a su propio hijo-bebe nacido de esa relación adúltera, etcétera, etcétera, etcétera.

También el artículo de Galindo es demasiado personalista cuando parece descargar sobre los hombros de Llinares todo el peso de la lucha anticorrupción, parece un poco duro, o heavy que dirían los más jóvenes; es una lucha de toda la sociedad, por eso aquello de que la Agencia Antifraude es justa y necesaria, pero no suficiente, requiere de la complicidad de toda la sociedad, y gracias al necesario desarrollo de una cultura cívica de la res pública, que ya existía en la antigua Roma, por lo que podríamos afirmar que va más allá de ideologías, regímenes y hasta de cuestiones temporales, por lo que la desaparición de la Agencia no debería estar en ninguna agenda política, otra cosa es su adaptación o modificación, pues cualquier organismo o ente tiene su camino de mejora.

Y esa es una de las grandes líneas de trabajo que desarrolla la Agencia, el desarrollo de una ética pública, como forma de “gobernar y gestionar lo público haciendo las cosas bien” y de Integridad pública como forma de desarrollo de la función pública para “Dar prioridad a los intereses públicos por encima de los intereses privados. Alinearse con los valores, principios y normas compartidos por la comunidad” como se recoge en su recién, y necesario, Código de Integridad de la Comunitat Valenciana. Porque, si leen, entre líneas, los titulares y artículos de la prensa podrán entender como se ha ido transmitiendo por los vericuetos de todos los partidos políticos, dado que sólo hay que ver cómo sus representantes miran a la Agencia de reojo, de una manera u otra. Esta actitud es algo que a los fiscalizadores nos transmite una cierta seguridad de que se está haciendo bien el trabajo, pues mala cosa es cuando un gestor realiza loas y se vanagloria de su órgano controlador.

Pero, ojo, tampoco es suficiente (creo que nunca lo será, por aquello de la eterna lucha entre el bien y el mal) se necesita, también, mejorar la articulación y coordinación de todos los órganos del Estado de Derecho que realizan esas labores fiscalizadoras, ya sean del poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, siendo esta línea de trabajo bastante bisoña.

Porque la persecución de esas acciones que chocan con el cumplimiento de las normas y el espíritu de las leyes, tienen múltiples consecuencias, algunos actos son claramente delictivos, por estar tipificados penalmente (campo de acción de la Fiscalía), pero otros incumplimientos son simples (aunque graves) ilícitos con su propia reprensión jurídica (donde podrían entrar a jugar los OCEX como la Sindicatura de Comptes), e incluso algunos no llegan a ser ilícitos, se quedan en irregularidades administrativas, que también deben ser perseguidas, y donde, por ejemplo, la Agencia tiene un amplio campo de actuación.

Para finalizar, y que me disculpe Juan Carlos Galindo, por usar y abusar de su artículo de La Vanguardia, cuando se habla de corrupción, por no confundir a los lectores, no es stricto sensu una única tipificación penal, son varias, según el repositorio de datos sobre procesos por corrupción del poder judicial, se consideran delitos relacionados con la corrupción, casi una decena de tipos delictivos, donde por cierto son participes no sólo las autoridades y funcionarios públicos, sino también son participes en la comisión del delito ciudadanos privados que se benefician del mismo, por lo que existe una concurrencia tanto del sector público como del privado, pues en la lucha contra la corrupción estamos todos, o deberíamos estar, en el mismo barco.