La tasa turística

El Gobierno de Baleares que preside la socialista Francina Armengol ha aprobado desde 2017 un total de 170 "proyectos sostenibles para compensar el impacto medioambiental y territorial del turismo" por un importe global de 260 millones de euros. De ellos ha finalizado 46 con una inversión de 42 millones, entre ellos un plan de monitorización de la posidonia oceánica, un programa integral de activación laboral para la inserción de parados de larga duración, un plan de diversificación de cultivos agrícolas y de impulso a las explotaciones tradicionales sostenibles y un programa de reservas marinas en el que destaca el incremento de embarcaciones y personal de vigilancia para conservar las ocho reservas que tiene el archipiélago.

Seguro que el Gobierno de Ximo Puig también tiene, si no 170, un buen puñado de proyectos para compensar el impacto medioambiental y territorial que producen los turistas –29,3 millones en 2019, último año antes de la pandemia– que eligen la Comunitat Valenciana para disfrutar de sus vacaciones. Puede que la inversión del Consell en los últimos años también supere los 200 millones. La diferencia es que en Baleares esa inversión sostenible que redunda en un territorio más protegido del impacto del turismo la pagan los turistas a través de la tasa turística, allí denominada Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) o ecotasa, mientras que en la Comunitat Valenciana la pagamos los valencianos porque somos así de hospitalarios.

Es verdad que el Gobierno balear ha tomado alguna decisión polémica, como desviar 580.000 euros de la ecotasa a subvencionar a la Cadena Ser para una gala de Los 40 Principales el año pasado o destinar los 140 millones de la ecotasa de este año a gastos relacionados con la covid. Esto ha dado argumentos a los hoteleros para pedir la eliminación del impuesto por haberse "desvirtuado" su finalidad, cuando lo que deberían pedir es el cese del cargo público que la ha desvirtuado.

Esta semana se debate en Les Corts una iniciativa para implantar la tasa turística en la Comunitat Valenciana a partir de 2024. A favor, Compromís y Unides Podem; en contra, PP, Ciudadanos y Vox; en medio, el PSPV, que desde que Puig llegó al Palau de la Generalitat ha subido todos los impuestos a los valencianos, además de crear otros nuevos, pero se niega a que los turistas contribuyan al sostenimiento de las exiguas arcas públicas de la tierra que los acoge.

Puig está en contra y su secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, más aún. Ambos han dicho desde hace tiempo que no se implantaría sin el beneplácito del sector hotelero, algo inaudito en política tributaria. A las empresas de seguros nadie les consultó el año pasado antes de subir el impuesto sobre las primas del 6 al 8% ni a las empresas productoras de zumo se les pidió el nihil obstat desde el Gobierno para elevar el IVA de los zumos de frutas edulcorados del 10 al 21% para, según dijo, evitar la obesidad. 

No hay que olvidar que el impuesto no lo pagan las empresas que lo recaudan, lo paga el cliente final, aunque es obvio que tiene un impacto en el negocio. ¿Cuál? No lo sabemos, porque tampoco se ha hecho un estudio sobre la cuestión. Tenemos la experiencia de otros países, de Cataluña y de Baleares, donde al parecer no les ha ido mal. 

Es cierto que 2022, con la inflación por encima del 10% y las elecciones a la vuelta de la esquina, no es el mejor año para implantar una tasa. Por eso se propone su aplicación a partir de 2024. Pero es que cuando la inflación estaba al 0% y no había pandemia ni visos de ninguna guerra en Europa la excusa era la misma: "no es el momento". Si se hubiese impuesto en 2017, el Consell podría haber paliado los efectos de la inflación en el sector suspendiendo su cobro en 2022.

Llevamos con esta discusión guadianesca al menos cinco años, según he podido comprobar al buscar el primer artículo que escribí al respecto, en septiembre de 2017, titulado "Sí a la tasa turística", en el que, como los lectores habrán podido deducir sin necesidad de leerlo, me posicionaba a favor de ese gravamen.

Pasado el tiempo, mi posición es la misma, si bien matizada después de cinco años nada tranquilos para el turismo en los que el debate público sobre la cuestión ha conducido a un modelo de tasa, la que se pretende impulsar en Les Corts, adaptado a las características del territorio valenciano. En síntesis, una tasa turística de ámbito municipal para aquellos ayuntamientos que consideren que pueden y deben cobrarla. Y el consistorio que no la quiera, que no la aplique.

En Benidorm, por ejemplo, la rechazan de plano porque aseguran que su turismo es muy sensible a los precios y la tasa les haría perder competitividad frente a otros mercados. No obstante, Toni Mayor dijo el otro día que no vería mal que se aplicase a los cruceros, lo que demuestra que la tasa, que no sería la misma para todos los establecimientos, sería un buen instrumento de regulación para las diferentes modalidades de alojamiento turístico.

También se oponen en Peñíscola, incluso con el voto de Compromís, porque "daña la competitividad". Puestos a ganar en competitividad, podrían pedir a la Generalitat que suprima las tasas de su puerto deportivo y del aeropuerto de Castellón para que, levantados también los peajes de la autopista AP-7, los turistas lleguen por tierra, mar y aire sin ningún gravamen, que ya lo pagamos los valencianos. Más hospitalario no se puede ser.

Sobre la AP-7, es curiosa la manera en que los españoles nos hemos hecho cargo del mantenimiento de esta autopista que cada año recorren millones de turistas que en Francia sí pagan peajes. Aquí los turistas pagan tasas si vienen en barco o en avión pero no si vienen en coche. Habría sido más justo un peaje blando de verano en la AP-7, entre junio y septiembre, porque, como se ha demostrado con la tasa turística en Baleares y Cataluña, los turistas siguen llegando haya tasas o peajes.

Precisamente, uno de los argumentos en contra de cualquier tasa turística es que nos dejaría en desventaja frente a otros destinos competidores como Murcia o Andalucía, pero esa supuesta distorsión de la competencia se produce en todos los ámbitos. Ni los impuestos autonómicos son homogéneos, ni lo son las tasas municipales, ni las tablas salariales del sector turístico ni siquiera el precio del agua. Tampoco las subvenciones ni las inversiones de cada administración en promoción o en el cuidado del territorio para que continúe siendo atractivo.

Lo bueno de la tasa que se debate esta semana en Les Corts es que ni siquiera es obligatoria para todos los municipios. A simple vista y por lo que dicen los empresarios, parece que en Benidorm causaría más impacto, pero en València capital sería deseable que se implantara no para recaudar más –a Ribó no le hace falta, nunca gasta todo lo que recauda–, sino para aliviar las carga de otros gravámenes que sufrimos los vecinos. Gravámenes que la Generalitat ha propuesto incrementar extendiendo las plazas ORA a casi toda la ciudad y con un sistema de peajes en carreteras y calles del área metropolitana. Pero que no se enteren los turistas, no vaya a ser que dejen de venir.