CASTELLÓ. (EFE). Los representantes de una empresa y una consultora propuestos por la defensa de los acusados en el juicio por los efectos sísmicos de la plataforma Castor han declarado este miércoles que la planta, situada frente a Vinaròs, reunía los requisitos favorables para su construcción en ese enclave marítimo. El director general de la compañía internacional Geostock, Jesús Artieda, y el director técnico de la consultora Gessal, Enrique Hernández, han declarado sobre la participación de ambas empresas en la actividad de la plataforma que montó Escal UGS, durante la sexta jornada del juicio que se sigue desde el pasado día 18 en la Audiencia de Castellón.
Artieda ha declarado ante el juez que en ningún momento, desde la empresa especializada, creyeron que la sismicidad "tuviese relación con el Castor, ya que los movimientos se estaban registrando a 20 kilómetros”, aunque ha respondido a otras preguntas que “cualquier intervención en el subsuelo puede generar sismicidad”. La comparecencia del directivo de Geostock, compañía de origen francés especializada en almacenamientos subterráneos de hidrocarburos, ha sido solicitada por la defensa con el fin de avalar tanto los estudios previos a la puesta en marcha de la planta como la idoneidad de la decisión de reducir el caudal del yacimiento en octubre de 2013, ante la aparición de los primeros seísmos.
A preguntas de los magistrados, Artieda ha explicado a la sala que la misión de Geostock fue determinar si la estructura geológica del yacimiento era adecuada para el almacenamiento de gas y, en caso afirmativo, hacer los cálculos oportunos para garantizar la seguridad de la actividad, “siempre a partir del parámetro de la presión”. El directivo ha explicado a la sala que Geostock determinó la idoneidad del yacimiento y fijó “un límite de seguridad muy conservador de 49 bares de presión” que, por otra parte, asegura que nunca se alcanzaron, ya que la actividad humana “no llegó a aumentar la presión del yacimiento en más de 9 bares”.
Artieda ha defendido también que, tras una conversación con el Observatorio del Ebro en la que se alertó al almacén de la aparición de seísmos el 13 de septiembre de 2013, Escal UGS —para cuyo expresidente Recaredo del Potro y ex consejero delegado José Luis Martínez Dalmau la Fiscalía solicita seis años de prisión— rebajó el caudal del yacimiento a petición de Geostock para reducir la presión. Y lo hizo, ha señalado, con unas consecuencias a nivel sísmico que “no hubiesen sido distintas si en lugar de reducir el caudal se hubiese decidido detener la actividad”. “Reducir el caudal -ha añadido- es una técnica que, a día de hoy, se sigue aconsejando”.
En este punto, el directivo ha declarado ante el juez que en ningún momento, desde la empresa especializada, creyeron que la sismicidad "tuviese relación con el Castor, ya que los movimientos se estaban registrando a 20 kilómetros”, aunque ha respondido a otras preguntas que “cualquier intervención en el subsuelo puede generar sismicidad”. Por su parte, el director técnico de la consultora de exploración e investigación geológica y geofísica del subsuelo Gessal, Enrique Hernández, ha explicado ante la sala todos los procedimientos que la empresa llevó a cabo para “alcanzar el máximo conocimiento científico” sobre la falla de Amposta donde se originaron los 552 seísmos.
Así, en la fase previa a la puesta en marcha del almacén, Gessal estudió y analizó la falla hasta determinar “que no se trata de una falla en sí, sino un sistema de fallas menores malladas en horizontal y vertical”, la mayor parte de la cual, según el experto, “no es activa”. Según el testigo, Gessal determinó que las condiciones tectónicas de la zona eran idóneas para almacenar y extraer hidrocarburos, pero no fue objetivo de la empresa determinar el riesgo de seísmos.