CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Les Alqueries pagará ahora 298.893 euros a dos empresas urbanizadoras por el vial de acceso al colegio público Pintor Sorolla, ejecutado en el año 2006. Así lo reflejan los convenios urbanísticos pactados con las empresas Urbaport y GyC, ambas vinculadas al empresario burrianense Miguel Ángel Bodí.
Con este acuerdo, el consistorio que preside Esther Lara pone fin a varios años de pleitos judiciales provocados por la no ejecución de los dos Programas de Actuación Integrada (PAI) que dieron pie a la apertura anticipada del vial de acceso al colegio.
El primer convenio urbanístico permite liquidar la UE-3 del sector residencial El Caixer, que estaba en manos de Urbaport desde 2002. En aquel momento, la empresa urbanizadora pactó con el consistorio ejecutar de forma anticipada el vial de acceso al colegio por un importe de 196.971 euros. Sin embargo, la posterior explosión de la burbuja urbanística y la anulación judicial del PAI por el Tribunal Supremo en 2018 paralizaron el desarrollo de esa zona residencial de Les Alqueries.
La liquidación del PAI en 2019 provocó una reclamación judicial al consistorio por un perjuicio económico que la empresa cifraba en 777.491 euros. A cambio de dejar sin efecto esa reclamación, el consistorio acepta pagar ahora a Urbaport 213.784 euros, cifra que incluye el coste del acceso al colegio más los intereses de demora y la devolución de los avales depositados en su momento.
El segundo convenio aprobado, en este caso con GyC, obliga al consistorio a indemnizar a la empresa urbanizadora con otros 85.109 euros por la cancelación de la Unidad de Ejecución 3 del sector residencial Bellaguarda, que también estaba vinculada a la ejecución del acceso al colegio Pintor Sorolla. En este caso, el consistorio aprobó el PAI en 2011 y lo liquidó en 2014 sin que llegara a ejecutarse.
Por otro lado, el consistorio ha pactado con cinco propietarios de suelo un convenio urbanístico que permitirá urbanizar un tramo de las calles Sant Jaume y La Torre, en pleno casco urbano. La calle La Torre carece de acera en un lado y se estrecha hasta quedar interrumpida por una vivienda a escasos metros de la calle de La Paz. En cambio, la calle La Torre finaliza en un muro de piedra. El objetivo municipal es conectar ambos viales.
El acuerdo permite al consistorio ocupar una parte de los terrenos privados y le obliga a urbanizar los nuevos viales en un plazo máximo de dos años. El consistorio asume 101.340 euros de los gastos de la urbanización y los cinco propietarios, los restantes 36.000 euros.
Por último, también en materia urbanística, el consistorio municipal ha aprobado el proyecto de urbanización de una zona verde junto a la calle Garbí y la plaza Rosa dels Vents, a instancias de la empresa Nebot Lucas.