Vivienda del parque público. Foto: GVAVALÈNCIA. La okupación de viviendas sigue siendo uno de los principales problemas que arrastra el parque público que gestiona la Generalitat Valenciana. Lo cierto es que en los últimos años la ya extinta Conselleria de Vivienda ha puesto en marcha varias medidas para intentar minimizar los asaltos, además de buscar una solución habitacional para aquellas familias en situación de vulnerabilidad, pero, pese a esos esfuerzos, el problema se cronifica. La dispersión territorial de los inmuebles a lo largo de toda la autonomía, sumada a la emergencia habitacional actual complican el poner fin a este tipo de casos.
Así, mientras al inicio de la legislatura se contabilizaban cerca de 1.300 viviendas con inquilinos de forma irregular de las 14.600 unidades que conforman el parque público que gestiona la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha), ahora son cerca de 1.800. Y es que solo en 2022 se detectaron 189 nuevas okupaciones, de las que 19 fueron en pisos ubicados en Castellón, 107 en Valencia y 63 Alicante. Esta cifra supone un 33% más que en 2021, lo que llevó a iniciar los correspondientes expedientes administrativos para su desalojo, siempre con el conocimiento y la participación de los servicios sociales del municipio, según consta en la memoria de gestión de la entidad pública del pasado ejercicio 2022.
Así, la entidad continuó con la política iniciada en 2015 de no tolerar nuevas entradas ilegales en viviendas sociales, ya que vulneran los derechos de las personas que están registradas en la lista de demandantes de viviendas y, además, impiden la adecuación y rehabilitación del parque inmobiliario público. Asimismo, para prevenir e intentar minimizar este tipo de casos, la EVha explica que se ha intensificado la colaboración con los servicios sociales municipales con el fin de buscar la mejor alternativa habitacional para aquellos casos de personas o familias en riesgo extremo de exclusión social.
Precisamente, la gran dificultad que se encuentra la Administración es la situación de vulnerabilidad y emergencia de muchas familias, con menores a su cargo, y a los que no puede dejar abandonados. En esas circunstancias, se activó en 2017 un programa de regularización de ocupantes sin título para la adjudicación excepcional de inmuebles, analizando caso por caso. Eso sí, en base a una serie de criterios objetivos como acreditar la situación de vulnerabilidad y tiempo de ocupación; si son familias numerosas; hijos menores, o víctimas de violencia de género.
Además, estos programas de valoración de las situaciones de emergencia, así como el desarrollo de actuaciones que garanticen la inserción social, deben ser realizados por personas graduadas en trabajo social. Dado que la EVha no cuenta con los medios personales para la realización de estos trabajos, en 2022 se puso en marcha un nuevo servicio de desarrollo de actuaciones de acompañamiento social a las unidades de convivencia con el objetivo de promover la inserción social en la adjudicación de viviendas.
Estas actuaciones se desarrollan analizando las posibles situaciones de emergencia habitacional, acompañando en la entrega de las viviendas y mediante un seguimiento de los contratos durante el primer año de vigencia. En estos caso, en 2022 se aprobó la adjudicación por regularización de 99 viviendas, de las que 73 unidades está pendiente la formalización del contrato.
En cambio, en los casos en que la okupación es reiterada o se tiene constancia de que viene derivada del tráfico ilegal de viviendas, se realiza una denuncia que, en ocasiones, supone la celebración de un juicio rápido y el desalojo inmediato. Por otro lado, existen inmuebles que, o bien han sido abandonados por los adjudicatarios, o bien, están ocupadas por personas distintas personas a los titulares del derecho.
En este sentido, durante el año 2022 se iniciaron 222 expedientes administrativos con el fin de recuperar la titularidad de las viviendas. También se tramitaron 90 renuncias por parte de los adjudicatarios. Una vez recuperada la vivienda, o bien se destina a nuevas adjudicaciones, o bien se estudia el proceso de regularización de la familia que la ocupa, siempre que cumpla los criterios de vulnerabilidad.
Paralelamente, para detectar okupaciones y evitar nuevas entradas de forma irregular, la EVha realiza inspecciones anuales con un doble objetivo. Por un lado, en las viviendas cedidas se comprueba su uso como residencia habitual y permanente por parte de los adjudicatarios y, por otro, en las viviendas recuperadas se vigila su situación mientras se realizan los trámites de reparación y adjudicación para evitar nuevos asaltos.
Así, a lo largo del pasado ejercicio de 2022 se llevaron a cabo 15.247 comprobaciones, de las que 1.068 fueron en inmuebles en Castellón; 6.131 en Valencia y 8.048 en Alicante. Además, como medida disuasoria para intentar evitar el problema, la EVha instaló 200 alarmas para reforzar aún más la vigilancia en el parque público.
