Los letrados del Congreso consideran "muy difícil" el uso "a corto plazo" de la lenguas cooficiales

Así consta en la nota redactada por los letrados de la institución para informar sobre esta iniciativa que este miércoles tiene previsto calificar la Mesa de la Cámara, en la que el PSOE y Sumar tienen mayoría y a la que se opone el PP, que también esta representando en el órgano de gobierno.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los letrados se muestran a favor de admitir a trámite la reforma, y no ponen pegas a que, como quieren sus promotores, sea debatida en tramitación directa y en lectura única, lo que implica que sea aprobada de manera exprés en el Pleno, sin pasar por la Comisión de Reglamento, que aún no se ha constituido.

La idea de sus defensores es que la reforma quede aprobada en una sesión plenaria la próxima semana para que pueda estrenarse en el debate de investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, los días 26 y 27 de septiembre.

Pero, pese a avalar su tramitación, los letrados advierten de las dificultades que entraña una rápida aplicación de esta reforma tal y como está planteada.

Afecta a todo el funcionamiento de la Cámara

Tras recalcar que el texto "reconoce a los diputados un derecho general a utilizar sin limitaciones y en todos los ámbitos de la actividad parlamentaria las mencionadas lenguas y establece la posibilidad de su uso exclusivo, al margen del castellano", subraya que eso "resulta de muy difícil, si no imposible aplicación en sus términos, al menos de forma inmediata o a corto plazo".

"Y ello porque la reforma planteada afecta de manera integral a todos los procedimientos, así como a todos los plazos reglamentarios y, por ende, al entero funcionamiento de la Cámara", abundan los servicios jurídicos, que llegan a señalar que, "en garantía de la seguridad jurídica y del 'ius in officium'", sería necesario "replantear todos los procedimientos parlamentarios, tal y como los mismos se encuentran actualmente configurados".

Los letrados recalcan que se ha de tener en cuenta que el reconocimiento del uso exclusivo de las lenguas españolas distintas del castellano "precisa inexcusablemente", como la propia reforma dispone, de mecanismos de traducción e interpretación a la lengua común.

"Desde el mismo momento en que se permita el uso de aquéllas, será preciso asegurar, por un lado, la comprensión del debate y el objeto del mismo, y por otro, dotar de validez jurídica plena y 'erga omnes' a las iniciativas sobre las que se discute y que, eventualmente, resulten aprobadas y, más ampliamente, a todos
los documentos, cualquiera que sea su naturaleza, que hayan de ser tramitados en la Cámara", especifica la nota de los servicios jurídicos.

Principio de inmediatez

En este contexto, destacan que no puede obviarse que la actividad parlamentaria, en todos sus ámbitos, "está determinada por el principio de inmediatez, debiendo ajustarse a unos plazos tasados y generalmente breves, que difícilmente podrán cumplirse si, en relación con las iniciativas y documentos que se presentan,
ha de procederse, como paso a previo a su tramitación, a su traducción al castellano".

"La traducción sería imprescindible para su calificación, para su distribución entre los diputados y grupos parlamentarios y para su debate y eventual aprobación y para su publicación", remarcan.

También señalan que ha de tenerse en cuenta "la naturaleza reservada e incluso secreta de determinadas reuniones de los diferentes órganos parlamentarios", ya que la reforma prevé la transcripción tanto en las lengua cooficial como en castellano de las actas taquigráficas de las sesiones secretas y no publicables.

Asimismo, apuntan que la reforma afecta, "de modo directo e inmediato, al funcionamiento del Boletín Oficial de las Cortes Generales", pues prevé que éste publique las iniciativas escritas en la lengua cooficial utilizada y en castellano, al igual que el Diario de Sesiones.

Respecto a los debates, además de incidir en que debe "quedar asegurada la comprensión del discurso que se pronuncia en una lengua distinta del castellano", los letrados ponen el énfasis en el "esfuerzo logístico que ello conlleva" teniendo en cuenta el volumen de la actividad parlamentaria de Pleno y de las comisiones durante el periodo ordinario de sesiones.

Por todo ello, indican que si la reforma sale adelante, para que "no se vea alterado el normal funcionamiento de la Cámara", debería interpretarse que el reconocimiento del derecho al uso de
las lenguas cooficiales, "queda supeditado" a los términos en que
tal derecho se concrete más adelante. Concretamente, la reforma contiene una disposición transitoria que remite a un acuerdo futuro de la Mesa en el que se fijarán los "procedimientos y los medios" para ponerla en práctica.

La Mesa del Congreso tiene previsto analizar este miércoles esta nota de los letrados y previsiblemente calificará la reforma con los votos de PSOE y Sumar. El siguiente paso se dará el jueves, cuando, en su primera reunión de la XV Legislatura, la Junta de Portavoces convoque una sesión plenaria para la semana que viene destinada a aprobar este cambio en el Reglamento y que entre en vigor de inmediato.

Lo único que se retrasa es el uso de lenguas cooficiales al presentar textos escritos, pues se establece un periodo de transición de un máximo de seis meses para adaptar los servicios de la Cámara, tiempo en el que los grupos podrán registrar iniciativas en euskera o catalán, pero deberán acompañar la traducción al castellano.

Se ha pedido asesoramiento al Senado

La iniciativa no lo detalla pero el plan inicial es que se vayan contratando ya de urgencia traductores para el debate de la investidura de Feijóo, y también habría que repartir cascos para que los diputados y los servicios de taquigrafía puedan seguir los discursos en lenguas cooficiales.

Los diputados ya han utilizado auriculares en el hemiciclo para escuchar con traducción simultánea discursos de mandatarios internacionales como el que pronunció en 2009 el entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el Congreso ha pedido asesoramiento al Senado a nivel técnico sobre la forma en la que opera la Cámara Alta en la contratación de auriculares, aunque no se han producido contactos a nivel político.

A la espera de que más adelante se convoque un concurso público para asentar la nueva plantilla de traductores, estos primeros contratos podrían salir del fondo de remanentes que dispone el Congreso con los excedentes que se han ido generando año tras año con las partidas presupuestarias no ejecutadas. Según los últimos datos publicados por el Congreso, a 31 de marzo de 2022, fecha de cierre del ejercicio 2021, la cuantía de ese fondo era de 108,24 millones de euros.