VALÈNCIA. La Sindicatura de Comptes advierte en su último informe de fiscalización de la Cuenta de la Administración de la Generalitat de la obligación del Gobierno autonómico de actuar contra el avance del cambio climático.
El órgano encargado de controlar las cuentas del Ejecutivo valenciano realiza por primera vez esta mención explícita en su informe de auditoría correspondiente a 2022, el último ejercicio completo del anterior Consell conformado por el PSPV, Compromís y Unides Podem.
La Sindicatura lleva desde 2016 avisando del riesgo para el sector público tanto del cambio climático como del cénit en la extracción de combustibles fósiles y su difícil sustitución por otras fuentes energéticas. Pero en su último informe, el de 2022, se alude directamente al deber por parte de la administración de combatir el cambio climático.
Recuerda, en este sentido, que la Constitución establece "el derecho a disfrutar de un medioambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo", a lo que añade que "los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medioambiente".
El órgano recuerda que durante estos año se han ido acentuado los problemas y la preocupación internacional ha crecido. Así, remarca que las advertencias no solo provienen de la comunidad científica, sino también de ámbitos tan dispares como la ONU o la Iglesia católica.
Los últimos informes de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat han hecho hincapié en los difíciles desafíos que plantean las tres crisis –climática, energética y de minerales– y los cuales ya afectan a las políticas públicas. Motivo por el cual alertan al Consell de la necesidad de que "tome las precauciones necesarias en sus políticas de gasto y en sus fuentes de ingresos ante los retos económicos y sociales que se avecinan".
La Sindicatura aboga no solo por dedicar esfuerzos al aumento de eficiencia energética y a la inversión en nuevas fuentes, sino también por prestar cada vez más atención a la reducción del consumo energético. "Hemos insistido en que no solo es conveniente una transición energética, sino que es imprescindible una transición en el ámbito social y económico hacia un modelo en el que decrezcan las necesidades energéticas", dice el informe.
El órgano reitera de este modo su preocupación por el hecho de que "una parte cada vez más importante del presupuesto público se destina a políticas energéticas de dudosa eficacia, en detrimento de otras medidas destinadas a aumentar la resiliencia y preparar a la sociedad ante escenarios con menor energía neta disponible".
Esta gran cantidad de dinero, señala, "supone un peligro por la probabilidad de provocar burbujas especulativas aprovechado fondos públicos, incluso con consecuencias contrarias a la necesaria lucha medioambiental y de transición energética, y que resultan contradictorias con la constatación del rebasamiento de los límites biofísicos del planeta".
"Los planes concretos de actuación parecen más preocupados por mantener la actividad empresarial a toda costa, obviando el endeudamiento público que ello provoca, lo que podría dificultar el sostenimiento futuro de los servicios públicos fundamentales", zanja la Sindicatura.