Foto: AERTEVALÈNCIA (EFE). La patronal de residencias Aerte ha exigido este miércoles ante el Palau de la Generalitat un nuevo modelo de servicios sociales que aporte el "presupuesto necesario" y no suponga para las personas usuarias un "aumento del copago", que puede llevar a que muchas de ellas tengan que abandonar las residencias por no poder hacer frente a las nueva tarifas.
Se trata de la tercera concentración que realiza la entidad -las dos anteriores fueron frente a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas-, y en todas ellas el lema ha sido “Contra el bloqueo del acceso al sistema de salud mental y de dependencia”.
La protesta, a la que según los organizadores han acudido unas 400 personas, ha sido respaldada por la Federación Valenciana de Asociaciones de Familiares y Amigos de Personas con Alzheimer (FEVAFA), que representa a 42 organizaciones, y el Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat Valenciana, así como entidades del sector, profesionales, personas usuarias y familiares.
Los concentrados también han reclamado una atención a la salud mental rehabilitadora "para todas las personas y sin recortes", centros específicos de Alzheimer y de atención a las necesidades de cada persona, el mantenimiento de las plazas existentes y el fomento de generación de las nuevas necesarias. Además, abogan por el consenso y la no exclusión de colectivos profesionales.
Durante la concentración se ha leído un manifiesto en el que han señalado que para que la salud mental sea "una verdadera prioridad" se debe poner el foco en las personas que se encuentran en esa situación "y ofrecerles los apoyos necesarios para que puedan establecer un proceso de rehabilitación psicosocial adecuado".
Recuerda que en los últimos años se ha impulsado una red de viviendas de apoyo en salud mental, generando 107 nuevos espacios desde septiembre de 2015 debido al fomento de la Conselleria de Igualdad, y subraya el resultado de las mismas, ya que han cumplido su "función temporal y complementaria, a rehacer su vida a muchas personas".
Aerte critica que desde agosto del pasado año, con el Decreto 102/2022, Igualdad ha reducido los importes de ayuda que ofrecía a estas personas para acceder a una plaza en una vivienda supervisada, argumentando que hay "otros servicios compatibles para apoyarlos", lo que "provoca, desde hace ocho meses, el bloqueo del acceso al sistema".
"Las trabajadoras sociales de los hospitales o de los municipios no pueden enviar a estas personas a los servicios que necesitan porque la prestación que le ofrece no cubre el importe total de la plaza y no tienen capacidad de pagar la diferencia", indican desde Aerte, que añaden que solo "pueden permitírselo las personas con gran capacidad económica, y esto no es justo".
Además, señala que se impide la transición entre recursos necesaria en el proceso de rehabilitación de las personas con problema de salud mental, lo que paraliza el proceso, algo "absolutamente irresponsable por parte de la Administración".
"No se ha cambiado el sistema porque no funcione, que lo está haciendo, sino porque les parece caro", denuncia Aerte en el manifiesto, en el que señala que aunque la Ley de Presupuestos recoge que una plaza en una vivienda de este tipo cuesta 1.973 euros, Igualdad "sólo concede un máximo de 715 a la persona que lo necesita".
Desde Aerte recuerdan que en la memoria económica del decreto, el incremento de las ayudas previsto "es insuficiente para cubrir el coste de los nuevos requisitos exigidos", lo que a su juicio, "provocará que aumente el copago que llevan a cabo las personas usuarias y sus familias" y esto puede provocar que muchas personas "tengan que abandonar estos centros por la incapacidad de hacer frente a las nuevas tarifas".
A juicio de Aerte, con el Decreto también se ha limitado la posibilidad de elección de centros residenciales a muchas personas mayores o con problemas de salud mental que han solicitado "una plaza pública de las escasas que hay y que no pueden acceder a ella".
Hasta ahora, se les resolvía una prestación vinculada de garantía que les permitía elegir entre todos los centros autorizados de la Comunitat, incluso disponer de servicios añadidos, como una habitación individual.
Ahora, "el tope de la ayuda impide acudir a muchos centros ya que la ayuda máxima es inferior a la tarifa que tienen esas residencias y la persona no puede pagar la diferencia aunque tenga capacidad para abonarla", subraya la patronal, que añade que han sido más de 100 las residencias que han informado a Igualdad de la imposibilidad de poder atender a personas con esta limitación.
Desde Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad han señalado a EFE que la aplicación del decreto se está haciendo de forma "dialogada y consensuada" con sindicatos, entidades del tercer sector y patronales, "entre las que figura Aerte, que ha participado en la ronda de reuniones para implantarlo".
Por lo tanto, añaden las fuentes, "no hay razón para la alarma excepto si las empresas de las residencias de personas mayores quieren mantener su nivel de lucro en niveles muy elevados, pero consideramos que, tras la pandemia, también deben arrimar el hombro para mejorar la calidad de sus servicios".
Recuerdan que la implantación del decreto irá acompañada de 137 millones de euros para facilitar que las residencias del sector público o con plazas concertadas "tengan garantizado el apoyo financiero de la Generalitat para acometer los cambios previstos".
Destacan que la Comunitat Valenciana es la primera en incorporar, mediante este decreto, todas las mejoras consensuadas en el acuerdo estatal sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios de promoción de la autonomía y atención a personas en situación de dependencia de la Comisión Interterritorial del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Las modificaciones respondían a la necesidad de mejoras en Colón 80 como centro de valoración de discapacidad antes del cambio de planes de Vicepresidencia
