Los derechos humanos del día a día

Cuando preguntamos qué son los derechos humanos, la respuesta más extendida puede ser el derecho a la vida, el derecho de reunión o manifestación o la educación (este último si no se lo preguntamos a una insigne presidenta de comunidad autónoma). Sin embargo, cuando extendemos el concepto de derecho humano a derechos como la asistencia sanitaria, un salario mínimo interprofesional que garantice una vida digna o el derecho a una vivienda, hordas de neoliberales de estómago agradecido salen en tropel para decir que esos derechos cuestan mucho dinero, que no es en absoluto sostenible mantener un Estado del bienestar donde una persona con cáncer pueda tratarse con las mejores terapias independientemente de su capacidad económica, donde pueda acceder a una vivienda digna, o tenga a su disposición determinadas prestaciones que puedan paliar sus dificultades económicas. Todo esto, y más, que la mayoría de las personas entienden como servicios públicos son, en definitiva, derechos humanos que debieran estar garantizados y protegidos como un valioso tesoro, pues la dignidad de la persona no es más que eso, un tesoro.

A esas hordas de neoliberales, y a otros cuyo rumbo ideológico les ha llevado a nadar en el fango maloliente de tiempos oscuros, habría que preguntarles si estiman que los otros derechos, por poner un ejemplo el derecho a la tutela judicial efectiva, carecen de un coste económico, o ¿acaso los juzgados y tribunales se mantienen del aire?; retomo aquí las preguntas que lanza mi admirado profesor Luis Jimena cuando rebate los argumentos sobre el coste económico inasumible de los derechos sociales: ¿acaso organizar elecciones no resulta oneroso para las arcas estatales, autonómicas o locales?

No seamos hipócritas, todos sabemos que la garantía de los derechos sociales es, única y exclusivamente, una cuestión de voluntad política, sin más; o se construye un Estado social fuerte y se vela por la justicia social, o se toleran discriminaciones y situaciones que vulneran no solo la ética sino también nuestro ordenamiento jurídico, amparándose en el “no hay dinero para todos”.

Y sí, he dicho que la falta de garantía de los derechos sociales vulnera nuestro ordenamiento jurídico; posiblemente los más sorprendidos por esta afirmación sean los que piensan que en su amada Constitución tan solo existe un artículo, el 2, pero no, hay vida más allá de la indisoluble unidad de España. Por favor, cojan ese ejemplar de la Constitución española del cual no han pasado del Título Preliminar y vayan hasta el artículo 96 párrafo 1º y lean en voz alta: “Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional”.

Nuestro sistema constitucional de derechos sociales es débil, pues la mayoría de los derechos que se proclaman en el capítulo tercero del Título Primero, los que todos conocemos por derechos sociales, se quedaron en principios rectores y necesitan de una ley para su desarrollo, ergo de la voluntad política. Sin embargo, cuando España salió de la oscura cueva el franquismo, tuvo un ataque de frenesí ratificador y comenzó a adherirse y ratificar convenios y tratados en materia de derechos humanos, entre ellos la Carta Social Europea, de la que ahora celebramos su 60 aniversario. España ratificó en 1980 la que se conoce como Constitución social de Europa y en ella quedaban proclamados derechos como el de un salario mínimo que garantizara una vida digna, el derecho a la asistencia sanitaria o el derecho de igualdad retributiva. 

Si bien, la relación de España con este tratado ha sido más bien difícil, pues su cumplimiento no ha sido muy ejemplar, amparándose los distintos ejecutivos en ese manido argumento mercantilista de la falta de dinero y del coste de esos “servicios”, incluso afirmando que sus disposiciones no eran vinculantes, pese a que la Carta Social Europea garantizara, y garantice en la actualidad, los derechos humanos del día a día y sea un tratado incorporado a nuestro ordenamiento jurídico a través del artículo 96 de la Constitución.

No es mi intención arrastrar al lector de esta columna al bosque insondable de lo jurídico, pero sí que me gustaría que, cuando acabara con su lectura (la cual le agradezco enormemente), pudiera rebatir los argumentos de aquellos que afirman que los derechos sociales no son derechos humanos. La Carta Social Europea, como he dicho antes, es la Constitución social de Europa, la que en los peores momentos de la anterior crisis económica dio cobijo a muchos grupos vulnerables, la que denunció que la dignidad de la persona no es un objeto con el cual mercadear, la que se plantó ante la Troika y ante su estandarte de austeridad.

La Carta Social Europea reconoce y garantiza nuestros derechos humanos, aquellos que nos afectan a diario, al ir al centro de salud, a nuestro trabajo o a solicitar una ayuda a los servicios sociales municipales, es el paraguas que protege nuestra dignidad como personas. Ese paraguas, a lo largo de 60 años, se ha mantenido fuerte pese a sus negacionistas y a los que la han vapuleado a golpe de argumentos maniqueos como el coste de su aplicación. El respeto y garantía de la Carta no debería pues depender de la voluntad política, sino del convencimiento de que hay que cumplir con las normas establecidas en nuestro ordenamiento jurídico; pero, desgraciadamente, en nuestro país, por ejemplo, el tener un buen Estado social depende de esa voluntad, o sensibilidad política, en relación con los derechos humanos.

Es más, a nivel autonómico, desde 2015, no es lo mismo vivir en la Comunidad valenciana que en la Comunidad madrileña y ello pese a que la Carta Social Europea está publicada en el BOE, por lo que no se puede aducir su desconocimiento; en la Comunidad valenciana sus políticas sociales están basadas en ese texto del Consejo de Europea, y en la Comunidad de Madrid parece que les pilla lejos.   

Para terminar, pasados 60 años la Carta Social Europea sigue viva, sigue evolucionando con las necesidades sociales y sigue dándonos lecciones de respeto de la dignidad de la persona. Y el deseo que pediría sería el que pasen otros 60 años más, que se refuerce el Estado social y que la justicia social sea el arma que portemos para luchar contra las desigualdades. ¡Por 60 años más de derechos humanos de nuestro día a día!

Daría Terrádez es directora general de Relaciones con la UE de la Generalitat