CASTELLÓ. Los alcaldes del Partido Popular de la provincia de Castellón han reclamado este domingo que el Gobierno central asuma el coste de las desaladoras y que se cifra en 116 millones de euros. Tal y como ha solicitado la alcaldesa popular, Susana Marqués, "las condiciones que marca el Gobierno para los ayuntamientos son inasumibles" y ha advertido que "quien ha metido a la provincia en este lío es el mismo que debe sacarnos de él".
La alcaldesa de Benicàssim considera que "el PP lo que pide es muy sencillo, que nos traten de la misma manera que a comunidades vecinas como Cataluña ya que los ayuntamientos no podemos soportar esta carga económica".
La responsable popular ha manifestado que "los socialistas obligaron a nuestros ayuntamientos a firmar unos convenios leoninos por los que los vecinos de cinco municipios tienen que pagar el coste de las desaladoras". Unos convenios que impulsó el Gobierno de Zapatero y que "eran un chantaje porque si no se firmaban, no se permitía instalar empresas ni dar permisos de obra a los ayuntamientos".
Sin embargo, 15 años después "la realidad urbanística y de futuro de las localidades es otra y desde el PP reclamamos que, como hizo el PSOE en Cataluña, que asuma el coste de las desaladoras" atendiendo a "criterios de igualdad".
Además, cabe recordar que en el caso de que otras poblaciones quieran conectarse a las desaladoras, el coste lo deben seguir pagando los cinco ayuntamientos afectados: Benicàssim, Oropesa, Cabanes, Xilxes y Moncofa.
Marqués ha recordado que "el plan estrella del PSOE está ahora siendo investigado por la Justicia ya que parece ser que el coste de las desaladoras era para financiar al Partido Socialista, según investiga la Justicia". Por ello, el PPCS exige "soluciones a corto plazo para los municipios afectados de Castellón".
