Los peligros evitables del distrito único

Un mediano observador podría llegar a hacerse una sencilla pregunta: ¿por qué, hablando de la educación, debe darse una oposición total entre lo que defiende el PP y Compromis/PSOE, sea cual sea el detalle que se juzgue? A este suspicaz ciudadano no le servirá de consuelo saber del acuerdo logrado sobre los teléfonos móviles y su uso dentro del recinto escolar. Si llamo la atención sobre esta disparidad de juicios, es porque creo que cabe alcanzar acuerdos en temas relacionados con la organización de la enseñanza, aunque se den fuertes desacuerdos en otros aspectos generales.

Si retorno a estas páginas es porque hace unos días me he pronunciado a favor del distrito único escolar. De golpe me entero que las Ampas, los sindicatos educativos y la oposición en su conjunto entienden tal medida como un desaguisado digno del Tribunal Superior de Justicia. Voy a ofrecer mi opinión y aclarar algún aspecto de lo dicho para estar de acuerdo con mi forma de pensar mantenida a lo largo de los años.

Reconocer el distrito único escolar es reconocer a cada niño o joven el derecho a matricularse en un centro cuyo proyecto educativo le resulte conocido y  deseable. A la vez, defender el distrito único es saber que nadie del entorno de un centro se vea obligado a matricularse en un centro por estar  próximo a su domicilio y vivir dentro de su área de influencia. Apostar por el distrito único equivale a crear una cierta obligación al claustro de profesores: mantener unos niveles adecuados de matrícula y, en caso contrario,  explicar a la sociedad esa fuga de alumnos. 

Así pues, apostar por el distrito único supone aceptar que la primera obligación de un centro es construir unos grupos de trabajo que integren las diferencias sociales  de modo que unos alumnos sirvan en el día a día de ayuda y estímulo para otros, que los estímulos  compartidos por algunos alumnos sean trasferidos a otros que carecen de ellos y que la disparidad de opiniones, surgidas en los salones de estar de las casas, favorezca la escucha y el diálogo a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué una oposición frontal a este principio? Todos sabemos que cabe invocar la libertad con propósitos muy diversos: para aislarse o para integrarse. Veo en el distrito único la oportunidad para colaborar desde la educación en la integración de un grupo social que siempre es complejo y atravesado por necesidades.

Consideremos situaciones dadas en el pasado y hagamos de ellas todo un símbolo de lo que debe ser evitado si queremos mejorar el sistema educativo. El gran temor es que el distrito único sirva  a una dualización de redes  como en su día destacaron varios informes del Centro Nacional de Calidad y Evaluación. Voy a referirme al pasado para evitar la discusión sobre el presente que bien merece un pausado análisis. No puede seguir produciéndose que la proporción de alumnos  que cursaban programas de diversificación curricular en el segundo ciclo de ESO sea tres veces mayor en los centros públicos que en los privados. Los hechos, los estudios y la informaciones diarias han mostrado en otros tiempos no muy lejanos que la generalidad de los centros concertados y de las autoridades que los gobiernan han tolerado y favorecido el mayor espectáculo de insolaridad; según informe del Defensor del pueblo a la altura del 2005, en el caso de los africanos, el 88,6% era acogido por escuelas públicas.

No quiero dar datos de hoy para evitar la polémica; me interesa ante todo abrir el espacio de las posibilidades. Es claro que el bien común y la calidad de la democracia no toleran las cifras de hace años, no muchos. Hay apelaciones a la libertad  de elección y al distrito único que son verdaderamente extrañas y, sobre todo, aquellas  apelaciones que  favorecen la consolidación de redes alternativas para presentar la demanda social como factor primordial  que decide la titularidad  de las plazas escolares.

Es claro que la defensa del distrito único no supone apelar a la segregación sin más para justificar mejores rendimientos escolares. La razón es clara: se hace eso sin cuestionarse los costes sociales que esa segregación ampara y la sociedad deberá enfrentarla más adelante. Y esos costes son fundamentales para la organización política de la educación. Sobre  el principio de elección de centro por parte de los padres se articuló en el pasado (¿se sigue articulando?) un dispositivo de autoselección y de crecimiento de la demanda del sistema privado de educación.

Ahora bien, no podemos desvincular este crecimiento del abandono del centro público desligándolo de la imagen que de sí mismo ha generado. Tampoco podemos olvidar el elevado coste social de quienes desean hacer crecer las organizaciones escolares sin perseguir a toda costa la integración de las diferencias que se dan en el seno de los grupos escolares. Probablemente sea el momento de reiterar el juicio de alguien que como P. Cookson ha conocido el desarrollo del principio de elección en una sociedad avanzada como es la norteamericana. Su juicio es claro: “Las soluciones de mercado a los problemas educativos no conducirán a un mundo educativo maravilloso, sino que muy posiblemente nos llevarán ante que vive un mundo educativo devastado”.

La solución de conflictos futuros pasa por integrar la libertad de los individuos e instituciones en un proceso de articulación   de las diferencias; no  pasa por usar de la libertad de centro para mantener las diferencias sociales. Este debe ser el reto que hagan suyo los profesores que viven a diario las consecuencias de una aguda contradicción entre una determinada concepción ilustrada de la formación y los efectos inducidos por otra concepción de la educación que recurre a la dualización de centros como estadio final de la solución de los problemas del sistema educativo. Esta política no la supongo amparada por quienes defendemos el distrito único  para las capitales de provincia y núcleos urbanos relevantes.