Los grupos de Les Corts estudian que su personal sea eventual y no laboral para evitar los despidos

VALÈNCIA. Los grupos que conforman Les Corts Valencianes estudian cómo solucionar sus problemas de regulación de personal tras el acuerdo al que llegaron para despedir a todos los trabajadores de cada formación cuando finalice la actual legislatura. Un convenio con serias dudas de legalidad y que ha generado gran polémica. Una de las opciones que actualmente está encima de la mesa es que el personal pase a ser eventual y no laboral para evitar esos despidos. 

Tal y como ya informó Valencia Plaza, PSPV, Compromís, PPCV, Ciudadanos, Unides Podem y Vox trataron de dar respuesta a las numerosas pegas que ha puesto año tras año la Sindicatura de Comptes sobre cómo gestionan los grupos las subvenciones que perciben de la Cámara para su funcionamiento (y que suponen 4 millones de euros anuales para el erario público). 

Con el compromiso de ser más transparentes a partir de 2022, los seis partidos pactaron de este manera un texto que fija que los grupos parlamentarios se constituyen al inicio de cada legislatura con un NIF y una cuenta de cotización en la Seguridad Social "vinculados específicamente a la legislatura en que se constituyen". Éstos "se darán de baja con la extinción del grupo parlamentario al finalizar la legislatura". Es decir, en cada mandato cada partido tendría un NIF nuevo como si de empresas diferentes se trataran. 

El convenio añade que cuando finalice la legislatura los contratos laborales que suscriban los grupos también "se extinguirán" y los trabajadores deberán percibir "los finiquitos o indemnizaciones que legalmente correspondan en cada caso salvo que la extinción se produzca como consecuencia de un despido que haya sido declarado judicialmente como improcedente o nulo". Un dinero que deberá extraerse de una "provisión" que cada grupo deberá hacer y que será de 12 a 20 días por año trabajado. 

Con ese acuerdo, en resumen, los partidos despedirían a todo su personal laboral (cámaras, periodistas, técnicos, asesores...) una vez convocadas las elecciones y le abonarían la correspondiente indemnización. Una vez celebrados los nuevos comicios, cada grupo contaría con un NIF nuevo con el que contratarían de nuevo al personal. Algo que la legislación laboral no permite porque podría entenderse como una sucesión de empresas y que podría provocar igualmente que Les Corts incurrieran en fraude de ley.

Ahora, las formaciones parece que tratan de enmendar ese texto. El PP, por ejemplo, defiende que se revoque directamente el acuerdo y se haga uno nuevo. Mientras, Compromís aboga por realizar uno paralelo y complementario al actual que especifique que el personal de los grupos debe ser eventual. Algo con lo que se reduciría el riesgo en los tribunales.

Revocación del acuerdo o fórmulas alternativas

Otra fórmula que ha estudiado la coalición, incluso, es que cada grupo disponga de un determinado número de funcionarios asignados para labores de asesoramiento legal a la hora de presentar proposiciones de ley, no de ley (PNL), etc. Se trataría de personal al servicio de la administración y a la Cámara no le costaría dinero. Además de ello, luego los grupos podrían contratar un número reducido de eventuales. Por ejemplo, una formación con 15 diputados tendría asignados 5 funcionarios y, aparte, 4 asesores como máximo que pasarían a llevar labores más políticas que técnicas como los discursos. Este método, sin embargo, no está demasiado extendido y conllevaría multitud de cambios legales. 

La posible solución, en todo caso, deberá ser abordada en la comisión de Gobierno interior de nuevo, la única que se celebra a puerta cerrada. El polémico acuerdo se llevó a cabo a raíz de una "comisión técnica" creada para estudiar cómo los grupos parlamentarios podían dotarse de personalidad jurídica para ser responsables de las contrataciones del personal a su cargo. El motivo fue que debido a un escrito del diputado Vicente Fernández, ex de Ciudadanos, corrió el temor entre sus señorías de tener que responder con su patrimonio ante cualquier despido que se produjera del personal al servicio del grupo parlamentario. 

Así, pactaron que el texto determinara que los grupos se constituyeran con el inicio de la legislatura con un NIF nuevo y al finalizar, se extinguieran. Algo que no ha ocurrido hasta ahora. De esa forma, atribuían a los grupos la responsabilidad de asumir con las subvenciones que perciben de la Cámara cualquier tipo de indemnización. Y después de acordar el redactado en esta comisión técnica, terminaron de cerrar el convenio en una comisión de Gobierno Interior por unanimidad. 

Esa propuesta fue elaborada, según explican fuentes conocedoras de la negociación, "vista la propuesta elaborada por el jefe del Servicio de Asuntos Económicos y el letrado de Asuntos Económicos". Motivo por el que "nadie de ningún grupo" reclamó un informe jurídico en ningún momento. No consta en ningún acta de ninguna reunión que ninguna formación se opusiera al acuerdo porque, de hecho, se aprobó por unanimidad y a la Mesa el texto llegó cerrado. 

La mitad del acuerdo no podría aplicarse

La falta de informe jurídico, sin embargo, podría ser un problema porque es una pieza clave. No en vano, existen serias dudas legales de que las formaciones puedan aplicar este acuerdo si más adelante, en la legislatura siguiente, quieren contratar al mismo personal: técnicos, cámaras, periodistas, etc. que trabajan en el grupo. Principalmente, porque una vez despedidos no podrían volver a contar con sus servicios.  

Tampoco podrían aplicar este acuerdo en lo que respecta a las indemnizaciones, pues si los partidos abonan una indemnización a los trabajadores y más tarde vuelven a contratarlos -con otro NIF-, se entendería que estarían incurriendo en un fraude de ley, dado que las indemnizaciones están exentas del pago de IRPF a la Seguridad Social y, después de esto, la misma empresa no puede volver a contratar al empleado al que ha indemnizado. 

Con todo, los partidos justifican que lo que hace este acuerdo, en realidad, es resolver "una primera parte" que afecta a cómo los grupos gestionan las subvenciones y dotarse de "personalidad jurídica" para que sean estos los que contraten. Pero reconocen que no está resuelta la continuidad de los trabajadores y esto sería un dilema. Especialmente para PPCV, Compromís y PSPV, que son los partidos que tienen garantizada su representación en Les Corts en la legislatura que viene. 

Si Podem o Ciudadanos no superan la barrera electoral del 5% en las próximas elecciones autonómicas, no ocurriría nada por haber abonado a sus trabajadores una indemnización al finalizar el mandato actual, puesto que no deberían volver a constituirse como grupos parlamentarios al inicio de la XI legislatura. Pero no ocurre lo mismo con populares, socialistas y valencianistas, que a partir de mayo de 2023 volverán a constituirse como grupos parlamentarios con NIF nuevo y tienen predisposición de mantener el equipo con el que cuentan actualmente. 

En definitiva, el acuerdo podría ser válido para partidos con bajas expectativas electorales. Pero el apartado que establece que los grupos deben extinguir los contratos que tengan suscritos e indemnizar a sus trabajadores es un callejón sin salida que impide a los técnicos actuales continuar más allá de mayo de 2023. Una coyuntura que, ahora, fuentes parlamentarias admiten que están tratando de resolver. Explican que se está trabajando actualmente en "esa segunda parte", en un acuerdo complementario, pero no se le había dado "tanta premura" porque son hechos que no se consumarán hasta que lleguen las elecciones.  

La continuidad en el PSPV, PP y Compromís

En esos casos, explican que se está pensando en no abonar las indemnizaciones ni extinguir los contratos de las personas que vayan a continuar prestando sus servicios, sino mantenerlas desde la convocatoria de elecciones hasta que se constituyan los nuevos futuros grupos. No finalizarían sus contratos -aunque el acuerdo actual obliga a extinguir esos contratos-. 

Sin embargo, resulta complejo que una vez extinguido el grupo que les ha contratado, los empleados puedan seguir con contratos en vigor y cotizando a la Seguridad Social, puesto que sin empresa empleadora es difícil que haya trabajador y surgen diferentes preguntas al respecto tales como para quién prestaría sus servicios ese trabajador o quién le pagaría el salario. 

La salida de convertirlos en eventuales, tal y como se hace en el Congreso de los Diputados, es probablemente la que menos dudas jurídicas generaría. Pero sus señorías deberán acordar si armar un nuevo texto que especifique más el anterior y revocar el acuerdo de diciembre o aprobar un convenio nuevo que lo complemente.