Les Corts utilizarán sus remanentes para pagar la prestación de los diputados 

VALÈNCIA. Los grupos parlamentarios de Les Corts -PP, PSPV, Compromís y Vox- cerraron este martes un acuerdo histórico que permitirá que los diputados puedan cobrar una prestación una vez dejen de ocupar el escaño. Una suerte de prestación por desempleo -dado que no tienen derecho a cobrar el paro- que percibirán aquellos que no tengan asegurados ningún tipo de ingresos una vez se disuelva la Cámara. Es decir, que no lo cobrarán aquellos que vuelvan a sus trabajos en la empresa privada o en la administración pública, o estén en edad de jubilación. 

El acuerdo se cerró en la comisión de Gobierno Interior, aquella que según el reglamento de funcionamiento interno sirve para aprobar el presupuesto del Parlamento autonómico, conocer su ejecución, conocer las modificaciones de los Estatutos de Gobierno y un amplio "cualquier otra función que le encomiende el presente reglamento o la Mesa de Les Corts". Por ella pasan multitud de cuestiones de importancia en lo concerniente al funcionamiento de la Cámara como por ejemplo, el uso del dinero público vinculado a los salarios de los diputados, los complementos, las indemnizaciones o las subvenciones que recibe cada grupo. 

Conformada por los miembros de la Mesa del Parlamento y por los portavoces de cada formación, se celebra siempre a puerta cerrada y hasta este martes no se daba cuenta de nada de lo que en ella se hablaba. Una opacidad mantenida en el tiempo solo franqueada por filtraciones a los medios de comunicación. Así, los matices de los pactos que en ella se cierran se van conociendo por goteo. 

En el caso del acuerdo sobre la prestación que cobrarán los diputados una vez dejen de serlo, este miércoles los grupos revelaron de dónde saldrá el dinero que se utilizará para pagar este 'paro especial': de los remanentes de los presupuestos anuales de Les Corts. Es decir, del dinero que año tras año se queda sin gastar y que, hasta ahora, el Parlamento devolvía a la Generalitat. En base a ello, los grupos defendieron que esta medida "no costará ni un euro a los valencianos". Sin embargo, sí supondrá que en lugar de devolver todo el remanente de tesorería a la Generalitat, se devuelva parte. Por lo que, al final , sí tendrá un coste. 

Anualmente, Les Corts cuenta con un remanente de cerca de 10 millones de euros; el año pasado fue de 9,45 millones de euros. De hecho, es la institución que más remanente de tesorería devuelve a las arcas públicas, seguida de la Agencia Valenciana Antifraude, el Consell Jurídic Consultiu, el Consell Valencià de Cultura, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Sindicatura de Comptes y el Comité Econòmic i Social (CES).

A partir de que se ponga en marcha este acuerdo, sin embargo, Les Corts dejará de devolver todo el remanente que tenga, pues una parte la destinará cuando finalice la legislatura a pagar esta prestación. ¿Cuánto? No se sabe. Los diputados de la Cámara no han realizado un cálculo aproximado de cuánto dinero supondría este paro para las arcas públicas. Explican que al ser una paga progresiva -dependerá del tiempo que el diputado ha sido cargo público-, es difícil realizar una estimación de gastos. 

No tendrá efectos retroactivos

Para poder cobrar esta prestación, el acuerdo determina que deberán ser diputados como mínimo 18 meses y como máximo podrán cobrar una cuantía equivalente a dos años de ejercicio. Para cobrar 24 mensualidades, será necesario que el diputado o diputada lo haya sido por un periodo de 69 meses. Una proporción igual a la que se aplica a un trabajador por cuenta ajena. 

Los diputados cobrarían lo equivalente a la asignación reglamentaria excluyendo, eso sí, los complementos derivados de los gastos de kilometraje, asistencia a plenos, portavocía en alguna comisión o cualquier otro tipo de dietas que tienen reconocidas sus señorías en el ejercicio del cargo. Es decir, que la cuantía se calculará sobre el salario base. Actualmente, los salarios de los diputados de la Cámara valenciana, excluyendo todo tipo de complementos, rondan los 50.000 euros brutos anuales aproximadamente. 

Ahora bien, un matiz relevante que afecta a la aplicación del acuerdo es que este no tendrá efectos retroactivos. Es decir, que no se pondrá en marcha con fecha de junio de 2023, cuando se constituyeron Les Corts y tomaron posesión los diputados actuales. Sino que comenzará a aplicarse desde el momento en el que el acuerdo pase por la Mesa del Parlamento para aprobarse definitivamente y se publique en el Boletín Oficial de Les Corts Valencianes (BOCV). Por lo que, ahora mismo ninguno de los diputados podría cobrar la prestación porque el contador está a cero y ninguno habría cumplido el requisito de los 18 meses, según explicó el el portavoz del PP, Juan Fran Pérez Llorca. 

Los partidos niegan que sea un privilegio

Tras cerrar el pacto, los cuatro grupos de Les Corts lo defendieron al considerar que beneficia a la actividad política, equipara al parlamento valenciano con el resto de cámaras y no supone ningún "privilegio". Esto es porque la mayoría considera que es "de justicia" que una vez finalice su paso por Les Corts, puedan percibir temporalmente unos ingresos para tener "una transición al mundo laboral igual de amable como la que tiene cualquier trabajador". Más aún, defienden, si se tiene en cuenta las incompatibilidades que adquieren tras ser parlamentarios a la hora de trabajar en las empresas privadas. 

En esta línea, el síndic del PP, Llorca, argumentó que habían tratado de establecer una indemnización por paro "lo más similar posible" a los trabajadores por cuenta ajena, si bien esta no pueden ser "exactamente igual". Sin embargo, negó que esta situación supusiera ningún tipo de "privilegio" para los diputados. 

La respuesta deriva del planteamiento de que, en realidad, los parlamentarios cobrarán esta prestación para tener una suerte de paro pero también es cierto que lo harán sin haber cotizado a la Seguridad Social por los ingresos que han percibido durante su paso por Les Corts. Lo que, a la postre, es una diferencia significativa entre un diputado y un trabajador por cuenta ajena, pues el primero cobra en bruto su sueldo y percibirá, como máximo, dos años de salario como si este se tratara de una prestación por desempleo, mientras que el trabajador por cuenta ajena tiene retenciones en su nómina por cotizar a la Seguridad Social y una vez se queda en situación de desempleo, cobra el paro. En el mejor de los casos, con un límite máximo de 1.200 euros que progresivamente va descendiendo con el paso de los meses hasta agotarse. La cuantía de los diputados, sin embargo, sería de más del doble mensualmente. 

Los parlamentarios no tienen derecho a cobrar el paro porque no cotizan a la Seguridad Social y para que lo hicieran sería necesario modificar el convenio especial de los Parlamentos autonómicos con la Administración, una potestad que recae en el Congreso de los Diputados. Este fue modificado en su día para garantizar que los concejales cobrasen la prestación por desempleo una vez cesaran en el cargo, pero no ocurrió lo mismo con los diputados porque a día de hoy seguían excluidos.