VALÈNCIA. Ganar unas elecciones por mayoría absoluta o sumar los apoyos suficientes para gobernar, es el gran objetivo de cualquier partido político. La principal razón es llevar a cabo las promesas realizadas aplicando las medidas más acordes a la ideología de la formación de turno, pero hay otras claves, más allá del propio poder, que resultan fundamentales para la obligada necesidad de pisar 'moqueta' para las fuerzas en liza.
Ediciones Plaza ha realizado una estimación de los puestos que hay en juego en seis de las instituciones principales de la Comunitat Valenciana. O lo que es lo mismo, y dicho de forma más cruda, cuántos salarios se ponen sobre la mesa atendiendo a la dimensión actual existente en los distintos organismos. El resultado evidencia la gran importancia para los partidos, más allá de la gestión, que tienen las próximas elecciones autonómicas y locales que se celebrarán el próximo 28 de mayo.
Casi 800 puestos, concretamente 766, con un sueldo medio de 55.000 euros anuales. Ese es el balance de las seis instituciones analizadas: Generalitat, Corts Valencianes, las tres diputaciones y el Ayuntamiento de València. La cifra es superior, dado que dentro del seguimiento no se han incluido, por ejemplo, las empresas públicas del Consell, pero da una idea la importancia que tiene para un partido disponer de la capacidad, no sólo de aplicar sus políticas, sino también de ofrecer un puesto de trabajo bien remunerado a los dirigentes o simpatizantes que contribuyen a sostener las siglas.
Esto no significa que los cargos o los asesores -un concepto en muchos casos denostado de forma injusta en los últimos años-, no sean necesarios para conducir las administraciones, pero sí resulta procedente analizar lo que obtendrá el partido o partidos que consigan la victoria y, por tanto, la mayor pieza del pastel el próximo 28M.
Sin duda, el 'premio gordo' es la Generalitat. Si bien en otras instituciones la oposición tiene acceso a cargos, el Consell es territorio reservado a las fuerzas políticas que ganan las elecciones. Actualmente, hay 151 altos cargos (un presidente de la Generalitat, 11 consellers, 12 subsecretarios, 36 secretarios autonómicos y 91 directores generales) y 116 puestos de asesores.
Según los datos de GVA Oberta, el jefe del Consell, Ximo Puig, percibe 77.842 euros brutos anuales, más una compensación por residencia de 10.897 euros. El resto de altos cargos poseen una retribución anual -más allá de sus trienios u otras circunstancias personales- de entre 63.769 euros (los directores generales) y 66.311 euros (los consellers). En total, el coste al año de la cúpula del Gobierno valenciano y el segundo escalón es de 9,78 millones de euros a razón de 64.804 euros por cargo. En cuanto a los asesores, donde existen distintas categorías, el salario medio estimado es de 44.000 euros brutos anuales, lo que supone un gasto de más de 5 millones de euros por ejercicio. Así pues, los 267 puestos con los que a día de hoy cuenta el Gobierno valenciano cuestan aproximadamente 14,8 millones de euros al año a una media salarial de 55.500 euros.
En este sentido, el Botànic, que comenzó con una primera legislatura muy austera con un tope de 74 asesores, rectificó en la segunda legislatura tras ver las grandes dificultades para gestionar con un personal tan limitado y también con una baja proporción de funcionarios. De hecho, el último gobierno del PP con Alberto Fabra, pese a su adelgazamiento de la Administración, terminó con un centenar de asesores. Así, el Botànic II arrancó con un incremento del 34% en número de altos cargos y en un aumento del 57% en personal eventual. En este sentido, una de las promesas electorales del líder de la oposición, Carlos Mazón, es reducir a 10 las consellerias, recortar el número de altos cargos y dejar en la mitad los asesores.
Una de las batallas políticas más interesantes y a priori ajustada del próximo 28M se da por la Alcaldía de València que, a día de hoy, ostenta Joan Ribó, con María José Catalá (PP) y Sandra Gómez (PSPV) al acecho. Esta institución es la que cuenta, en líneas generales, con los mejores salarios especialmente para el personal eventual.
Así, según la web del consistorio, además de los 33 concejales, se contabilizan 54 asesores, 25 directivos de órganos autónomos y 13 coordinadores de área; todos ellos elegidos con discrecionalidad. Un total de 125 puestos con buenos salarios: en lo más alto de la pirámide está el alcalde, con casi 90.000 euros anuales, mientras la medida de los concejales se sitúa en unos 75.000 euros. Los asesores perciben de media algo más de 65.000 euros, lo que sitúa la retribución ponderada del total de cargos en 69.200 euros con un gasto anual de 8,65 millones de euros. En este caso, lógicamente, los partidos de gobierno disponen de la mayoría de plazas, aunque también la oposición tiene su espacio.
El Parlamento valenciano ha sido noticia en los últimos meses precisamente por la falta de transparencia en relación a las fórmulas de contratación y gasto económico de los grupos parlamentarios.
Lo que es seguro es que en la cámara se pondrán en juego 99 actas de diputado el próximo 28M. Los salarios en la cámara varían mucho dependiendo de los cargos en comisiones, portavocías, puestos en la Mesa... etcétera; pero la media salarial estimada por parlamentario es de unos 63.000 euros brutos.
Además, según los datos de la web oficial, vinculados a la Presidencia y a los miembros de la Mesa de Les Corts se encuentran 19 asesores con un salario anual de en torno a 75.000 euros. Más complicado resulta alcanzar las retribuciones de los 68 asesores de los distintos grupos parlamentarios y manejados a su libre albedrío, aunque la media se situaría en unos 30.000 euros anuales.
De esta manera, en Les Corts se juegan en total, o al menos son los designados en la actualidad, 186 puestos con una media salarial de unos 52.000 euros y un coste anual 9,6 millones de euros.
Las corporaciones provinciales suelen acoger a todo tipo de dirigentes del panorama municipal. Los alcaldes de municipios generalmente pequeños, concejales o dirigentes locales de peso orgánico suelen encontrar acomodo como asesores. Es por ello que las diputaciones poseen una gran importancia en el control territorial de un partido, especialmente si se gobierna, dado que es la Administración más potente a la hora de servir recursos a los municipios, especialmente los medianos y pequeños.
En la Diputación de Valencia, liderada por el socialista Toni Gaspar con 85.000 euros de salario, se reparten 31 diputados con un salario medio de 62.000 euros, mientras que en 2022 se abonó el salario íntegro a 41 asesores, con una media de 47.500 euros anuales. También se cuentan tres cargos directivos en empresas vinculadas a la institución como son Girsa, Egevasa y el Consorcio de Bomberos. En total, 75 cargos y asesores con un gasto anual total de 4,05 millones de euros y 54.000 de media por puesto.
En la corporación alicantina, gobernada por el líder del PP, Carlos Mazón, con 85.000 euros de sueldo, también hay 31 diputados, con un salario medio de 59.000 euros y un gasto anual en ese apartado de 1,83 millones. Según la web de la institución, que consta de 1.350 funcionarios, hay 28 asesores remunerados con 47.500 euros de media, lo que da un total, sin incluir organismos vinculados, de 59 puestos con una media salarial de 53.728 euros y un gasto anual de 3,17 millones.
Por último, la Diputación de Castellón, si bien no se caracteriza por su transparencia, es la más modesta en cuanto a retribuciones, dado que varios diputados cobran sólo asistencias. Así, los 27 diputados cobran una media aproximada de 35.000 euros brutos anuales (en la web sólo figura el líquido mensual de las nóminas) y 27 asesores tienen un salario similar, lo que convierte a esta corporación en la que menos gasta en las retribuciones.
Más allá de las interpretaciones que puedan realizarse respecto al número de altos cargos y asesores o a las retribuciones de los mismos, que en muchos casos se antojan generosas si se comparan con la de un trabajador medio pero que, al mismo tiempo, son inferiores a puestos de responsabilidad en la empresa privada, este análisis sobre los puestos en liza adquiere especial relevancia debido al llamado 'impuesto revolucionario' de los partidos políticos.
Este consiste en que la gran mayoría de cargos y asesores designados por una formación, aporta generalmente entre un 5% y 10% de su nómina como donación al partido. Esta aportación varía mucho según la fuerza política, la institución en la que se encuentra el dirigente y el salario que perciba. De la misma manera, casi todos los que son afiliados cumplen con esta norma no escrita, algo que también hacen parte de los independientes que son nombrados por una formación política.
No obstante, aunque es una práctica instaurada las grandes formaciones como PSPV y PPCV que les permite ingresar cientos de miles de euros en sus arcas, el cálculo de la cantidad es complejo por la gran cantidad de variables que implica. Sólo Compromís, en su página web, da cuenta de las aportaciones de la gran mayoría de los cargos designados bajo su paraguas. Por ejemplo, en 2020 la coalición valencianista cifró en 866.471 euros el montante total de las aportaciones realizadas por sus cargos y asesores en las distintas administraciones.