El conseller de Política Territorial, Arcadi España, en una visita a las obras del metro de València. Foto: JORGE GIL/EVALÈNCIA. El pasado 13 de octubre se conoció que el Gobierno de España, en su proyecto para 2022 de Presupuestos Generales del Estado (PGE), inyectaría un 'bonus' de 300 millones a la Conselleria de Obras Públicas que lidera Arcadi España para que los gestionara libremente en los próximos años. Un anuncio más que relevante para un departamento que en los últimos tiempos había visto muy limitada su capacidad de inversión. Y que, además, se vendió como una suerte de fondo extra para compensar a la provincia de Alicante en infraestructuras, que había salido mal parada en el reparto de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, tal y como reconoció el propio president de la Generalitat, Ximo Puig.
Ya en aquel momento, se explicó que no sería hasta el mes de enero cuando el Ejecutivo central y el gobierno autonómico se sentarían para firmar un convenio que marcara las actuaciones y el calendario de ejecución de las obras. En concreto, estas inversiones se repartirían en 200 millones de transferencia de capital para financiar infraestructuras y 100 millones que irían destinados para innovación en materia de movilidad. El propio conseller de Hacienda, Vicent Soler, se dio más margen señalando que el aterrizaje de estas inversiones se podría concretar a lo largo del primer trimestre de este año.
No obstante, recién inaugurado el mes de abril, todavía no ha podido concretarse cómo va a plasmarse la llegada de ese dinero para inversiones -en muchos casos plurianuales-, qué proyectos serán los elegidos y cuándo van a comenzar las licitaciones. El principal problema, admiten desde la conselleria, están siendo las propias trabas jurídicas a la hora de definir bajo qué fórmula legal debe concretarse el envío de los fondos, especialmente al tratarse de un nuevo instrumento de inversión.
Así, la figura del convenio genera cierto recelo en el departamento de Arcadi España, al señalar que este tipo de herramienta tiene una limitación temporal de cuatro años. Un espacio que, en materia de obras públicas, no siempre resulta suficiente para completar los proyectos. Por otro lado, la fórmula de la subvención, según aseguran fuentes del departamento, genera otros problemas a la hora de implicarse en proyectos que tienen adscripción municipal, puesto que en el caso citado debería suscribirse sólo al ámbito autonómico de la conselleria. Es decir, que proyectos como el Vía Parque de Alicante o la ronda de circunvalación de Castelló de la Plana (ambos con participación de los ayuntamientos) quedarían fuera de estas ayudas. En este punto, también desde la conselleria se ha planteado una fórmula mixta que combine los dos instrumentos mencionados, si bien ésta posibilidad está siendo sometida a estudio por los servicios jurídicos del ministerio.
No obstante, estas discusiones administrativas no son la única causa del retraso. El miércoles pasado se producía una reunión telemática del conseller de Obras Públicas y su equipo con las Secretarías Generales de Transporte y Movilidad y de Infraestructuras del ministerio para, precisamente, tratar de avanzar precisamente en estas cuestiones.
No obstante, en las últimas semanas este asunto -al igual que muchos otros- había pasado a tercer plano por la huelga de transportistas a raíz de la subida de carburantes. Un problema todavía vigente que, explican desde la conselleria, ha consumido buena parte de la energía y recursos del ministerio. A ello hay que sumar diversas crisis paralelas que se han abierto en este tiempo entre el área de transporte de la administración estatal y la autonómica como las reiteradas cancelaciones de cercanías -que obligaron a la presentación de un plan de choque- o el posible desvío de los AVE valencianos a Chamartín en vez de a Atocha.
Por otro lado, la crisis energética y de materias primas también en la construcción, ha obligado además a recalcular el coste de los proyectos que la conselleria pretende incluir en este programa de inversiones, lo que ha implicado también otro obstáculo en los avances para la concreción de la llegada de fondos.
En cuanto a la aplicación de los fondos, las fuentes consultadas señalaron a este diario que en el ámbito de las infraestructuras el abanico es amplio. Desde cuestiones generales como supresión de pasos a nivel o desdoblamiento de vías, hasta inversiones más concretas como la L9 o la conexión entre Luceros y la estación de Adif-Renfe en Alicante.
Si ese fondo extra tuvo una virtud, fue aplacar las críticas de organizaciones empresariales y de partidos de la oposición a los PGE 2022 e insuflar algo de esperanza en la llegada de inversiones. Muchos colectivos vieron parte de ese fondo -la Generalitat llegó a decir que unos 200 millones podrían llegar a la provincia de Alicante- como una fórmula para hacer frente a la infrafinanciación que sufre Alicante respecto de los Gobiernos de Madrid. Entre las obras que sí parecían entrar en ese fondo eran las dedicadas a la movilidad sostenible, como la ampliación de la red de FGV en Alicante, bien para completar las inversiones de la citada L9 hasta Dénia bien para llevar el Tram hasta el Hospital de Sant Joan y Mutxamel.
Por ejemplo, el Ayuntamiento de Elche había solicitado en un pleno municipal que determinadas infraestructuras necesarias para la ciudad -convertidas ya en una asignatura pendiente- entraran en este fondo. En concreto, se habló de destinar una partida de 19 millones para acabar la Ronda Sur, 1,2 millones para el estudio e inicio del proyecto de la conexión de la A-7 con el Parque Empresarial y 2,5 millones para el estudio e inicio del proyecto de conexión ferroviaria con el aeropuerto.
