Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA (EFE/Jordi Ferrer). La jueza del caso Erial ha puesto colofón a la instrucción de la causa contra Eduardo Zaplana con un revelador auto que pone de manifiesto que la acusación contra el expresident de la Generalitat y exministro parece contar con evidencias incriminatorias más allá de los conocidos como "papeles del sirio", cuya existencia y hallazgo parecen propios de una novela negra.
Al margen de estos papeles y su rocambolesca llegada a manos de la Justicia, este último auto cimenta otras pruebas contra Zaplana en forma de documentos, testimonios y la trazabilidad de una fortuna en fondos e inmuebles.
Los conocidos como "papeles del sirio" tienen su origen en un registro en el despacho de abogados del autodenominado 'yonqui del dinero', Marcos Benavent (protagonista principal de otra macrocausa vinculada con la corrupción, el caso Imelsa, sobre prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, fraude en la contratación y blanqueo de capitales en esta empresa de la Diputación de Valencia), y están considerados por los investigadores como la "auténtica hoja de ruta" para el supuesto amaño de las licitaciones por la Generalitat del Plan Eólico y las ITV y el aparente cobro de comisiones ilícitas.
Los documentos estaban en poder de Marcos Benavent porque se los había entregado en el año 2012 una persona de origen sirio llamada Imad, que dijo haberlos encontrado "abandonados" dentro de un sobre unos diez años antes, alrededor de 2007, en una vivienda en la que residió en régimen de alquiler, cuyos propietarios fueron entre 1998 y diciembre de 2006 Zaplana y su esposa.
Se trataba de tres documentos donde se vislumbraba, según los investigadores, una posible connivencia en la adjudicación de determinadas concesiones públicas del Plan eólico y las ITV a favor de sociedades ligadas al grupo Sedesa, del clan familiar de los Cotino (encabezado por el fallecido ex director general de la Policía, exvicepresidente de la Generalitat y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino), por las que abonaron, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, unas comisiones ilícitas de 6,4 millones de euros.
El hallazgo de estos "papeles del sirio" son unos hechos ciertamente sorprendentes que han sido cuestionados en reiteradas ocasiones por la defensa de Zaplana. De hecho, su letrado solicitó la declaración de Benavent tras cambiar éste de abogado y dejar de colaborar con la Justicia.
Aunque la titular de Instrucción 8 no consideró necesaria esa declaración, lo cierto es que el "yonqui del dinero", en su declaración como procesado en el primer juicio del caso Imelsa, ya afirmó, sin que nadie le preguntase al respecto, que consideraba ilegal el registro del despacho de su exabogado (donde se hallaron los "papeles del sirio") y que sobre este asunto declaró bajo presión tras la detención de Zaplana.
Este testimonio podría ser utilizado por la defensa del exministro para desacreditar esos papeles, pero en el sumario hay otros documentos que parecen incriminarle, como los hallados en su domicilio más reciente de València, en los que, según la jueza instructora, "se describe el proceso del retorno" de los fondos desde una de las sociedades luxemburguesas (Imison) donde los Cotino, supuestamente, depositaron las comisiones ilícitas.
Dicho documento refleja también las inversiones inmobiliarias en la Costa Blanca y en embarcaciones realizadas con dichos fondos.
También se encontraron en poder de Zaplana copias de correos electrónicos mantenidos con supuestos testaferros en los que se hacía referencia a su supuesta titularidad de determinados fondos y operaciones, aunque formalmente no apareciera en el procedimiento de contratación.
Otra de pruebas en apariencia más sólidas contra Zaplana es el testimonio del abogado uruguayo Fernando Belhot, que ha admitido haber colaborado en la gestión de fondos opacos y que ha facilitado a la Fiscalía Anticorrupción la recuperación de 6,8 millones de euros.
Según la jueza instructora, Belhot fue contratado por Zaplana para sustituir a Beatriz Paesa -sobrina del espía Francisco Paesa- en la administración del "dinero procedente de la actividad delictiva" que éste ocultó inicialmente en Luxemburgo.
La instructora cree que Belhot "desconocía el origen delictivo de los fondos, dado que profesionalmente se dedicaba a gestionar patrimonios".
"La gestión encomendada por Eduardo Zaplana a Belhot se basaba en la confianza, no suscribiéndose ningún tipo de contrato entre las partes, ni con Eduardo Zaplana ni con ningún otro cliente. Las órdenes se daban de forma verbal para ocultar al cliente, y mantenían reuniones físicas (que fueron grabadas por la UCO en el Hotel Wellington de Madrid), y telefónicas".
Los investigadores han concluido que el dinero depositado en Suiza por Belhot era de Eduardo Zaplana.
El administrador uruguayo, siempre según las conclusiones de la jueza instructora, hacía llegar fondos a Zaplana a través de un sistema de cambios dirigidos a su secretaria, Mitsuoko Henríquez, concretamente 2,3 millones de euros en 7 años.
Este sistema de reintegros, apunta la jueza, "es muy común en Sudamérica y consiste en que dichos cambistas reciben el dinero y a su vez facilitan a otra persona que lleve a cabo la entrega del mismo, en el país interesado, a la persona que se designe, haciéndolo siempre en efectivo de modo que queda rastro del mismo".
En los últimos meses de la investigación judicial Belhot transfirió a los juzgados valencianos 6.734.026,1 euros procedentes de las cuentas suizas que gestionaba en nombre de Zaplana, aunque se estima que las comisiones ilícitas pudieron superar los 15 millones.
