Como decía el profesor John Mc Carthy, padre de la inteligencia artificial, desde su cátedra en la Universidad de Standford (California), "solo hay una cosa más perjudicial que un político que olvida sus promesas electorales, y es uno que trate de cumplirlas". En España estamos de suerte, ya que son tantas las ofertas electorales que no llegan a cumplirse, y tan evidente el oportunismo de muchas de ellas, que es difícil no compartir el cinismo del Profesor californiano.
Si nos remontamos a épocas más lejanas, es de sobra conocido, pero no está de más recordar, al viejo profesor Enrique Tierno Galván (político, sociólogo y jurista), referente del PSOE y primer alcalde de Madrid (abril 1979-enero1986) elegido democráticamente durante la Transición, quien acuñó entre otras muchas sentencias y con su fina ironía: "Las promesas electorales están para no cumplirse". Él conocía muy bien cómo se elaboraban los programas electorales y como se diseñaban las promesas en campaña y así, con total descaro, lo repetía e incluso se lo echaba en cara y afeaba a su propio partido… Estos incumplimientos y falsas promesas han quedado reflejados en numerosa filmografía, solo recordar ¡Bienvenido, Mr Marshall!, de nuestro inolvidable Luis García Berlanga; El disputado voto del Sr. Cayo, basada en una novela de Miguel Delibes, y la más reciente Promesas electorales y otras mentiras, del internacionalmente conocido director Hans Jürgen Tögel.
Han pasado los años, se han alternado los partidos en el poder y Jefatura del Gobierno, y vemos como tanto, al profesor Tierno Galván como al investigador John Mc Carthy les han surgido muchísimos seguidores a lo largo de estas décadas democráticas; en especial, hoy preside el Gobierno de la Nación un alumno cum laude, Pedro Sánchez Perez -Castejón, quien ha hecho de la mentira, la falacia, el engaño y sus incumplimientos electorales en materia política, fiscal, económica, así como falta de respeto a las instituciones del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, leit motiv de su legislatura.
Ante esta anormalidad, que está dinamitando los pilares de nuestra democracia e incumpliendo el contrato explícito del poder ejecutivo para con los ciudadanos, se hace imprescindible obligar a los partidos, (portavoces y dirigentes), una vez alcanzada la gobernación, que cumplan con sus promesas electorales (en política exterior, industrial, energética, económica, fiscal, judicial, institucional, etc.) y que las inversiones, materializadas en contratos-programa a desarrollar a lo largo de toda una legislatura y anualmente plasmados en los respectivos Presupuestos Generales del Estado y Gobiernos Autonómicos, igualmente se cumplan.
Su incumplimiento debería conllevar la sanción política correspondiente. La Sociedad Civil, las Cortes Generales y las Cámaras Autonómicas deberían juzgar el grado de cumplimiento de los compromisos electorales y anualmente analizar con todo rigor y ecuanimidad el grado de ejecución presupuestaria (Administración Central y Autonomías).
Dado que ya en el año 2012, la Audiencia Provincial de Madrid dictó en un auto judicial –ante la denuncia de un colectivo ciudadano– que no se puede demandar a los partidos políticos por el incumplimiento de sus programas electorales, pues estos no son constitutivos de un contrato que obligue a las partes y, en consecuencia, se escapan al control jurisdiccional, se hace más necesario –si cabe– el concienciarnos a lo que es habitual en los países anglosajones, a saber: la mentira en política no debe salir gratis… en las urnas.
A lo largo de esta primera quincena de septiembre, las CCAA, y en nuestro caso la Dirección General de Relaciones Institucionales con el Estado, dependiente de la Presidencia de la Generalitat, y la Conselleria de Hacienda, deben negociar nuestra cuota de participación en los Presupuestos PGE del próximo año 2023 con la Administración General del Estado (AGE). Negociación que, aun siendo importantísima para nuestro devenir en 2023 y años posteriores, debería resultar, en cuanto a su cuantía, obvia y no objeto de discusión, ya que la modificación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, aprobada por la Ley Orgánica 3/2019 de 12 de marzo (BOE 13/03/2019) e incorporada a nuestro Estatuto por el Pleno de Les Corts el 9 de marzo de 2021, mandata que la Generalitat Valenciana participará en las decisiones sobre inversiones del Estado en la Comunidad Valenciana. Inversión que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución (CE), será equivalente al peso poblacional de la Comunidad Valenciana sobre el conjunto del Estado.
Veamos, no obstante, como del dicho (Ley) al hecho (Presupuestos reales) hay un gran trecho. Si analizamos –por simplificar– los Presupuestos de tan solo los dos últimos años, tenemos que en los PGE-2021 las inversiones regionalizadas de la AGE ascendían a 12.126,61 millones de euros, de los que a la Comunitat Valenciana nos asignaron 1.164,52 M€. Ello supuso el 9,60 % sobre el total nacional. Esto mismo referido al año actual 2022, las inversiones regionalizadas en los PGE-2022 ascienden a 13.072,67 M€, y a la Comunidad Valenciana nos asignaron 1.220,79 M€, lo que supone el 9,33% del total nacional. Si consideramos que nuestro peso poblacional (padrón municipal 01/1/2021) es del 10,70 % del total nacional (5.058.130 habitantes), entre ambos años se nos han asignado unos 325 Millones de euros por debajo de nuestro peso poblacional.
Siendo ello importante, no tanto por las menores cantidades de inversiones teóricas asignadas, sino por el reiterado incumplimiento de la Ley Orgánica y nuestro Estatuto de Autonomía, es más impresentable a todas luces, y denota incompetencia, ineficacia y mentira política cronificada en la Administración Central, cuando analizamos el grado de cumplimiento (incumplimiento) de las inversiones presupuestadas anualmente para la Comunitat Valenciana frente a las realmente ejecutadas.
Analizando la Ejecución Presupuestaria del año 2021 de la AGE en la Comunitat Valenciana, según datos de la Intervención General del Estado (IGE), por ejemplo, del MITMA y sus Sociedades y Empresas Públicas –como ministerio más inversor–, tenemos MITMA: previsto en presupuestos 1.107 M€, ejecutado 469 M€ (t% ejecutado s/presupuesto el 42%); ADIF: previsto en presupuestos 587,2, ejecutado 122,7 M€ (t% el 20’90%); Puertos del Estado: presupuesto 144,8, realmente ejecutado 25 M€ (t% 17%); AENA, el 44 %; Renfe Operadora el 64%, etc, etc. Resultando finalmente un grado de ejecución real de tan sólo el 34% sobre la inversión contemplada en los PGE-2021 de la AGE, en la Comunitat.
Como podemos comprobar el grado de ejecución real, de las inversiones contempladas en los PGE-2021, para la Comunidad Valenciana, -por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y sus Sociedades Públicas- tan solo alcanzaron un humillante 34%.
A nivel nacional, la ejecución presupuestaria fue igualmente decepcionante, y dice muy poco a favor de la eficacia, eficiencia y responsabilidad de la Estructura funcionarial técnico/administrativa de España y del estamento político de altos cargos del MITMA.
El gobierno de España, nación que pretende ser avanzada en la Europa de la UE, no puede alcanzar una ejecución presupuestaria de tan sólo el 65% ( que para “mayor inri” y afrenta a los valencianos, casi duplica al 34 % alcanzado en la Comunidad Valenciana). Ello merece la más absoluta descalificación, y evidencia –junto a otros parámetros como Deuda Pública: 117’7 % del PIB; Déficit Público: 1’80 % del PIB; Paro: 2.924.240 parados, sin incluir los 780.000 trabajadores acogidos a ERTES– el que ocupemos el último lugar en el ranking de los 27 países de la UE.
Por último y pretendiendo no ser ni agorero, ni pesimista, sino simplemente reflejar la realidad inversora –en este caso en infraestructuras productivas creadoras de riqueza y empleo– que el Gobierno de Pedro Sanchez se comprometió (PGE-2022) para con la Comunitat Valenciana, me permito enumerar una mínima muestra de actuaciones, que transcurridos ya nueve meses del 2022, y aunque estaban previstas acometerlas, ni siquiera se han licitado. Luego es materialmente imposible que se inicien. Presumo, más bien afirmo, que la ejecución presupuestaria de presente año 2022, en modo alguno superará el 34% que 'tuvimos el horror de alcanzar en 2021' en la Comunitat Valenciana. Ello, evidentemente, hace peligrar la materialización y financiación que nos brinda la UE a través de los fondos Next Generation.
He aquí un sucinto muestrario de actuaciones, ni siquiera licitadas a fecha (01/09/2022):
Y así, estimados y pacientes lectores, hasta unas 20 obras más, de depuración de aguas, hidráulicas y medioambientales, mejoras de regadío, portuarias y logísticas, mejora de la accesibilidad viaria y ferroviaria etc, que la Administración Central (AGE) tiene presupuestadas (PGE-2022) para la Comunitat y ni siquiera ha licitado a día de hoy.
Me pregunto, nos debemos preguntar los valencianos cómo desde el Congreso de los Diputados (y por los diputados valencianos); cómo desde Les Corts Valencianes, sede de la Soberanía popular; cómo desde la sociedad civil y empresarial valenciana; cómo el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig y Ferrer, no EXIGIMOS con determinación y firmeza al Gobierno Central las inversiones que nos corresponden por Ley Orgánica y Estatuto.
