CASTELLÓ. Los firmantes del III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias califican de "inexplicable" la situación que se está produciendo con su aplicación, al no respetarse los acuerdos alcanzados y reflejados en acta.
En un comunicado, los sindicatos UGT, CCOO y CIG denuncian que dicho convenio se firmó hace dos años y tras ser publicado en el BOE el 15 de junio de 2019 continúa sin aplicarse en el ámbito salarial por decisión del Ministerio de Hacienda a través de la Comisión Interministerial de Retribuciones (Cecir).
"La constante dilación por parte de dicha comisión para emitir el preceptivo informe, durante año y medio, ha provocado el incumplimiento de lo acordado", señalan las organizaciones sindicales, con lo que "se niega por la vía de los hechos el acuerdo pactado y se insiste en la congelación salarial del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras públicos de los puertos de titularidad estatal".
Todo esto desembocó en un encierro de los sindicatos en la sede del Organismo Público Puertos del Estado que se prolongó durante diecisiete días, hasta que el pasado 11 de febrero se alcanzó un acuerdo entre la representación social y empresarial que se plasmó en acta de la comisión paritaria extraordinaria. En ella consta, tal y como manifestó el presidente de Puertos del Estado, que “está en disposición de asumir el compromiso de dar cumplimiento al desarrollo del III Convenio Colectivo según lo acordado, en relación a la dotación de 2 millones de euros adicionales y con carácter anual durante la vigencia del Convenio. Todo lo anterior se manifiesta conforme a lo tratado con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio de Hacienda en función de los criterios determinados por dichos Departamentos para el ejercicio 2019, así como para los ejercicios inmediatamente posteriores, 2020 y 2021, incluyendo las subidas salariales establecidas en las normas presupuestarias aplicables, para lo cual traslada que se precisa de un espacio temporal de aproximadamente un mes y medio para obtener una ratificación formal”.
Una vez alcanzado el horizonte temporal solicitado por Puertos del Estado, el 24 de marzo pasado, UGT, CCOO y CIG critican que ahora Puertos del Estado ha informado de que, tras la reunión mantenida con máximos responsables del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y del Ministerio de Hacienda, que estaba "en disposición para la autorización del incremento retributivo correspondiente a la normativa presupuestaria, es decir el 2,3% del ejercicio 2020, y los adicionales de masa salarial reflejados en el acta de cierre del III Convenio Colectivo, la compleja recopilación de datos relativos al gasto de los ejercicios 2019 y 2020 de todos los organismos públicos portuarios ha generado que no se pueda disponer de la preceptiva resolución de la Cecir hasta el mes de abril".
Transcurridos dos meses y medio y acabándose todos los plazos establecidos, habiéndose dado cumplimiento a los criterios fijados, tal y como ha informado el propio Puertos del Estado a la representación social, no debería existir traba alguna para solventar un conflicto que se prolonga desde hace 11 años y medio, señalan los sindicatos.
Estos recuerdan que el II Convenio Colectivo finalizó su vigencia en 2010 y la situación actual se agrava al no respetarse los pactos alcanzados desde la firma del III Convenio Colectivo, en abril de 2019, "poniéndose en cuestión y devaluando un pilar fundamental, en las relaciones laborales, como es la negociación colectiva".
Con ello, en el sistema portuario de titularidad estatal "no se están aplicando las subidas salariales a las que se tienen derecho por la normativa presupuestaria y que están percibiendo la totalidad del resto de los empleados públicos, sobre todo teniendo en consideración que los trabajadores y trabajadoras de los organismos públicos portuarios han demostrado, sobradamente, su capacidad de sacrificio durante los años más duros de la crisis económica de 2008 (aplicando un criterio de austeridad que se ha demostrado ineficaz) y que se prolongó durante años".
"Además, el actual contexto de triple crisis (sanitaria, económica y social) no ha impedido que, otra vez, los profesionales de los puertos hayan cumplido con su deber en situaciones excepcionales, lo que ha permitido garantizar el suministro a la ciudadanía", remarcan las organizaciones sindicales.
Estas además recalcan que el sistema portuario estatal "no ha dejado de dar beneficios tanto en la grave crisis económica, desde sus inicios en el 2008, hasta la presente crisis por pandemia", que califican como "la vergüenza de la Administración del Estado, ya que están sustentados, entre otras fuentes de ingresos, del propio dinero de los trabajadores y trabajadoras que prestan el servicio público, a los que se les ha sometido a todo tipo de recortes, tanto sociales como económicos, entre otros, una rebaja salarial del 5% continuada con las consecutivas congelaciones salariales".