Foto: EP/JORGE GILVALÈNCIA. Los partidos de la izquierda valenciana trabajan desde hace semanas con la vista puesta en mayo de 2023. Una cita en las urnas a casi un año vista que preocupa en el Botànic II. Las formaciones, de hecho, ya han comenzado a encargar sus particulares encuestas internas para conocer en qué estado se encuentra el electorado, se vuelcan los fines de semana en actos de partido e incluso constituyen sus comisiones electorales para definir las estrategias que les guiarán a partir de ahora.
Las cuentas, no obstante, parece que no salen para Compromís, donde han comenzado a ajustarse el cinturón antes siquiera de llegar a la meta: este lunes la coalición realizó un importante ajuste de personal en el grupo parlamentario. El primero en dos legislaturas.
La formación contaba hasta esta semana con 17 trabajadores según consta en la web de Les Corts: tres asesores de prensa en la Cámara, otros dos más como delegados en Alicante y Castellón, dos administrativos y diez técnicos que acompañan a los diputados en sus labores diarias. A partir de ahora, sin embargo, pasarán a ser 13.
La dirección del grupo parlamentario anunció el viernes pasado que realizaría una "reestructuración del grupo" y ofreció a los empleados la posibilidad de dimitir. Dos personas así lo hicieron: Vicent Pons, encargado hasta entonces de la comunicación en redes sociales del grupo que, además, el sábado hizo lo propio como responsable de comunicación del partido al que pertenece (Més), y otra asesora. Tres días más tarde, la síndica y los portavoces adjuntos sumaron dos despidos más, el del técnico Dimas Montiel y la periodista Cristina Chirivella. El primero llevaba trabajando en Les Corts desde hace al menos 15 años y la segunda desde 2015.
¿El motivo de tal maniobra ahora, a un año de elecciones? Según a quién se pregunte, la respuesta varía, pero dos son las versiones que hay sobre la mesa. La primera: el grupo debe garantizar poder abonar a los trabajadores su correspondiente finiquito por el periodo trabajado en Les Corts. Indemnizaciones que se abonarían teniendo en cuenta que estos han estado trabajando hasta dos días antes de las elecciones de mayo de 2023. Es decir, hasta el 27 de mayo del próximo año. Pero no hay remanente suficiente hasta esa fecha.
"Debemos garantizar que las personas puedan cobrar el finiquito, y si esperábamos más tiempo ese derecho no estaba asegurado", reconocían este martes fuentes del grupo a este diario. Otro parlamentario admite que con los cuatro salarios que se ahorran, la formación podría recuperarse económicamente en ese sentido e ir "haciendo caja" para abonar las indemnizaciones que se tendrán que pagar dentro de 11 meses a los trabajadores que continúen desempeñando sus funciones en Compromís.
Una explicación que ha desconcertado a más de uno en la coalición, pero también en otros grupos parlamentarios por la "falta de previsión" y no haber adelantado ese escenario a lo largo de la legislatura. "Tendrían que haber calculado bien a cuánta gente contrataban y haber reservado un remanente", manifiestan en el PSPV. De hecho, diputados de Compromís reconocen y señalan este como uno de los principales problemas: se ha dado cabida a diferentes sensibilidades de la UTE electoral "sin hacer números".
Ahora bien, la situación escama en el Parlamento por más motivos. La coalición valencianista percibe una subvención fija de Les Corts mensual de 10.500 euros. A esto, además, se suman dos subvenciones variables: una vinculada a la representación y otra a la contratación de técnicos. En el primer caso, la Cámara paga 1.400 euros a los grupos por cada diputado que tienen y por la otra abonan 1.100 euros para contratar personal, también por cada parlamentario. En total, esto supone que la formación se embolsa 53.000 euros cada mes. O lo que es lo mismo, 636.000 euros al año.
Unas cifras con las que se da por hecho que caja en la coalición hay. No obstante, distintas voces en el grupo ponen en duda que se haya "ido de las manos" la contratación de personal. No en vano, ahí surge la segunda versión: estos días se habría tratado de contratar a más personal proveniente del partido mayoritario (Més), un equipo nuevo. Y... no hay dinero.
"Las subvenciones con las que cuenta cada grupo parlamentario se negocian al inicio de la legislatura y estos no pueden incrementarse a lo largo del mandato", explican a Valencia Plaza fuentes de Compromís. La coalición había llegado al tope de contrataciones y no hay espacio para más, por lo que según estas fuentes " se ha tratado de hacer hueco, más que garantizar indemnizaciones".
¿Y qué tienen que ver las elecciones en esto? Con el cambio de legislatura, en 2019 Compromís mantuvo a todo el personal que había contratado en 2015 con su entrada en el Gobierno. El propósito ahora, por tanto, sería actuar de la misma manera y que los trabajadores contratados actualmente puedan revalidar más allá de 2023 si mantuvieran la representación en la Cámara. Ante una temida bajada, los valencianistas hacen números: prescinden de los servicios de algunos para garantizar finiquitos y se plantean contratar a dos personas más -la mitad de los despedidos- para quedarse en una cifra de contrataciones asumible según las previsiones que marcan sus encuestas.
El ambiente ahora mismo en la coalición es irrespirable. Existen teorías que circulan en los mentideros del partido mayoritario de Compromís, Més, tales como que la entrada de Vicent Marzà, hasta el pasado mes de mayo conseller de Educación, no solo ha obligado a reestructurar la dirección del grupo -fue nombrado portavoz adjunto-, sino que también es necesario que cuente con un asesor particular porque a día de hoy todavía no tiene.
Unas funciones que podría desempeñar cualquier técnico de los que ya están contratados. Sin embargo, las intenciones son diferentes pues hay predisposición a fichar savia nueva. Fuentes parlamentarias, añaden además, que dentro del partido mayoritario de Compromís hay militantes reclamando su espacio en Les Corts.
Preguntada por estos despidos, Robles no quiso hacer declaraciones a este diario. La síndica del grupo parlamentario manifestó que eran cuestiones internas que preferiría no ver reflejadas en prensa.
La gestión de las subvenciones que los grupos parlamentarios reciben por parte de Les Corts ya ha sido motivo de polémica en varias ocasiones. Precisamente, también una situación similar fue lo que propició la baja de Vicente Fernández como diputado de Ciudadanos para pasar al grupo de No Adscritos en junio del año pasado.
En una carta dirigida a la Mesa del Parlamento, Fernández declaraba que en reiteradas ocasiones había intentado convocar a su ya exgrupo parlamentario para acordar "entre todos las medidas oportunas" para dotarse de "fondos suficientes para poder responder frente a los derechos de los trabajadores y demás gastos previsibles, sin duda una de las cuestiones económicas más acuciantes ante un posible adelanto electoral en nuestra Comunidad Autónoma".
A su juicio, el grupo parlamentario Ciudadanos debía generar una reserva para poder hacer frente a las citadas indemnizaciones. Sin embargo, al trasladar el dinero al partido y ser éste el que gestionaba los pagos, no existía remanente alguno y el diputado aseguraba desconocer si existían fondos suficientes para hacer frente a estas obligaciones laborales.
