El director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares. Foto: CORTS/JOSÉ CUÉLLARVALÈNCIA. Les Corts Valencianes han iniciado el proceso para relevar al actuar director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares, al frente de la entidad. Su mandato finaliza, según la ley, el próximo junio, justo cuando se cumplen siete años al frente de este puesto que no se puede renovar.
De acuerdo con la norma que rige el funcionamiento de Antifraude, el Parlamento autonómico tiene que iniciar el citado proceso seis meses antes de la expiración del mandato. Por lo tanto, tendría que haber comenzado el pasado 26 de noviembre, pero lo hizo este martes 5 de diciembre.
La Mesa de Les Corts resolvió abrir un plazo para la presentación de candidatos por parte de todos los grupos y de organizaciones sociales, que finalizará el próximo 17 de enero. Los aspirantes deberán cumplir una serie de requisitos: contar con las condiciones de idoneidad, probidad y profesionalidad necesarias para ejercer el cargo; estar en posesión de título universitario superior que resulte idóneo para las funciones atribuidas; y tener más de diez años de actividad laboral o profesional relacionada con el ámbito funcional de la agencia. Asimismo, deberán tener la vecindad administrativa de la Comunitat Valenciana.
La ley establece que los candidatos serán propuestos a Les Corts por organizaciones sociales que trabajen en la actualidad contra el fraude y la corrupción en la Comunitat Valenciana y por los grupos parlamentarios. Los aspirantes deberán comparecer ante la comisión parlamentaria de Hacienda en el marco de una convocatoria pública al efecto para ser evaluadas con relación a las condiciones requeridas para el cargo.
El acuerdo alcanzado en esta comisión será trasladado al pleno de Les Corts. El director o directora será elegido por mayoría de tres quintas partes. Si no la obtuviera, se harán nuevas propuestas por el mismo procedimiento en el plazo máximo de un mes.
Esto supone que tendrá que salir adelante por parte de los dos partidos del Consell (PP y Vox) y, al menos, uno de la oposición (el PSPV y/o Compromís). Estas dos últimas formaciones se plantearon el año pasado modificar las mayorías en esta elección para que sólo fuera necesaria la absoluta (es decir, sin la oposición). Finalmente la intención quedó apartada.
A lo largo de estos siete años, si algo ha unido a la práctica totalidad de los partidos han sido las críticas tanto a Antifraude como a Llinares. La agencia siempre tuvo, a juicio del PP, duplicidades con la justicia. Aun así, han sido diversas las periciales para las que ha colaborado Antifraude en el marco de investigaciones relacionadas con presunta corrupción, en muchas ocasiones a petición de la propia Fiscalía.
Los populares también han criticado la opacidad a la hora de darles documentación sobre indagaciones que llevaba a cabo Antifraude, lo que acabó con el Tribunal Supremo fallando a favor del PP.
En cuanto a la izquierda, original impulsora –la idea partió de Podem–, su descontento con la agencia fue creciendo a medida que las investigaciones y resoluciones desfavorables también salpicaban a cargos e instituciones gestionadas por ellos. De hecho, el Ayuntamiento de València, durante la legislatura pasada –en la etapa de Joan Ribó– hizo caso omiso a multitud de recomendaciones.
Ahora, Antifraude entra en un momento decisivo. Su presupuesto del próximo año apenas ha variado y, por el momento, tanto el PP como Vox niegan que su intención sea cerrarla. Sin embargo, el proceso de renovación de la dirección resulta de una indiscutible relevancia por el perfil de la persona que sustituya a Llinares.
El portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Díaz, asegura que Mazón se dispuso a modificar la ley de Antifraude porque "se le ocurrió un plan mejor que eliminar la Agencia: dirigirla desde dentro para usarla a su antojo"
