Los afectados por las sanciones de las videocámaras ya pueden reclamar la devolución al Ayuntamiento

CASTELLÓ. Los afectados por el procedimiento de fiscalización de las videocámaras ya pueden solicitar al Ayuntamiento de Castelló la devolución de las multas cobradas. Para ello, simplemente deben presentar por registro la correspondiente petición, adjuntando la documentación requerida, según informan fuentes municipales que, ante las dudas sobre la entrada en vigor de la moratoria, recuerdan que está vigente desde la semana pasada, cuando la Junta de Gobierno Local aprobó suspender el sistema de control y vigilancia de entrada y salida al casco antiguo.

Las mismas fuentes no aclaran en qué términos se producirá el reintegro y hasta cuándo existirá la posibilidad de reclamar, es decir, si habrá una fecha máxima en estos meses o, por el contrario, se podrá formalizar durante el tiempo en que dure la suspensión (hasta el 1 de octubre). Debido a la singularidad del método de acceso a la zona restringida Centro-Núcleo Histórico, Movilidad sigue valorando el número exacto de personas que se beneficiarán del reembolso, ya que no solo se trata de cotejar las matrículas de los vehículos, sino también de comprobar la validez de las tarjetas y sus itinerarios autorizados. La cifra de sanciones impuestas podría rondar las 7.000.

Desde la propia Concejalía, asimismo, se está trabajando para impeler en próximas fechas distintas campañas informativas. Aunque todavía faltan por definir los canales de divulgación, parece claro que se realizarán buzoneo, reparto de folletos y reuniones con asociaciones de comerciantes y vecinales. El paquete de acciones buscará la mayor audiencia posible a fin de evitar confusiones y polémicas.

En este sentido, Castelló Espai Comercial considera prioritario escuchar a los agentes implicados al objeto de mejorar el servicio de videocámaras una vez se reactive tras el periodo estival. En concreto, la plataforma subraya la necesidad de flexibilizar horarios y suavizar los recorridos para facilitar la distribución de mercancía y el acceso a negocios y residencias.

Controversia desde el primer día

El procedimiento de fiscalización mediante filmadoras arrancó el 16 de febrero después de un intervalo de pruebas de mes y medio. La medida, cuya idoneidad defiende el Ayuntamiento por su naturaleza sostenible al reducir las emisiones de CO2, generó controversia desde prácticamente el primer día. El malestar de vecinos y comerciantes aumentó con el pasado de las semanas, derivando en manifestaciones, recogida de firmas y protestas.

A consecuencia de ese creciente rechazo, la Junta de Gobierno Local decidió el pasado jueves interrumpir el sistema de control y acceso por un plazo de medio año. Una suspensión que acarrea, además, la devolución de las sanciones impuestas con carácter retroactivo. De esta forma, no se producen agravios comparativos con aquellos contribuyentes con procedimientos incoados y que aún no habían abonado las multas.