Vista del interior de un juzgado.CASTELLÓN. La sentencia conocida el jueves en que la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo señala que corresponde a los bancos hacerse cargo del impuesto de Actos Jurídicos Documentados en la constitución de las hipotecas provocará un "aluvión" de nuevas demandas en la provincia. Son palabras del abogado castellonense Alfredo García-Petit y con él coincide el secretario general de la Unión de Consumidores en Castellón, Juan Carlos Insa, quien habla de "avalancha" ante los tribunales. Ambos recuerdan además que todas estas reclamaciones irán a parar al juzgado de Primera Instancia nº 6 de Castellón, que tiene la exclusividad en este tipo de asuntos y que ya se encuentra colapsado. De hecho, según Insa, actualmente está programando señalamientos de audiencia previa "para mediados del 2020".
Casi dos años tienen que pasar así actualmente para llegar al paso previo a la apertura del juicio oral en todos aquellos asuntos relacionados con las reclamaciones a las entidades financieras relacionadas con los préstamos hipotecarios... y con el impulso que ahora se producirá, es de prever que el plazo aumente. "No es que se vaya a colapsar, es que se va a hundir", señala Insa. De hecho, García-Petit destaca que, desde que se publicitó la sentencia del Supremo "en el despacho no ha parado de sonar el teléfono". A esto se suman las demandas que los diferentes bufetes y asociaciones de consumidores habían puesto en stand-by "hasta que se resolviese esta cuestión", afirma el abogado.
Y es que hasta ahora las reclamaciones se centraban en la devolución de los gastos de constitución (registro, notaría y tasación, fundamentalmente) y la comisión de apertura que los bancos y cajas cobran por la firma del crédito, basándose en el dictamen de la Audiencia provincial que determinaba que eran estos los conceptos que se podían solicitar. A partir de este momento, con el cambio de postura de la sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal estatal se abre la vía a que todos aquellos ciudadanos con una hipoteca en vigor o los que la hayan acabado de pagar en los últimos cuatro años (esto todavía no está totalmente definido, pero parece que así será), puedan exigir también la tasa por los actos jurídicos documentados, el mayor importe al firmar el crédito hipotecario.
Para hacerlo, hay dos caminos: quienes hayan firmado una hipoteca en los últimos cuatro años deben dirigirse a la Conselleria de Hacienda y abrir la vía contencioso-administrativa "por un impuesto indebidamente satisfecho", apunta García-Petit. El resto de castellonenses deberán acudir a su banco y reclamarles el importe mediante un procedimiento judicial civil. Y es que este la Sala de lo Civil del Supremo remitía a los juzgados de su jurisdicción a atenerse a lo que había dictaminado la de lo Contencioso-Administrativo con anterioridad... y ahora marca que se debe devolver el impuesto. "Los jueces no tienen más opción que seguir este criterio", manifiesta Insa.
Todo ello para los particulares. En cuanto a las empresas castellonenses, solo les queda la vía administrativa y podrán reclamar la devolución de este gravamen las que hayan suscrito un crédito hipotecario en los últimos cuatro años, afirma García-Petit. Ante tal incremento de trabajo, Insa solicita al Consejo General del Poder Judicial "una solución", que según él pasa por retirar la exclusividad del juzgado de Primera Instancia nº6 de Castellón para tratar estos temas en toda la provincia.
