Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. Como cada año desde 2015, el Partido Popular de la Comunitat Valenciana presentó este año su enmienda a la totalidad a los Presupuestos de la Generalitat de 2023 que había elaborado el Gobierno del Botànic. Un veto para devolver las cuentas al Ejecutivo con la intención de que fuesen rehechas que, como era de esperar, no logró salir adelante.
Los populares, aún así, parece que no renunciaron a su empeño de que las cuentas cambiaran de arriba abajo y, por eso, presentaron nada más y nada menos que 1.747 enmiendas parciales al proyecto de ley. Una suerte de segunda enmienda a la totalidad para demostrar que no estaban de acuerdo con casi ningún artículo del proyecto del tripartito, pero entre los que se ha colado más de un gazapo: varias propuestas repetidas (la 901, 897 ó 1.041, entre muchas otras), enmiendas en blanco e, incluso, modificaciones que en suma piden restar a determinados proyectos más presupuesto del que realmente tendrán el año que viene.
El área de Educación es, principalmente, la que ha agrupado más reparos de los populares. En ella, con tan solo 5 enmiendas, piden quitar 338 millones de euros al Pla Edificant, el programa estrella del Botànic para acabar con los barracones que para el próximo ejercicio tiene presupuestados un total de 302 millones de euros.
Así, en una de las enmiendas, restan 15 millones de la financiación de estructuras educativas para destinarlo a comedores escolares; quitar 9 millones de euros al plan para destinarlo a transporte escolar en enseñanza secundaria; en otra reclaman restar 40 millones de euros más de Edificant para aumentar la dotación de comedores escolares de nuevo; otra propone, directamente, quitar 217,8 millones de euros al Plan, lo que supondría eliminar la totalidad del presupuesto para la construcción de escuelas de Educación Primaria; y la última resta 84,2 millones de euros de los fondos para construir institutos de Educación Secundaria, también el 100% de lo presupuestado.
En estas dos últimas enmiendas, el PPCV propone restar esta financiación de la delegación de competencias a los ayuntamientos y propone que se destine a la reforma y equipamiento de centros. Pero el cambio resulta significativo en tanto en cuanto supondría dejar sin fondos a consistorios que ahora mismo ya se encuentran en pleno proceso de construcción de centros, por lo que impediría que tuvieran la financiación necesaria para finiquitarlos. Entre ellos, huelga resaltar, quedarían afectados también ayuntamientos gobernados por el PP. Sin ir más lejos, este curso, Pilar de la Horadada, Torrevieja, Biar o Ibi cuentan con colegios o institutos financiados a través de Edificant.
Entre los descuidos registrados por el grupo parlamentario también se encuentran enmiendas que hacen referencia al presupuesto de 2021. Una muestra de que el 'copy-paste' ha jugado una mala pasada: la enmienda 810 propone añadir al articulado del programa de Infraestructuras Educativas que en las principales líneas de actuación para alcanzar el objetivo e indicadores del plan se añada "un objetivo que diga publicar la relación de centros en los que se va a realizar alguna actuación con cargo a los presupuestos de 2021 dentro del Pla Edificant".
Al responsable de la enmienda en cuestión se le olvidó cambiar de año y pasar de 2021 a 2023, muestra de que las modificaciones presupuestarias se amortizan por lo menos hasta dos años después de presentarse.
No es la primera vez que este tipo de situaciones se dan en Les Corts Valencianes. De hecho, esta circunstancia ya provocó que en 2017 los funcionarios de la Cámara reclamaran a sus señorías que trataran de ser sensatos a la hora de ejercer en el legitimo derecho que tiene la oposición de fiscalizar la labor del Gobierno.
No obstante, los parlamentarios en ocasiones confunden el lógico derecho a su tarea de fiscalización con un excesivo celo a la hora de poner sobre la mesa cuestiones "a peso" sin miramientos. Es decir, primar la cantidad antes que la calidad, por ejemplo, en las preguntas presentadas. La consecuencia: entre julio de 2015 y diciembre de 2016 se registraron más de 14.000 preguntas escritas y 10.000 solicitudes de documentación al Gobierno valenciano.
Una situación que provocó quejas desde el propio Consell, que acusó al PPCV de tratar de "colapsar" al Ejecutivo, pero que también encontró por parte de funcionarios de Les Corts un ruego a la "reflexión" para evitar la saturación de los medios de la cámara. La táctica también se practicaba -y se sigue practicando a día de hoy- por los diputados para registrar Proposiciones No de Ley y así engordar su expediente.
La petición, no obstante, tampoco tuvo mucha repercusión. Al menos, no en el corto plazo, pues esto ocurrió en abril y meses después, en el Debate de Política General el PPCV presentó más de 1.017 propuestas de resolución. Una cantidad entre las que también se colaron lapsus -registrar folios en blanco fue el traspiés más repetido, además de pedir construir colegios ya construidos-, lo que volvió a demostrar que a veces se prima la labor de oposición "a peso", pero que además provocó que se cambiara el formato del Debate.
Hasta ese momento, se celebraba en dos jornadas sucesivas. Sin embargo, la cantidad de propuestas que debían registrar y trasladar a las consellerias los funcionarios del Parlamento eran tan abundantes que obligaba también a los departamentos del Gobierno a trabajar a altas horas de la madrugada. Por lo que se decidió limitarse a 12 por grupo parlamentario y separar la jornada del debate e intervención del president de la Generalitat, de la dedicada en exclusiva a las propuestas de resolución para, así también, poder estudiar con detenimiento las iniciativas.
