Si nos preguntan en qué tipo de sociedad nos gustaría vivir, seguro que la mayoría contestamos que queremos una sociedad fuerte, sostenible y medioambientalmente estable, donde las organizaciones y las empresas públicas o privadas pudieran contribuir al desarrollo sin comprometer los recursos naturales. Donde la alimentación y el comercio de alimentos fuera más justo. Donde no hubiera desperdicio alimentario en zonas altamente pobladas y hambruna en los países en vías de desarrollo.
Y yo creo que la única forma de que esa sociedad exista, de que las empresas puedan generar beneficios sin explotar los recursos, es llevando la sostenibilidad por bandera. Porque ser sostenible funciona. Porque una sociedad fuerte y cohesionada solo puede desarrollarse con los valores de la sostenibilidad, de la economía circular, donde el cuidado del medio ambiente impregne las empresas públicas o privadas de cualquier sector.
Porque nuestro objetivo como representantes públicos es ayudar e incentivar a las empresas a que creen y fortalezcan su ADN sostenible, porque las empresas con un fuerte ADN sostenible tienen más probabilidades de obtener mejores rendimientos financieros y un impacto positivo a largo plazo. Para ello es necesario que todos, desde nuestros ámbitos de actuación público o privado, podamos ser capaces de crear y transmitir un liderazgo responsable.
Las organizaciones sostenibles ofrecen mayor valor y un impacto extraordinario. No en vano, cada vez más, las instituciones públicas exigen criterios ecológicos en la contratación pública, tal como se establece en el BOE de 4 de febrero 2019 donde aparece publicada la Orden de Presidencia PCI/86/2019, de 31 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministro de 7 de diciembre de 2018, por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social.
El Plan responde a la necesidad de incorporar criterios ecológicos en la contratación pública, lo que permitirá a las administraciones, en el desarrollo de su actividad, fomentar y contribuir a los objetivos de sostenibilidad económica y medioambiental. El Plan establece unos objetivos, como son la promoción de la adquisición por la administración pública de bienes, obras y servicios con el menor impacto medioambiental, servir como instrumento de impulso de la Estrategia Española de Economía circular, garantizar un uso más racional y económico de los fondos públicos o promover cláusulas medioambientales en la contratación pública. Y es que la contratación pública ecológica (CPE) es una importante herramienta para el logro de las políticas medioambientales relacionadas con el cambio climático, la utilización de los recursos y la producción y el consumo sostenibles.
Ése es el camino y ahí debemos trabajar. Porque las generaciones presentes y futuras deben ser capaces de satisfacer sus necesidades respetando los recursos naturales y con la mirada puesta en la lucha contra el cambio climático.
Para llegar a un desarrollo real de las actividades económicas sostenibles se debe fomentar las energías renovables que, de forma limpia, contribuyen a una estabilidad medioambiental. Debemos ser capaces de que la agricultura y alimentación implique una explotación más racional del suelo, con medidas que permitan regenerar sus nutrientes, respetando la riqueza natural y sin que afecte a la biodiversidad propia de los ecosistemas. En el sector de la construcción, se debe optar por respetar las áreas naturales, con una construcción necesaria pero sostenible medioambientalmente. En el transporte, que produzca menos emisiones de CO2, donde los vehículos eléctricos tengan cada vez más valor.
En definitiva, si nos preguntaran en qué tipo de sociedad nos gustaría vivir, sin duda que diríamos que en una sociedad justa y equilibrada en la que, sin duda, valdría la pena vivir, donde el progreso no estuviera reñido con la sostenibilidad, más bien al contrario. Donde la investigación nos aportara día a día nuevas formas de hacer, nuevas formas de trabajar para nuevas formas de vivir.
Robert Raga, presidente del Consorcio Valencia Interior
